Los conductores y contribuyentes de Nevada están afectados por una provisión inusual del código penal de nuestro estado: las infracciones de tránsito menores se consideran delitos graves en lugar de delitos civiles. Eso significa que son castigados con órdenes de arresto y penas de cárcel.

Con miles de detenidos en cárceles locales cada año por estos delitos menores – por lo general durante unos días – aumentan innecesariamente los costos para los contribuyentes y se corre el riesgo de arruinar la vida de las personas por una simple infracción de tráfico. Las investigaciones muestran que las familias hispanas están entre las más directamente afectadas.

Es el momento de arreglar este sistema irracional y dañino.

En la mayoría de los Estados Unidos, los delitos menores de tráfico – incluyendo violaciones como exceso de velocidad o conducir con una luz trasera rota – se consideran delitos civiles.

Nevada es uno de los 13 estados que tratan estos delitos como crímenes. Eso significa que una simple multa por exceso de velocidad o la falta de señalización de un cambio de carril puede conducir en última instancia a un arresto y tiempo en la cárcel. 

En el Condado Clark, un individuo arrestado por una infracción de tráfico permanece en la cárcel por un promedio de tres días. Ese encarcelamiento cuesta a los contribuyentes cerca de $400 dólares cada vez que ocurre. Puede que eso no parezca mucho, pero el costo total asciende a millones de dólares cada año.

Quienes no pueden pagar la multa (y por consiguiente evitar tiempo en la cárcel) a menudo también se encuentran sin trabajo. Eso puede llevar a pérdida de vivienda, familias rotas y más. De acuerdo con una investigación en curso en la Universidad de Nevada, Las Vegas, (UNLV), los más afectados son, como era de esperarse, conductores hispanos y afroamericanos, que residen en áreas de bajos ingresos.

La Asambleísta Demócrata Rochelle Nguyen ha presentado el proyecto de ley AB116, que reformaría la ley para tratar esas infracciones de tráfico menores como delitos civiles en lugar de actos criminales. Para quienes no pueden pagar las multas asociadas con sus delitos, el resultado ya no sería una orden de arresto y tiempo en la cárcel.

Quitar del proceso un arresto y estancia en la cárcel para muchos miles de habitantes estatales, ayudaría a las personas a permanecer en sus trabajos, lo que les permitiría seguir ganándose la vida, ser capaces de pagar su alquiler, hipoteca o matrícula, y garantizaría que puedan pagar en su totalidad la multa de tráfico estipulada.

El año pasado, la Corte Penal de Las Vegas suspendió la ejecución de las infracciones de tráfico pendientes en el Condado Clark – unas 270,000 de ellas – debido a la pandemia de coronavirus. Ese número equivale a más del 10 por ciento de la población del condado.

Si nuestras leyes pueden ser reformadas de una manera que mejoren la recaudación, reduzcan los costos y mantengan a la gente fuera de prisión, esto debería ser una prioridad.

El proyecto de ley AB116 ofrece ese tipo de reforma. Los legisladores de ambos partidos deberían apoyar su aprobación con prontitud a través de la Asamblea estatal y el Senado, y el Gobernador Steve Sisolak debería firmar dicha ley.

Eddie Diaz es el Director de Alcance Comunitario de la Iniciativa LIBRE-Nevada, la cual trabaja con la comunidad hispana para promover los principios de libertad económica que llevan a las personas a la prosperidad.