Una jueza federal de Nevada ha dictaminado que una sección de la ley de casi 70 años de antigüedad que tipifica como delito grave volver a ingresar a los Estados Unidos después de ser deportado es inconstitucional, argumentando que fue promulgada con una intención discriminatoria contra los latinos.

La jueza Miranda Du emitió una orden el miércoles desestimando un caso contra Gustavo Carrillo-Lopez, quien fue acusado el verano pasado de estar en los Estados Unidos a pesar de haber sido deportado en 1999 y 2012. Parece ser la primera vez que un tribunal dictamina contra una ley conocida como la Sección 1326, aunque ha estado bajo consideración en varios otros tribunales.

Du dijo que Carrillo-Lopez demostró que la ley fue "promulgada con un propósito discriminatorio y que la ley tiene un impacto dispar en las personas latinas, y el gobierno no demuestra que la Sección 1326 se hubiera promulgado sin ánimo racial".

En general, la Sección 1326 convierte en un crimen el que las personas ingresen, reingresen o intenten ingresar a los EE. UU. si previamente se les ha negado la admisión a los EE. UU., han sido removidas, salieron o fueron excluidas de los EE. UU. o abandonaron los EE. UU. bajo una orden de expulsión o de deportación.

En la mayoría de los casos, el reingreso ilegal se castiga con una multa y hasta dos años en una prisión federal, con penas más severas para las personas condenadas por delitos graves o tres o más delitos menores relacionados con drogas o violencia contra otra persona.

De acuerdo a SCOTUSblog.com, más de 25,000 personas fueron acusadas bajo el estatuto de reingreso en el año fiscal 2019, esto equivale aproximadamente al 30 por ciento de todos los casos penales federales.

La sección de la ley fue enmendada cinco veces en las décadas de 1980 y 1990 para aumentar las penas por violarla.

La orden de la jueza dice que la ley tiene un impacto desigual para los latinos, y señala que el 87 por ciento de las personas detenidas en la frontera en 2010 eran de ascendencia mexicana. Si bien el gobierno federal argumentó que esas estadísticas se deben a la proximidad de México a Estados Unidos en lugar de discriminación, Du dijo que el argumento no era convincente.

Citó los argumentos de Kelly Lytle Hernandez, profesora de historia en UCLA, quien documentó la historia de la ley hasta la década de 1920, cuando el gobierno estableció límites poblacionales basados en el origen nacional.

En esa época las audiencias sobre los proyectos de ley incluyeron argumentos de los defensores de la eugenesia, la práctica de criar humanos selectivamente para aumentar la prevalencia de características "deseables" entre la descendencia, y compararon a los que elaboran leyes de deportación con "criadores exitosos de caballos de pura sangre".

“La evidencia indica claramente, como ambos partidos y otros tribunales de distrito están de acuerdo, que la Ley de 1929 se aprobó en un momento en que el nativismo y la eugenesia eran ampliamente aceptados, tanto en el país en general como en el Congreso, y que estas teorías racistas finalmente alimentaron la aprobación de la Ley”, escribió Du.

Du también rechazó los argumentos de que la ley se basa en preocupaciones económicas o de seguridad nacional.