Durante más de 15 años, Karla Wagner ha estudiado formas de reducir las muertes por sobredosis de drogas.

Wagner, profesora titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nevada, Reno (UNR) dice que su trabajo es especialmente significativo en Nevada, uno de cinco estados en la nación donde la tasa de muerte por sobredosis de drogas aumentó entre 2023 y 2024, incluso cuando la tasa finalmente bajó a nivel nacional.

Pero debido a que la administración del Presidente Donald Trump — y el Departamento de Eficiencia Gubernamental a cargo del magnate Elon Musk — anunciaron recortes importantes al presupuesto de subvenciones de investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) estudios como los que realiza Wagner podrían estar en riesgo de terminar. 

“Hemos avanzado mucho en los últimos 10 años en la lucha contra muertes por sobredosis y sabemos mucho más que antes”, afirmó Wagner, quien ha recibido financiación continua de los NIH y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) desde 2008 para realizar su investigación. “Tenemos pruebas mucho más sólidas que antes. Si eso se detiene, habrá vidas en peligro”.

El 7 de febrero, los NIH anunciaron que limitarían al 15 por ciento la tasa que gastaría en los llamados costos indirectos de las subvenciones para investigación, lo que equivaldría a recortar miles de millones de dólares para la investigación biomédica y de salud pública.

Los líderes de la agencia defendieron la política pública argumentando que las nuevas tarifas garantizarían que las subvenciones se destinen directamente a la investigación en lugar de a costos generales.

En respuesta a los recortes, 22 fiscales generales Demócratas, incluido Aaron Ford, de Nevada, demandaron a los NIH la semana pasada y exitosamente se les otorgó una orden temporal que frena la implementación de la política.

Según la demanda, hoy en día las universidades de Nevada reciben anualmente casi $120 millones en fondos de investigación de los NIH para estudios, desde el cáncer de esófago hasta la enfermedad de Alzheimer y trastornos del sueño. 

La demanda sostiene que fijar la tasa de costos indirectos en 15 por ciento (la tasa de la Universidad de Nevada, Las Vegas [UNLV] es del 51 por ciento y la de UNR del 47 por ciento) significa que esas instituciones perderían en forma acumulativa casi $7 millones en fondos, comprometiendo la nómina, mantenimiento de las instalaciones y capacidad de respaldar ensayos clínicos.

La semana pasada el Presidente de UNR y Exgobernador Republicano de Nevada, Brian Sandoval, indicó en una carta pública a los docentes que prosigan con su trabajo en la investigación patrocinada con subvenciones federales. 

Wagner dice que, sin una financiación federal continua, se detendrá el impulso de la investigación sobre sobredosis de opioides en Nevada.

“Soy una de las pocas personas en Nevada que realiza este tipo de investigación”, explicó Wagner. “Por lo tanto, si esta infraestructura de investigación desaparece, los responsables de las políticas de Nevada y los encargados de los programas de Nevada se quedan sin una evidencia generada localmente para fundamentar su toma de decisiones”.

El laboratorio de Wagner

En 2015 los estudios de Wagner respaldaron en Nevada la aprobación del Acta del Buen Samaritano contra Sobredosis de Drogas, que hizo que el medicamento naloxona para revertir la intoxicación por consumo de opioides fuera más accesible.

Actualmente, Wagner es beneficiaria de tres subvenciones federales — por un total de más de $1.1 millones, y emplea a cuatro estudiantes, dos de tiempo completo y seis de medio tiempo, todos financiados por los NIH.

Si el recorte de subvenciones procede, Wagner solo recibirá $117,000 por costos indirectos.

En 2018 UNR y UNLV lograron una distinción importante que les permite obtener oportunidades trascendentes de financiación federal y atraer a los mejores profesores. Pero Wagner teme que el progreso que ha obtenido UNR desde que alcanzó ese estatus de élite se pueda perder si persisten los recortes.

“La capacidad de ser tan productivos y cumplir con esos parámetros se debe a que hemos construido la infraestructura”, advirtió Wagner. “Y si tuviéramos que despedir gente, perderíamos todo ese conocimiento institucional”.

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