Esta nota fue traducida al español y editada para brevedad a partir de una versión en inglés.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU) acusó al Centro de Detención del Condado Clark (CCDC) de no proveer dispositivos de comunicación adecuados e intérpretes calificados para los internos sordos durante audiencias, evaluaciones médicas, y programas carcelarios.

En una queja ante el Departamento de Justicia de los EE. UU. a principios de este mes, la ACLU solicitó al dicho organismo que investigara las presuntas violaciones a los derechos de los internos sordos en función de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

La queja plantea que la cárcel ha fallado rutinariamente en brindar servicios básicos, incluyendo intérpretes de lenguaje de señas, y videoteléfonos y ayudas visuales; transgresiones que, según el documento, han afectado negativamente la salud y rehabilitación de los internos sordos.

“Decir que el CCDC ha violado la ADA es quedarnos cortos. En repetidas ocasiones falló en otorgar a nuestros clientes un intérprete calificado durante interacciones cruciales con el personal de la cárcel”, señaló en una carta al Departamento de Justicia Christopher Peterson, abogado principal de la ACLU.

“Ha fallado en ofrecer servicios de interpretación durante clases y los servicios religiosos … y no ha proporcionado intérpretes durante etapas fundamentales como el proceso de audiencia y presentaciones informativas esenciales sobre la actual crisis de salud pública de COVID-19”, continuó Peterson.

La queja se centra en las experiencias de dos hombres sordos encarcelados en el centro de detención en los dos años recientes, incluyendo un hombre al que se le disuadió de asistir a servicios de programas y religiosos en la cárcel después de no poder participar adecuadamente porque no tenía la ayuda de un intérprete. La ACLU representa a ambos internos.

“… Si no tienes estos [servicios], entonces simplemente estás sufriendo”, dijo Peterson. “Estás básicamente rodeado de gente, mientras que al mismo tiempo tienes la misma experiencia de estar en una isla desierta”.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, que opera el centro de detención, no respondió a una solicitud de comentarios.

La ADA se promulgó en 1990 como una ley de "igualdad de oportunidades" para las personas con discapacidad, prohíbe la discriminación y garantiza que esa población tenga las mismas oportunidades que los demás, incluso en actividades y espacios operados por gobiernos estatales y locales.

Incluso, un hombre representado por la ACLU recibió un diagnóstico erróneo del personal psiquiátrico del CCDC, que luego fue corregido con la ayuda de un profesional médico asignado por la Oficina del Defensor Público del Condado Clark que fue asistido por un intérprete calificado.

“No depende de la persona sorda solicitar un intérprete”, dijo Peterson. “Depende de la institución otorgarlos sin pedirlos. Cuando la institución reconoce que la persona es sorda, tiene que prestar los servicios”.

Trato desigual

Según la queja, una característica clave aún pendiente en el CCDC es la falta de acceso a dispositivos eficaces de comunicación.

El centro de detención permite que las personas sordas hagan llamadas telefónicas usando un teletipo (TTY), pero Peterson aclaró que el dispositivo de décadas de antigüedad es una herramienta de comunicación ineficaz.

La queja también indicó que las alarmas de la cárcel, incluyendo los avisos contra incendios, no tienen señales táctiles o visuales correspondientes para los internos sordos, y Peterson agregó que la información importante sobre COVID-19 no se compartió con ellos a través de un intérprete.

Entre los cambios que recomienda la ACLU se incluyen actualizar el dispositivo Teletypewriter a videoteléfonos; ofrecer servicios de interpretación durante el proceso de registro de ingreso a la cárcel, consultas médicas, presentaciones informativas, y otras interacciones con el personal; y modificar alarmas y señales de audio para garantizar que estén acompañadas de señales visuales y/o táctiles.

“Lo que estábamos observando nos llevó a creer que realmente necesitábamos dar un paso para buscar que se asumiera esta responsabilidad”, agregó Peterson. “Estamos buscando un cambio a largo plazo, para asegurarnos de que la cárcel cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la ley federal”.