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Autoridades federales dicen que hay 15K no ciudadanos inscritos para votar en Nevada; el estado lo califica como "pura especulación"

Trump alegó en un discurso el jueves que este problema está en todo el país. Líderes estatales afirman que el gobierno federal no ha presentado pruebas.
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Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

En una carta enviada el jueves a la Oficina del Secretario de Estado de Nevada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alega que podría haber más de 15,000 no ciudadanos registrados para votar en Nevada — haciendo eco de acusaciones anteriores de fraude electoral que han sido derribadas por el estado.

El DHS dice haber encontrado 8,576 personas registradas en Nevada cuyos nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números de Seguro Social coinciden con los de personas no ciudadanas en sus archivos. El secretario del departamento, Markwayne Mullin, instó al estado a colaborar con su personal en la verificación de identidad y aclaró que están dispuestos a proporcionar los registros de inmigración para facilitar dicho proceso. La carta solicitó una respuesta antes del 30 de julio.

Esto ocurre apenas una semana después de que el Departamento de Justicia envió una carta a los 50 estados advirtiendo que podrían enfrentar un proceso penal si se permite a sabiendas de que personas no ciudadanas permanezcan en los registros electorales o emitan votos en las elecciones federales. El Secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, Demócrata, calificó esa carta como "otro intento" de sembrar dudas sobre las elecciones.

"Podemos afirmar rotundamente que refutamos estas afirmaciones", declaró Aguilar en un comunicado sobre la carta del jueves. "Estas cifras son, en el mejor de los casos, puras especulaciones, y el Departamento de Seguridad Nacional no ha compartido ninguna información que las respalde".

Esto es parte de una creciente tendencia nacional de más afirmaciones del Presidente Donald Trump sobre fraude electoral. En un discurso el jueves, Trump dijo que el DHS ha encontrado "aproximadamente 278,000 no ciudadanos que están registrados para votar en las elecciones federales" en todo el país. Funcionarios estatales de California, Nueva Jersey y Pensilvania también han recibido cartas similares a principios de esta semana sobre personas no ciudadanas inscritas en los censos electorales.

Sin embargo, las acusaciones de fraude electoral de Trump han sido calificadas en gran medida como inverificables, y los Demócratas temen que formen parte de una estrategia para sembrar dudas antes de las elecciones intermedias de 2026. Un juez federal dictaminó recientemente que una base de datos de la ciudadanía creada por el DHS clasificó erróneamente a ciudadanos estadounidenses como votantes no elegibles en un gran número de casos.

Datos de la Oficina del Secretario de Estado de Nevada compartidos con The New York Times el jueves también demuestran que, de sus 2.1 millones de votantes activos, solo 138 no proporcionaron una licencia de conducir estatal o un número de Seguro Social al registrarse para votar, lo que significa que debería ser relativamente fácil identificar a los no ciudadanos.

Aguilar ha dicho repetidamente que la comunicación enviada por el DHS no ha logrado identificar las fallas en el sistema de registro de votantes del estado y que se ha comunicado con el departamento. Según las medidas de seguridad de la oficina para el registro de votantes, los solicitantes deben afirmar su ciudadanía y pueden enfrentar sanciones penales por registro falso. El proceso automático de registro de votantes de Nevada tampoco registra a todos los usuarios del Departamento de Vehículos Motorizados, ya que los funcionarios electorales del condado hacen dicha verificación.

"La Administración carece de una comprensión fundamental de cómo funcionan las elecciones", señaló Aguilar en su declaración.

Durante un discurso el viernes, Mullin amenazó a los funcionarios con multas o incluso penas de carcelarias. si no cumplen con las órdenes federales. Añadió que el DHS trabajará para "hacer obligatorias nuestras mejoras de seguridad" y para retener subvenciones federales para la seguridad electoral hasta que los funcionarios estatales tomen las medidas que exige la administración federal.

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