Esta nota fue traducida al español y editada para brevedad a partir de una versión en inglés.

Nevada se convirtió en el primer estado en imponer un cargo adicional mensual de $55 dólares para los trabajadores estatales que no han recibido una vacuna COVID-19. Lo anterior se dio a conocer este jueves luego de la aprobación del Programa de Beneficios para Empleados Públicos del Estado (PEBP).

La nueva medida requiere que todos los trabajadores estatales y dependientes que no cuenten con prueba legítima de vacunación, o una exención religiosa o de salud antes del 1 de julio de 2022, paguen una prima mensual de $55, incluyendo $175 por dependiente mayor de 18 años con cobertura del plan de salud.

Laura Rich, directora ejecutiva del PEBP, vinculó la póliza con el hecho de que los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) para las pruebas COVID se agotan el 17 de diciembre; lo que deja a Nevada en busca de una fuente alternativa de fondos para cubrir un promedio de $2,700 por semana para las pruebas de COVID.

DuAne Young, director de políticas de la oficina del Gobernador Steve Sisolak, dijo que quienes se niegan a recibir una vacuna deben asumir la carga del costo continuo de las pruebas semanales.

"Es simple. No es un castigo, no es una represalia", dijo Young. “Tenemos que encontrar una salida a esto y la manera es vacunarse y si usted no está vacunado, hágase la prueba y tenga una manera de entender que se le cobrará un cargo adicional para cubrir esa prueba a un costo más económico de que el estado tome recursos del cuidado infantil, vivienda, seguridad alimentaria para pagar esas pruebas”.

El Departamento del Trabajo publicó recientemente una nueva guía que confirma la legalidad de los recargos relacionados con COVID, agregó.

Todos los miembros de la Junta de PEBP, excepto Tom Verducci y Jim Barnes, votaron a favor de la medida.

Las opiniones

Durante el período de comentarios públicos, algunos nevadenses expresaron su preocupación con respecto al cargo adicional para los trabajadores estatales no vacunados, mientras que otros testificaron en postura neutral a pesar de decir que generalmente apoyaban el aumento de las tasas de vacunación de refuerzo.

Rosalie García se opuso a la propuesta y citó preocupaciones acerca de que los cargos extra sean discriminatorios y se dirijan solo a ciertos miembros del PEBP.

Priscilla Maloney, representante del capítulo de Nevada para jubilados de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), testificó en forma neutral pero dijo que dicha organización internacional ha “apoyado que todos los estadounidenses se vacunen lo antes posible desde el comienzo ... de la pandemia".

La decisión

Algunos factores que podrían justificar ajustes en el futuro incluyen la legalidad de los mandatos federales y estatales para las pruebas, que están siendo impugnados en los tribunales; cuántos empleados seguirán necesitando pruebas semanales, especialmente con el trabajo remoto; cambios en las tasas de vacunación; y cuántos empleados no vacunados del Sistema de Educación Superior de Nevada serán despedidos después de la fecha límite del 31 de diciembre para recibir la vacuna COVID.

Verducci dijo que le preocupaban los cargos extra desde la perspectiva de la gestión de riesgos, responsabilidad, y consecuencias no intencionadas.

“Algunos empleados se han visto muy afectados al no tener aumentos [salariales] durante varios años”, dijo. “Pienso en alguien en Lovelock trabajando para el Departamento de Correccionales pagando $800 al mes en un tráiler con tres niños. Me cuesta entender eso, de verdad”.