Tres empleados de Vivint en Nevada, una de las mayores empresas de seguridad para el hogar en el país, demandaron a esa compañía por tráfico laboral, señalando que fueron obligados a trasladarse a otra ciudad, que se les negaron salarios justos y que se les amenazó con la deportación.

La demanda, que aún está en curso, se interpuso en septiembre en la corte de Distrito del Condado Clark a nombre del ciudadano mexicano Christian Giles-Gomez, quien argumentó que un empleado de Vivint lo reclutó bajo falsas pretensiones para trabajar como representante de ventas de casa en casa.

La queja sostiene que a Giles-Gomez se le prometió un salario por hora, pago de horas extras y vivienda asequible a través de un programa federal de trabajadores extranjeros temporales H-2B, pero que la empresa falsificó información sobre las condiciones laborales para obtener visas ​​e inventó "deudas" para que los empleados extranjeros tuvieran que depender de esa compañía. 

Poco después de confrontar a su supervisor por la falta de una compensación adecuada, a Giles-Gomez se le negaron asignaciones, se le amenazó con que perdería su vivienda, y se le dijo que estaría sujeto a la deportación, según la denuncia.

En julio de 2025, fue despedido y desalojado de la vivienda bajo control de la empresa, quedando prácticamente sin hogar. Se vio obligado a cargar sus pertenencias a pie, lo que resultó en que colapsara por agotamiento y deshidratación, indica la demanda.

Giles-Gomez terminó regresando a México con ayuda de un tercero.

En febrero, sus abogados procedieron a agregar a otros dos demandantes — Julio Alvarez y Zavale Virgo — señalando que Vivint los contrató a través del mismo programa de visas. A ambos se les despidió después por supuestamente no alcanzar las metas de ventas de la empresa y se quedaron con escasos recursos para regresar a sus países de origen.

Giles-Gomez, Alvarez y Virgo reclaman una indemnización por salarios perdidos, gastos personales y "dolor físico, sufrimiento y humillación", entre otros. Travelodge y Pacifica Henderson Suites, donde supuestamente se alojaron los demandantes, también figuran en la denuncia.

Vivint aún tiene que presentar una respuesta legal. La empresa matriz de Vivint, NRG Energy — que también figura en la demanda — declaró en un comunicado que no hace comentarios sobre litigios, pero que están "seguros de que nuestros empleados reciben un trato justo. Esperamos presentar una defensa enérgica".

En un comunicado enviado  a The Nevada Independent el jueves después de la publicación de este artículo, la empresa indicó que refuta enérgicamente "las acusaciones falsas e incendiarias formuladas en esta demanda" y acusó a Giles-Gomez de conducta personal inapropiada (aunque la compañía no ha presentado la acusación en ningún documento judicial).

"Después de su despido por abandono de empleo, su estatus laboral fue actualizado ante las autoridades gubernamentales como requiere la ley", señaló la empresa. "El Sr. Giles-Gómez recibió un trato justo y conforme a las leyes laborales y de inmigración".

¿Qué es una visa H2-B?

Vivint ha patrocinado visas de trabajadores temporales durante mucho tiempo.

En su sitio de internet, la empresa anuncia su programa de visas H-2B como "un boleto para una nueva vida" y dice que es una oportunidad para "obtener unos ingresos que cambiarán la vida", destacando que los empleados pueden ganar hasta $40,000 dólares al mes.

El programa permite a trabajadores permanecer en los EE.UU. hasta tres años para completar labores temporales no agrícolas, aunque la mayoría se queda por menos tiempo. En 2024, casi 17,000 trabajadores participaron en el programa H2-B en todo el país.

Si se les despide, a los extranjeros autorizados para trabajar en los EE. UU. generalmente se les conceden 60 días de gracia para regularizar su situación o encontrar un nuevo patrocinador antes de ser deportables.

La demanda contra Vivint es una muestra de los retos más amplios que enfrentan los programas de visas de trabajo, especialmente cuando el Presidente Donald Trump impulsa la expansión de algunos programas a la par de sus acciones contra la inmigración.

Algunos expertos en políticas públicas y defensores de derechos laborales consideran que los programas de visas de trabajo temporal, especialmente las H-2B y H-2A para empleados agrícolas temporales, se prestan a infracciones laborales. 

La estructura actual del programa no impide que empleadores con antecedentes de infracciones laborales o de salarios y horarios contraten personal a través del programa H-2B.

Vivint ha enfrentado varias demandas relacionadas con acoso racial. En 2023, la empresa también llegó a un acuerdo en una demanda colectiva por no compensar adecuadamente a los trabajadores.

Daniel Costa, director de investigación sobre derecho y políticas migratorias en el Instituto de Política Económica, señaló que uno de los principales problemas del programa de visas H-2B es el temor de los trabajadores a represalias por quejarse de las condiciones laborales. 

Costa agregó que uno de los principales problemas del programa de visas H-2B es la falta de supervisión hacia reclutadores extranjeros, que suelen cobrar tarifas ilegales a los trabajadores.

Tácticas de presión

Los demandantes también denunciaron una cultura corporativa de fuerte presión en Vivint. 

La demanda indica que, en cuanto aterrizó en Las Vegas, Giles-Gomez fue enviado a trabajar inmediatamente, sin darle tiempo de bañarse y registrarse en un alojamiento.

Meses después, Giles-Gomez fue reubicado en Elko junto con otros trabajadores con visa H-2B para vender sistemas de seguridad para el hogar. Los demandantes dicen que se vieron obligados a pagar altos precios por alquileres, a pesar de que se les había prometido vivienda gratuita o asequible.

También señalaron que sus ingresos se utilizaron para cubrir los gastos de hospedaje junto con otros cargos de su empleador. La demanda indica que era obligatorio alojarse en una vivienda controlada por el empleador.

Una grabación de audio compartida con The Nevada Independent presenta al supervisor de Giles-Gomez, Samuel Stratford, diciendo que, si sus comisiones no superan su salario, entonces "hay una deuda".

Otra grabación de audio presentó a varios empleados con visa H2-B confrontando a Stratford por violar una orden de trabajo federal que estipula que a los trabajadores con visa H2-B se les debería pagar $20.29 por hora. 

Los empleados en la grabación también dijeron que la orden de trabajo incluía una condición que prohibía el traslado fuera del área definida (en este caso, Las Vegas).

"Pedimos que esto se haga correctamente", dijo Giles-Gomez en la grabación. "Simplemente pedimos que se nos pague lo que aparecía en la orden de trabajo".

Según la demanda, Virgo fue desalojado de una vivienda administrada por su empleador y apenas tenía ingresos. La demanda también indica que, poco después de su despido, Virgo se puso en contacto con la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas para pedir ayuda.

La demanda aún está pendiente. La audiencia para incluir a Alvarez y Virgo está programada para el 21 de abril, mientras que la audiencia de mediación entre Giles-Gomez y Vivint será el 30 de abril.