Durante años, los progresistas de Nevada han presionado para ampliar protecciones, como limitar la colaboración policial con las autoridades federales y mejorar la privacidad de los datos para la comunidad inmigrante en el estado.

Ahora, durante la más reciente sesión extraordinaria, se lograron algunas de las reformas migratorias más notables del estado a la fecha mediante un mecanismo inesperado: el proyecto de ley contra el delito del Gobernador Republicano Joe Lombardo. Esto es un avance sorprendente dado el historial de Lombardo de oponerse a la ampliación de protecciones a inmigrantes.

Tras la reforma del proyecto de ley contra el delito por parte de los Demócratas, la nueva ley limitará la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE son sus siglas en inglés) para actuar en planteles escolares. También exigirá al Departamento Correccional de Nevada (NDOC son sus siglas en inglés) que cree un localizador de detenidos para todas las personas encarceladas, incluidas aquellas que esperan ser recluidas por el ICE. Otra enmienda, añadida a un proyecto de ley de seguridad en zonas escolares, limitará la capacidad de las escuelas para compartir información personal de los estudiantes.

El proyecto de ley contra el delito fue aprobado en la Asamblea de Nevada con 31 votos a favor y 11 en contra y en el Senado con 16-2, con Demócratas en oposición en ambas cámaras.

Es un momento único para que se aprueben protecciones migratorias en Nevada, un estado políticamente morado que tiene una de las mayores poblaciones indocumentadas en todo el país y que está experimentando un aumento en arrestos del ICE. En septiembre, Lombardo firmó un acuerdo con la administración Trump para seguir la agenda de inmigración del Presidente, describiendo varias medidas que el Gobernador ha tomado para acabar con la inmigración no autorizada desde 2023.

Como parte de ese acuerdo, Lombardo se comprometió a “contrarrestar” cualquier acción que el fiscal general del estado y la Legislatura puedan tomar para promulgar “políticas santuario ilegales”.

Pero los conservadores y progresistas se opusieron a la idea de que la nueva ley penal correría el riesgo de que el gobierno federal volviera a aplicar la etiqueta de santuario, diciendo que las protecciones no son estrictamente para los inmigrantes. En una declaración en X, la oficina de Lombardo anotó que la nueva ley penal “permitirá que las fuerzas del orden hagan lo que deban hacer para mantener nuestras escuelas seguras” y dijo que las protecciones a la privacidad se alinean con la ley federal.

“La AB4 no es una política santuario ilegal. De hecho, refuerza las leyes contra el robo, la violencia doméstica y la conducción bajo la influencia del alcohol — delitos alimentados por la epidemia de adicciones que los cárteles han infligido a nuestro país”, Lombardo escribió en X poco antes de firmar el proyecto de ley.  

Elaboración del proyecto de ley contra el delito

Muchas de las nuevas protecciones migratorias aprobadas en la sesión extraordinaria ya eran leyes federales. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia impide que las escuelas divulguen los registros de los estudiantes excepto en circunstancias limitadas y, hasta que el Presidente Donald Trump rescindió la política a principios de este año, las actividades de control migratorio estuvieron prohibidas en lugares controversiales, como escuelas e iglesias.

En 2017, los distritos escolares de Nevada, como Clark y Washoe, también aprobaron resoluciones que prometían proteger a los alumnos de las autoridades de inmigración que los persiguen a ellos o a su información.

El nuevo lenguaje sobre las protecciones escolares es notablemente diferente a las propuestas anteriores. Durante la sesión de 2025, la Asambleísta Cecelia Gonzalez (Demócrata por Las Vegas) presentó una medida para limitar la actividad del ICE en planteles escolares. Ese proyecto de ley habría prohibido explícitamente la aplicación de las leyes de inmigración en los campus, excepto cuando las autoridades tuvieran una orden judicial legal, mientras que el nuevo lenguaje del proyecto de ley sobre delincuencia no hace mención de las leyes de inmigración.

Lombardo vetó la medida de Gonzalez, calificándola de “fundamentalmente amplia” y que de hecho transformaría “los planteles escolares en zonas santuario en todo momento”.

Por el contrario, el nuevo lenguaje define que un distrito escolar o una escuela pública no debe otorgarle a un agente del orden público que lleve a cabo funciones oficiales permiso para acceder a las instalaciones de la escuela a menos que tenga una orden legal o existan circunstancias específicas, como una investigación criminal.

En noviembre, Lombardo expuso en X que el proyecto de ley contra el delito “ahora se ajusta a las prácticas constitucionales” y que no viola el acuerdo de inmigración del estado con la administración Trump.

Se necesitan más acciones

La Asambleísta Selena Torres-Fossett (Demócrata por Las Vegas), defensora desde hace mucho tiempo de la ampliación de protecciones migratorias, explicó que en su desempeño como maestra ha visto cómo el ICE se ha convertido en un generador de estrés para las familias. Destacó que conoce al menos a una familia que tomó la decisión de autodeportarse. Torres-Fossett ha presentado legislación en el pasado para evitar las colaboraciones de la policía con el ICE, pero las medidas fueron bloqueadas.

Los progresistas argumentan que todavía se necesita más protección, especialmente porque esperan que la aplicación de las leyes migratorias se intensifique bajo la administración Trump.

“Al final, cuando voy a las casas, una de las quejas que recibo de mis electores es que los Demócratas no están haciendo lo suficiente para apoyar a las comunidades inmigrantes”, expresó Torres-Fossett. “Sé que aún queda trabajo por hacer”.