Si bien muchos aspectos de este caso no son poco frecuentes — como la forma del arresto — el inusual video y el testimonio de la hija resaltan las condiciones que pueden vivir detenidos de ICE en un panorama político cada vez más tenso.

El acuerdo se basa en esfuerzos previos del Gobernador Joe Lombardo para distanciar a Nevada de la etiqueta de “estado santuario”.

La representación de estudiantes internacionales sigue siendo sólida en UNR y UNLV, mientras que universidades de todo el país se preocupan por una baja en inscripciones de estudiantes internacionales.

El Gobernador Joe Lombardo vetó un proyecto de ley que habría bloqueado la actividad de ICE en las escuelas, aunque la superintendente del Condado Clark dice que ella tiene garantías de que actividad de ese tipo no llegará a planteles.

En su punto máximo este año fiscal, el centro había excedido su capacidad de ICE por más de 200 con 462, convirtiéndolo en uno de los 10 recintos de inmigración con más sobrepoblación de los 180 centros de ICE en el país.

Aunque ningún sitio en Nevada se identifica como “jurisdicción santuario”, ataques contra el Fiscal General Aaron Ford centrados en inmigración resaltan falta de claridad por dicha designación y la opinión cambiante sobre los roles del estado en la aplicación de la ley migratoria a través de los más de 10 años que Ford lleva como funcionario electo.

La designación ha hecho que los colegios de Nevada sean elegibles para subsidios exclusivos para instituciones que brindan servicio a hispanos, como una subvención para el Colegio del Sur de Nevada destinada a ayudar a los alumnos a tener éxito en matemáticas universitarias.

La cronología de 10 páginas, compartida en exclusiva con The Nevada Independent, revela acciones no reportadas previamente de la administración de Lombardo para tomar medidas enérgicas contra personas que se encuentran en el estado ilegalmente.

El Departamento de Justicia impuso condiciones a la financiación de la Ley de Víctimas de Delitos, que proporciona más de $1 billón de dólares anuales a los estados para programas de compensación a las víctimas.

El Presidente Donald Trump emitió una orden la semana pasada para excluir de la Oficina del Censo de EE. UU. a inmigrantes que están ilegalmente en los EE.UU. Expertos dicen que eso podría afectar la distribución de la ayuda federal a Nevada.

En la demanda, ACLU dijo que el DMV no había entregado correspondencia entre la agencia y ICE en respuesta a múltiples solicitudes de registros públicos desde febrero de 2025.

No está claro si la Oficina del Gobernador para Nuevos Estadounidense es la razón de esa categoría. La oficina del Gobernador Joe Lombardo se ha opuesto a la designación de santuario.

Los comentarios de la superintendente surgen en medio de reportes de que algunos padres inmigrantes temen enviar a sus hijos de regreso a la escuela o deciden dejarlos en casa por temor a autoridades migratorias.

Tal despliegue de tropas — cuyas responsabilidades incluyen respuesta a desastres naturales o ayuda con misiones en el extranjero — requeriría la aprobación del Gobernador Republicano Joe Lombardo y representaría una expansión drástica en su uso previo. La autorización no garantiza la participación de un estado.

Un comunicado de la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, quien forma parte del Caucus de Viajes y Turismo del Senado, dice que “los bonos de viaje causarán un daño significativo a la ya debilitada economía de viajes y turismo de Nevada y de todo el país”.

La designación podría tener consecuencias significativas en Nevada, que cuenta con una de las mayores tasas de personas indocumentadas del país.

Broadacres Marketplace se preparó para la reapertura este fin de semana con apoyo de expertos legales, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles de Nevada, y otros grupos para hacer del mercado un lugar "más seguro, más fuerte y más informado".

Hasta finales de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos había detenido a cerca de 48 personas por semana en Nevada, más de cuatro veces el promedio semanal en los últimos 16 meses de la administración del Presidente Joe Biden.

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas tendrán acceso a los datos personales de las 79 millones de personas inscritas en Medicaid, incluyendo direcciones y etnia, para localizar a inmigrantes que vivan en los EE.UU. sin permiso legal.

Una coalición de 21 fiscales generales estatales Demócratas — incluyendo de Nevada — interpuso una demanda este lunes cuestionando las restricciones de la administración Trump a servicios sociales para inmigrantes que están en el país sin autorización.