Esta nota fue traducida al español y editada para brevedad a partir de una versión en inglés.

El Distrito Escolar del Condado Clark violó la ley federal de discapacidad educativa al no brindar servicios que hubieran satisfecho adecuadamente las necesidades de una estudiante con dislexia, dictaminó un juez federal de Nevada a principios de octubre.

El juez Richard Boulware anotó que el distrito escolar no respondió a las necesidades específicas de la alumna e ignoró las recomendaciones profesionales; pidiéndole a sus padres que simplemente confiaran en que el distrito iba a brindar los servicios adecuados.

Boulware dictaminó que las acciones del distrito "sustancial y procesalmente" violaron la ley federal de educación para personas con discapacidades, conocida como IDEA.

La estudiante, identificada como "O.R." en documentos judiciales, es hija del empresario y consultor político Republicano Sig Rogich y su esposa, Lori, una abogada de Las Vegas.

Si bien la decisión del juez da derecho a que los Rogich reciban reembolso de transporte y matrícula por $456,990 dólares para escuelas privadas y otros servicios relacionados, la familia considera que la decisión en sí misma es una victoria debido a las implicaciones que podría tener para otros estudiantes del Condado Clark.

El caso se remonta a mayo de 2016, cuando Sig y Lori Rogich presentaron una queja ante el distrito escolar “desafiando la validez” de un programa de educación individual que fue elaborado para su hija dos años antes. Los IEP, como se conoce a los planes educativos, detallan los servicios y adaptaciones para los alumnos elegibles según la ley IDEA.

Los Rogich argumentaron que el IEP no tomó en cuenta las necesidades singulares de su hija porque el distrito se negó a incluir una intervención de aprendizaje conocida como Orton-Gillingham, un método para enseñar a los estudiantes con dislexia; un desafío de aprendizaje que implica una dificultad con el conocimiento fonético, ortografía y rápida respuesta visual-verbal.

“El Distrito falló en proveer una respuesta a las necesidades específicas de O.R., excepto para decirles esencialmente a los padres: Confíen en nosotros para brindarle lo que necesita”, escribió Boulware en su orden. "Esto no es suficiente".

El distrito escolar "todavía está revisando sus opciones", dijo un portavoz vía correo electrónico.

Sig Rogich afirmó que la decisión del juez podría ser "transformadora" si obliga al distrito escolar a proporcionar ciertos servicios. Su hija, ahora de 19 años, es estudiante de primer año en la Universidad de Utah.

Los defensores de la comunidad de educación especial elogiaron el fallo como un paso positivo, especialmente porque destaca los métodos de instrucción especializados necesarios para estudiantes con dislexia.

Linda Avendano, tutora privada con sede en Las Vegas que ayuda a niños con dislexia, tiene una lista de espera hasta 2022, lo que, según dijo, habla de la necesidad de estos servicios especializados.

Avendano enfatizó que la decisión de la corte podría tener un efecto dominó al empoderar a más padres para exigir servicios escolares apropiados para sus hijos. Anteriormente ella trabajó como maestra en el Distrito Escolar del Condado Clark.

“Esta es una voz y lo lograron”, dijo, refiriéndose a la familia Rogich. "Pero necesitamos muchas, muchas voces que se hagan escuchar y digan que necesitamos estas adaptaciones".