Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Aún con una extensión federal hasta fin de año para moratorias de desalojo residencial, más de un tercio de quienes rentan en Nevada, correrán el riesgo de perder sus viviendas a finales del año calendario. 

Lo anterior, debido a una lenta recuperación económica y un estancamiento en los programas de apoyo para el alquiler, según nuevos cálculos.

El Proyecto de Defensa Contra el Desalojo COVID-19 y el Instituto Aspen publicaron un informe en agosto donde se muestra que 181,966 hogares de Nevada, o 418,523 personas, quedarán vulnerables a desalojos para finales de diciembre.

Eso equivale a un aumento con respecto a un reporte anterior donde se calculó que de 118,000 a 142,000 hogares podrían tener dificultades para pagar la renta en septiembre. Las consecuencias de eso se evitaron en gran medida por moratorias de desalojo estatales y nacionales que brindaron protección hasta fin de año.

Esas cifras indican un grave riesgo de desalojos que los líderes estatales están tratando de evitar, en parte a través de programas de apoyo federales para el pago de renta que se deben agotar antes de fin de año.

Pero solo se ha pagado cerca del 10 por ciento de los $70 millones de dólares que se asignaron inicialmente para el apoyo del alquiler por parte del estado y del Condado Clark, a pesar de que los programas empezaron hace meses y Nevada aún registra casi un récord en niveles de desempleo.

Con poca evidencia de apoyo financiero adicional del gobierno federal a corto plazo, Nancy Brune, directora del Guinn Center for Policy Priorities, un organismo no partidista, dijo que esto hace que el peor escenario de desalojo sea mucho más probable.

“En algún momento [la moratoria] se va a levantar y debido a que nuestra economía aún se está recuperando lentamente, veremos ese aumento en los desalojos simplemente porque tenemos … algunas personas están esperando más asistencia federal”, dijo Brune. "No parece que eso vaya a llegar pronto".

El Centro Guinn señaló que los desalojos se darían en tres fases: Primero, cuando las moratorias se eliminen gradualmente, luego cuando se venzan los beneficios de desempleo mejorados federalmente, y después, cuando los inquilinos se queden sin ahorros y crédito. 

La investigación del centro también ha destacado la probabilidad de que la crisis de desalojos se acentúe entre las comunidades de color, además de que quienes ya están recibiendo salarios más bajos, resientan aun más los efectos economicos. 

El subdirector del Condado Clark, Kevin Schiller, dijo que, según todas las proyecciones, la crisis estará lejos de terminar a fin de año, cuando se deba gastar la ayuda, y los fondos actuales para el pago de renta podrían ayudar a entre 15,000 y 20,000 hogares; apenas una fracción de los considerados en riesgo.

Apoyo para la renta

Si bien los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales extendieron la moratoria de desalojo hasta el final del año calendario — más allá de la moratoria estatal que terminará el 14 de octubre — el programa estatal de apoyo para la renta continúa aportando fondos a cuentagotas.

El Tesorero Estatal Zach Conine, cuya oficina está involucrada en la gestión de los programas, comentó que espera que las autoridades de vivienda adopten un proceso más rápido.

“No es porque no haya necesidad. Es porque el proceso es demasiado difícil”, dijo Conine. "Cuanto más complejidad agreguemos, más caída tendremos".

El estado está trabajando para que los propietarios de varias unidades puedan enviar solicitudes en grupo con la cooperación de los inquilinos para que las agencias pudieran cubrir los montos en un solo pago.

Otra crítica al programa es que está ayudando a los inquilinos a ponerse al día temporalmente con el alquiler vencido, pero no da una solución a largo plazo.

Conine dijo que todavía cree que el estado podrá distribuir todos los apoyos antes de la fecha límite, pero ha pedido más tiempo para cumplir con los requisitos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).

“Una de las peticiones más recurrentes ... ha sido para una flexibilidad adicional, que incluye tener un poco más de tiempo para gastar el dinero”, dijo.