WASHINGTON (AP) — Una coalición de 21 fiscales generales estatales Demócratas — incluyendo Nevada — interpuso una demanda este lunes cuestionando las restricciones del gobierno del Presidente Donald Trump a los servicios sociales para inmigrantes que están en el país sin autorización, incluidos el programa federal de preescolar Head Start, que provee terapia del desarrollo, cuidado infantil y preescolar para familias sin hogar o de bajos recursos.

Datos federales muestran que el año pasado en Nevada, más de 3,200 niños fueron inscritos en programas Head Start, que recibieron casi $34 millones de dólares en fondos. 

Head Start no ha solicitado con anterioridad a los beneficiarios que verifiquen su estatus migratorio, aunque en 2024 cerca de un tercio de los alumnos inscritos en Nevada Head Start fueron clasificados como “estudiantes que aprenden en dos idiomas”. Los datos no proporcionan información adicional acerca de su idioma ni sus antecedentes.

Head Start no ha solicitado anteriormente a los participantes que verifiquen su estatus migratorio.

Aunque los beneficios públicos individuales, como estampillas de comida y ayuda financiera para la universidad, han estado fuera del alcance de quienes viven en el país sin tener estatus legal, las nuevas reglas del gobierno limitarán su acceso a programas de nivel comunitario que reciben dinero federal.

La administración Trump también ha señalado que planea restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a clínicas de salud comunitarias, programas de ayuda contra el abuso de sustancias y ciertos programas de educación para adultos.

La oficina del Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda encabezada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, argumenta que el gobierno no siguió el proceso de elaboración de normas ni proporcionó el aviso requerido sobre las condiciones impuestas a los fondos federales. También sostiene que los cambios crearán un daño significativo.

"Estos programas funcionan porque son abiertos, accesibles y están fundamentados en la compasión", manifestó James en un comunicado. "Este es un ataque infundado a algunos de los programas públicos más eficaces e inclusivos de nuestro país, y no permitiremos que se mantenga".

Los cambios en las reglas rescindieron una interpretación de las leyes federales sobre el acceso de los inmigrantes a los servicios, la cual se remonta a la época del gobierno del presidente Bill Clinton. Las restricciones fueron anunciadas conjuntamente este mes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Justicia.

La implementación de verificaciones a la documentación de inmigración impondría una carga significativa a los programas y, en algunos casos, sería poco realista, denuncia la demanda. El trabajo adicional probablemente afectaría los servicios proporcionados por estos programas a ciudadanos de Estados Unidos, que a menudo provienen de entornos de bajos ingresos y dependen de esos servicios para la salud y la educación, agrega la demanda.

Algunos proveedores de Head Start indicaron que no tienen el personal ni los recursos para comenzar a implementar dicho control.

"Es probable que para algunos programas los costos de cumplimiento sean tan altos que lleven al cierre de los programas", expresa la demanda. "Muchos programas de Head Start son entidades pequeñas que operan con márgenes muy reducidos, y es probable que cierren si enfrentan una carga administrativa significativa".

Las reporteras de The Nevada Independent Isabella Aldrete y Rocío Hernández contribuyeron a esta noticia.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.