Esta noticia fue editada para brevedad a partir de su versión original en inglés.

Nevada acordó pagar $250,000 dólares para resolver una demanda que un hombre planeaba interponer luego de que no se le practicó una colonoscopia recomendada mientras estuvo encarcelado y de haber sido diagnosticado posteriormente con cáncer de colon en etapa IV. 

A principios de julio, la Junta de Examinadores del estado, que integran el gobernador, el fiscal general y el secretario del estado, aprobó el acuerdo por unanimidad.

Esta es al menos la 12ª. vez en los últimos tres años que Nevada acepta un acuerdo con una persona encarcelada anteriormente o con su familia. Esos convenios le han costado al estado más de $16 millones de dólares.

El hombre, Alfred Lajes, reportó sangre en sus heces fecales en mayo de 2021 mientras estaba encarcelado en el Northern Nevada Correctional Center, según un reclamo por daños presentado ante la Junta de Examinadores en junio. Se le aprobó recibir atención de un gastroenterólogo, pero la cita no ocurrió sino hasta 10 meses después.

En marzo de 2022, el gastroenterólogo recomendó que a Lajes se le practicara una colonoscopia. El procedimiento nunca se completó "por razones desconocidas", según la recomendación de la Oficina del Fiscal General de Nevada.

Después de que salió en libertad, Lajes recibió una colonoscopia a través del Oncology Institute. Los médicos encontraron una masa de 25 centímetros en su colon y posteriormente fue diagnosticado con cáncer de colon en Etapa 4, según el documento estatal.

La oficina del fiscal general señaló que las acusaciones fueron confirmadas mediante reportes médicos y sugirió resolver el reclamo antes de que se presentara una demanda.

La recomendación indica que, si procede la batalla legal, los abogados de Lajes argumentarían que la demora entre la colonoscopia recomendada y su diagnóstico equivalió a una indiferencia deliberada, un estándar legal utilizado en reclamos por atención médica inadecuada para pacientes encarcelados.

El acuerdo establece una liberación total y definitiva de futuros reclamos. El estado pagará $250,000 en total, con $249,500 provenientes del Fondo de Reclamos por Daños del estado y $500 aportados por el Departamento de Correccionales de Nevada (NDOC). Un abogado que representa a Lajes no respondió a una solicitud de comentarios.

La Junta de Examinadores también aprobó una solicitud separada del NDOC para una designación de escasez grave de personal que abarca varios puestos.

La designación permite que el NDOC contrate a ciertos empleados públicos jubilados para cubrir puestos que han sido considerados difíciles de ocupar, dándole a esa agencia otra opción para atender vacantes que, en algunos casos, han estado abiertas durante años.

En su solicitud, el NDOC señaló que estaba batallando para cubrir puestos en todas sus instalaciones, incluyendo oficiales correccionales, médicos, psiquiatras y consejeros. Agregó que la falta de personal estaba generando más horas extra, lo que estaba elevando los riesgos de seguridad.

El NDOC informó que las vacantes de oficiales y consejeros correccionales han existido por hasta seis años, y que los puestos disponibles para psiquiatras en cargos directivos han persistido por hasta siete años.

El departamento atribuyó los retos a un grupo limitado de solicitantes calificados, empleadores que pagan salarios más altos, exigencias de trabajar en un entorno correccional y problemas de vivienda en áreas rurales.

Este reporte fue traducido del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.