Este artículo fue traducido al español a partir de una versión en inglés. La versión en inglés aparece en la página de The Nevada Independent.

Hace tan solo un año, Cassandra Little era la Presa 47078-048 pagando una condena de 23 meses por fraude a Medicaid en una prisión federal en California.

Cuando salió libre, se encontró encarcelada de una forma diferente, excluida de un derecho que la mayoría de los estadounidenses dan por sentado.

"No hubo nada más desalentador durante el año pasado que no ser capaz de participar activamente en el proceso democrático. Yo no pude votar en la elección presidencial", dijo Little a un comité del Senado el martes por la tarde. "Me sentí como una ciudadana a medias, invisibile, no deseada, desconectada".

Son ex convictos como Little quienes esperan que los legisladores demócratas les ayuden a restaurar sus derechos civiles, ampliando su capacidad de registrarse para votar y servir como jurado. El Presidente de la Asamblea, Jason Frierson, y el Líder de la Mayoría del Senado Aaron Ford, presentaron el martes dos proyectos de ley a los Comités de Correccionales de la Asamblea, Libertad Condicional, y Judicial del Senado que facilitaría a los ex convictos restaurar sus derechos civiles al terminar su condena.

Sin embargo, los dos líderes legislativos Afroamericanos tomaron enfoques muy diferentes en su testimonio, aunque Frierson restando importancia al enfoque del tema racial en la legislación y Ford lidereándolo.

Bajo la ley actual, los ex convictos que han sido condenados por delitos de bajo nivel, como la falsificación o la posesión de ciertos medicamentos, pueden restablecer su derecho al voto inmediatamente al salir de la prisión o después de recibir una llamada "salida honorable" de libertad condicional o vigilada, lo que significa que aprobaron las pruebas de drogas, cumplieron el toque de queda, pagaron cualquier compensación necesaria y cumplieron todas las demás condiciones de su libertad condicional o vigilada.

Uno de los proyectos de ley, AB181, permite a todos los ex convictos de bajo nivel recuperar sus derechos, independientemente de la forma en que fueron liberados. Esto incluye la restauración del derecho al voto y el derecho a servir como jurado en un juicio civil de inmediato, el derecho a ejercer sus funciones después de cuatro años y el derecho a servir como jurado en un juicio penal después de seis años.

Los defensores de la reforma de la justicia penal argumentan que alguien puede ser dado de baja por violaciones técnicas, tales como no tener suficiente dinero para pagar la restitución o no cumplir con el toque de queda una vez, a pesar de que están tratando de poner su vida en orden. Frierson dijo durante la audiencia que restaurar los derechos a los ex convictos les permitirá una mejor transición de vuelta a la sociedad, lo que conlleva a una disminución de la reincidencia.

"Creo que esto dará lugar a la gente realmente acoja y aprecie las libertades que perdieron y han vuelto a ganar", dijo Frierson.

Los ex convictos liberados el 1 de octubre de 2017, que antes no recibían restauración de sus derechos para servir en jurados civiles, también recibirán la restauración de sus derechos por la legislación.

El proyecto de ley también permite a cualquier persona que haya sido condenada por un delito grave dos o más veces, que sus derechos electorales sean restaurados inmediatamente después de haber cumplido con su libertad condicional, o puestos en libertad de la prisión, y para las personas condenadas por los delitos de más alto nivel — incluyendo la violación y el asesinato — reciban restauración de su derecho al voto después de dos años. Según la legislación vigente, todas esas personas hubieran tenido que solicitar a un tribunal la restauración de sus derechos civiles, un proceso que un abogado llamó "kafkiano".

"Es una tarea de enormes proporciones", dijo el abogado penal Robert Langford. "Es casi imposible para una persona sin un título de abogado entender lo que debe suceder".

Un proyecto de ley similar, SB125, permitiría a los criminales de bajo nivel en libertad condicional para que sus derechos civiles — incluyendo la votación y servir como jurado en las acciones civiles o penales — sean restaurados después de un año de libertad condicional, o al finalizar su período de libertad condicional, lo que ocurra primero. También acorta el período de espera para que las personas condenadas por ciertos delitos, bajo petición ante la corte sellen sus registros relacionados con el delito.

Las personas de color tradicionalmente están representados de manera excesiva en el sistema de justicia criminal, lo que significa que el asunto de la reforma de la justicia penal a menudo se enmarca como una cuestión de justicia racial. Sin embargo, Ford y Frierson abordaron el tema de manera muy diferente durante las audiencias.

Frierson no mencionó la raza hasta su discurso de clausura - y aún así, fue solo para señalar que él cree que la conversación no se debe centrar en la raza.

"Usted puede notar que no aparezca la raza porque no se trata de razas", dijo Frierson. "De las 90,000 personas afectadas que se consideran privadas de sus derechos, menos de un tercio de ellas son Afroamericanos. Este no es un proyecto de ley de origen Afroamericano".

Ford, por su parte, dijo que sentía la obligación de mencionar la raza, lo que "considera que es un elefante en la habitación.”
"Creo que tengo la obligación, francamente, como un hombre Afroamericano, de hablar de la verdad al poder sobre los problemas que afectan a mi comunidad", dijo Ford.

El Senador Republicano Don Gustavson se molestó con la mención de la raza.

"La raza nunca entró en mi mente al leer este proyecto de ley. Fue leído, como debería haber sido leído — con una mente abierta ", dijo Gustavson. "Desafortunadamente el Senador Ford durante su discurso de apertura lo convirtió en una cuestión racial".

Los legisladores escépticos de la legislación cayeron en un amplio espectro, desde los que apoyan sin reservas la restauración de los derechos de los delincuentes de bajo nivel pero se preocupan por hacerlo con los criminales más endurecidos del estado, hasta los que creen que ningún delincuente debe recibir una restauración de derechos.

"Ellos son violadores, asesinos, serios ofensores violentos,” dijo el Asambleísta Republicano Ira Hansen acerca de los delincuentes de alto nivel del estado. "Se me hace muy difícil creer lo que los ciudadanos de Nevada están diciendo, “espero que esas personas recuperen su derecho al voto'".

En lugar de permitir que todos los que son liberados de manera deshonrosa voten de "una forma general de esa índole", el Asambleísta Republicano Jim Wheeler sugirió que los legisladores podrían establecer un panel para evaluar cada caso en una base individual. Ante eso, Frierson respondió que estaba "proponiendo hacerlo de tal manera porque esto afecta a 90,000 residentes de Nevada.”

El Líder de la Minoría Republicana Michael Roberson, por su parte, se dirigió a Twitter antes y después de la audiencia, no sólo para argumentar en contra de la legislación propuesta, sino preguntar si los criminales deben ser capaces de votar, según lo permitido por la ley estatal.

"Los criminales no deberían poder votar. No está en tela de juicio", tuiteó Roberson antes de la audiencia.

"Esto se ha convertido en la sesión de los delincuentes. Todo para ayudar al criminal. ¿Quién va a cuidar de las víctimas de Nevada que son respetuosas de la ley?", escribió poco después de que terminara la audiencia.

Pero no todos los republicanos estaban dispuestos a trazar una línea tan dura en la arena. La Senadora Republicana Becky Harris dijo que está "muy a favor de la restauración de los derechos", y señaló que ha ayudado a personas a restaurar sus derechos. El Líder de la Asamblea Republicana Paul Anderson dijo en una entrevista que él está a favor o "al menos viendo esta política y facilitar un poco la recuperación de su derecho al voto".

La pregunta sigue para saber si el Gobernador Brian Sandoval aprobaría las propuestas de ley. En el 2011, vetó una legislación similar, AB301, que daría derecho al voto automáticamente tras la finalización de cualquier condena a prisión o libertad condicional por un delito grave. En su mensaje de veto, el gobernador señaló que el proyecto de ley no alteraba la restauración de los derechos para servir como jurado o tener un cargo público, lo que solo ocurre después de un cierto tiempo.

"Al igual que estos derechos, el derecho al voto es un privilegio que no debe ser ligeramente restaurado a los pocos individuos que cometen los crímenes más graves en nuestra sociedad", escribió Sandoval.

Fue vago en su declaración el martes cuando se le preguntó qué pensaba sobre la legislación propuesta.

"Justicia, el sistema de justicia, esas son las cosas que yo he dicho al Portavoz y que espero con interés trabajar con él," dijo Sandoval.

Pero Frierson dijo durante la audiencia que él cree que el proyecto de ley aborda las cuestiones planteadas por el gobernador en su mensaje de veto por la ampliación del período de tiempo que los delincuentes de delitos más graves deben esperar antes de restaurar sus derechos de voto.

"Creo que el Proyecto de Ley 181 trata y aborda el veto del gobernador y el mensaje del gobernador", dijo Frierson. "Fue diseñado para asegurarse de que si vamos a enviar otro proyecto de ley al escritorio del gobernador, vamos a enviarlo abordando sus preocupaciones expuestas y yo creo que este lo hace".