La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada (ACLU) y la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) interpusieron una demanda colectiva federal para impugnar la nueva política de detención obligatoria implementada bajo la administración Trump.

Presentada el martes ante la Corte de Distrito de Nevada, la demanda impugna una nueva política que implementó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de este año, la cual requiere que cualquier persona que enfrente deportación permanezca en detención obligatoria prácticamente sin la oportunidad de una audiencia para libertad bajo fianza mientras avanza su caso de inmigración, aunque no tenga antecedentes penales o haya vivido en los EE.UU. durante décadas.

En julio, ICE revirtió una antigua política que permitía que jueces de inmigración determinaran si la detención era necesaria para proteger al público o garantizar la comparecencia de las personas en futuros procedimientos de inmigración. 

Más de cien jueces federales se han pronunciado en contra del cambio de política desde que se implementó. También se han presentado demandas colectivas similares en otros estados.

La demanda nombra como acusadas a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la Fiscal General de los EE.UU., Pam Bondi. Otros acusados ​​incluyen a John Mattos, director del Centro de Detención del Sur de Nevada.

La demanda fue presentada a nombre de dos inmigrantes, Victor Ramirez y Edgar Alcantar, a quienes se les negó una audiencia para obtener libertad bajo fianza. La demanda alega que esta política ha provocado que posiblemente a cientos de personas en Nevada se les haya negado el derecho a una audiencia para obtener la libertad bajo fianza.

El documento judicial se adjunta a continuación:

Este reporte fue traducido por una editora de The Nevada Independent en Español con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.