En septiembre, la administración del Presidente Joe Biden extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi medio millón de migrantes que recién llegaron a los EE.UU. procedentes de Venezuela.

En la práctica, dichos inmigrantes son legalmente elegibles para obtener permisos de trabajo. Pero la extensión del TPS no logró abordar los retos para una población mucho mayor: inmigrantes indocumentados.

El Instituto de Política Migratoria, un grupo de expertos no partidistas, estima que hay casi 170,000 inmigrantes indocumentados en Nevada.

“Si tienes un talento especial, o un hijo, una esposa, un esposo o padres ciudadanos estadounidenses, hay muy poco que puedes hacer para cambiar tu estatus", dijo la abogada de inmigración en Las Vegas, Kathia Quiros.

Los permisos de trabajo, o EADs, son distintos a las visas. Demuestran que alguien está autorizado para trabajar porque no tiene residencia permanente, como una “green card”.

Los grupos elegibles incluyen asilados, personas en libertad condicional, refugiados, aquellos con estatus TPS o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cónyuges de ciertos titulares de visas, no inmigrantes con visas de estudiantes o aquellos con solicitudes pendientes de asilo o residencia permanente, y generalmente no requieren el patrocinio de un empleador.

La falta de permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados ha frustrado durante mucho tiempo tanto a activistas pro inmigración como a grupos empresariales, particularmente en industrias que experimentan una escasez de mano de obra después de la pandemia.

Esas inquietudes se expresaron a mediados de noviembre en un evento en Washington, D.C., abogando para que Biden use su autoridad ejecutiva para ampliar el acceso a permisos de trabajo a una mayor parte de la población indocumentada en el país, incluidos aquellos que, como la mayoría de los nevadenses, han vivido en Estados Unidos durante años.

"Sería un beneficio increíble tanto para las personas como para las familias de Nevada y probablemente para la economía si la gente pudiera trabajar legalmente", afirmó Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV. “Porque la gente está trabajando y nadie debería pretender lo contrario”.

Aunque los defensores de la inmigración han presentado propuestas, es probable que cualquier nueva acción ejecutiva más allá del TPS sea impugnada en los tribunales. Aun así, líderes empresariales, inmigrantes y políticos están instando a la administración a trabajar más al respecto.

“Por supuesto que el gobierno puede hacer eso”, dijo en entrevista la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto acerca de propuestas para ofrecer permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados, y agregó que ha presionado al presidente y a varios secretarios del gabinete sobre el tema. “Tienen la autoridad administrativa para hacer eso. En lugar de esperar a que el Congreso actúe, pueden actuar ahora”.

Opciones sobre la mesa

La Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial (ABIC), que representa a más de 1,200 compañías que abogan por una reforma migratoria, está presionando al gobierno de Biden para que adopte una expansión más amplia del TPS y la emisión de permisos de trabajo para indocumentados.

Si no se toman medidas, los líderes empresariales temen que la actual escasez de trabajadores paralice las economías locales.

Kagan agregó que la vía para otorgar autorización de trabajo a varias categorías de indocumentados sería muy similar a DACA.

"La autorización de empleo y la presencia ilegal son en realidad distintas", añadió Kagan. "Así que se podría tener un programa más limitado que simplemente no cambiará el estatus migratorio de las personas en absoluto, sino que simplemente les dará autorización para tener un empleo".

Si bien es legalmente posible, Kagan duda que tal orden se produzca. De manera realista, consideró que la gente dudaría en registrarse para obtener un permiso de trabajo sin la promesa de una estancia legal. Y también hay consideraciones políticas que se deben tomar en cuenta.

Quiros estuvo de acuerdo en que es poco probable que Biden tome medidas inmediatas — particularmente ahora que DACA enfrenta un desafío legal.

Cuando se le preguntó, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que dicha agencia ha incluido la expansión del TPS, la divulgación a las personas en libertad condicional acerca de la elegibilidad para trabajar y la ampliación de los esfuerzos para procesar solicitudes.

En mayo, Cortez Masto encabezó un grupo de cinco senadores que enviaron una carta al DHS pidiendo que simplifique una de las únicas vías legales que tienen los no ciudadanos a largo plazo para acceder a permisos de trabajo.

Quiros advirtió que la continua falta de acción gubernamental podría dañar la economía de Nevada, que depende de la mano de obra inmigrante.

Kagan añadió que la Clínica de Inmigración de UNLV representa a los recién llegados, quienes a menudo tienen “historias desgarradoras y necesidades muy apremiantes”. Pero la población indocumentada en Nevada es mucho mayor.

"Se trata principalmente de personas que tienen una residencia de años, que tienen hijos que han crecido aquí, que han estado viviendo aquí, esencialmente esperando una reforma migratoria, literalmente durante décadas", dijo Kagan.