La semana pasada el Gobernador Joe Lombardo vetó el proyecto de ley SB419, que buscaba brindar cobertura médica financiada por el estado a embarazadas sin seguro que no reúnen los requisitos para Medicaid, independientemente de su estatus migratorio. 

La iniciativa, también conocida como Acta de Oportunidades, Planificación y Expansión de la Salud de Nevada (HOPE Act), habría asignado $1.7 millones de dólares durante el próximo bienio para brindar cobertura prenatal, de parto y nacimiento bajo el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), que brinda cobertura médica a bajo costo a quienes no son elegibles para Medicaid.

En el mensaje de veto del proyecto de ley, el gobernador explicó que, en esta sesión legislativa, hubo varias iniciativas que tenían como objetivo expandir Medicaid, pero que ninguna incluía fondos para cubrir los costos administrativos de la División de Financiamiento y Políticas de Atención Médica para implementarlas.

“Debido a la cantidad de proyectos aprobados actualmente asignados a DHCP junto con la rotación de personal y las vacantes dentro de la División, no hay recursos suficientes para implementar este nuevo servicio este bienio”, indicó el mensaje de veto de Lombardo. “Ya que este proyecto de ley se sumaría a un personal que ya está sobrecargado de trabajo, no lo puedo apoyar”.

El patrocinador del proyecto, el Senador estatal Demócrata Fabián Doñate, inicialmente propuso expandir la cobertura de Medicaid a todos los indocumentados en Nevada, agregando potencialmente a decenas de miles de personas a las listas de Medicaid del estado, pero la SB419 se redujo a través del proceso legislativo a solo asignar fondos para ampliar la atención médica. 

Según un informe reciente de Kaiser Family Foundation, varios estados han dado el paso para brindar atención prenatal a mujeres independientemente de su estatus migratorio al extender la cobertura de CHIP a bebés que están por nacer. También hay un número creciente de estados que han ampliado la cobertura totalmente financiada por el estado a ciertas personas de bajos recursos, independientemente de su estatus migratorio. 

A nivel federal, el Congreso propuso una legislación que ampliaría la elegibilidad de la cobertura de salud para los inmigrantes indocumentados, pero no hay un camino conciso para su aprobación. 

Durante una de las primeras audiencias del proyecto de ley, una presentación que realizó la Asociación de Hospitales de Nevada mostró que los 19 hospitales más grandes del estado reciben cerca de $1.26 mil millones de dólares en servicios no reembolsables cada año por concepto de pacientes que no pueden pagar sus gastos médicos, incluidos los que tienen Medicaid y Medicare, y los que carecen de seguro, tienen seguro insuficiente, o que son indocumentados. 

“Aunque nuestros esfuerzos se han quedado cortos en la Oficina del Gobernador, la aprobación del Acta HOPE de Nevada fue una campaña bipartidista histórica que colocó a las familias migrantes trabajadoras al frente de nuestra realidad política”, dijo Doñate en una declaración el sábado. “Durante años, a familias como la mía se les ha negado el acceso a los servicios de salud simplemente debido al estatus migratorio y de ciudadanía, y hoy, hemos avanzado más que nunca para lograr la solución ante esa injusticia”.