Conforme el Presidente Donald Trump continúa su ofensiva contra la inmigración, Nevada Medicaid predice una caída significativa en la cifra de residentes permanentes legales que se inscriben en asistencia pública, un cambio que, según dicha agencia, podría ayudar a neutralizar los déficits presupuestarios. 

Medicaid es el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos y con discapacidades.

A finales del mes pasado, Nevada Medicaid descubrió un déficit presupuestario de casi $66 millones de dólares luego de no haber tomado en cuenta el costo de la inflación entre las organizaciones de atención médica administrada a nivel estatal, que tienen contratos para brindar servicio a sus beneficiarios.  

Para cubrir esos déficits, Nevada Medicaid sugirió modificar su presupuesto, incluyendo medidas enérgicas contra afiliados del programa que se mudaron fuera del estado y utilizar un superávit de un presupuesto anterior. 

La agencia tambien planteó restar $38 millones del presupuesto para reflejar “cambios en la política federal de inmigración” mientras el Congreso considera ampliar la llamada regla de carga pública, una política para negar estatus legal quienes dependen de beneficios públicos.

Durante los próximos dos años, Nevada Medicaid espera una reducción del 15 por ciento en la cantidad de casos de Medicaid de familias de estatus migratorio mixto debido a una "mayor verificación federal". 

Aunque a los inmigrantes legalmente presentes —incluyendo solicitantes de asilo y usuarios de la tarjeta verde o green card — se les ha permitido inscribirse en Medicaid desde los años 90, la Oficina de Análisis del estado anticipa que habrá un aumento en deportaciones y preocupación entre beneficiarios acerca de cómo podría afectar su estatus migratorio si reciben asistencia pública. 

Los inmigrantes indocumentados generalmente no son elegibles para prestaciones federales de Medicaid, excepto en casos de atención médica urgente. Se calcula que menos del 1 por ciento del gasto total de Medicaid se destina a cubrir esos costos de emergencia.

“Sabemos que habrá algunos temores en cuanto a la inscripción a programas de asistencia pública”, dijo la directora de Medicaid Nevada, Stacie Weeks, durante una audiencia en la Legislatura la semana pasada.

Las implicaciones de los cambios en Medicaid podrían afectar significativamente a Nevada, que tiene la mayor proporción de familias de estatus migratorio mixto en los EE.UU. y es hogar de unos 130,000 residentes legales permanentes.

Algunos legisladores y funcionarios de salud pública han cuestionado que la suposición en el cambio al presupuesto es errónea y que es difícil cuantificar cuántas personas se darán de baja.

“No hay garantía de que eso sea cierto. No queremos ponernos en una situación donde quedemos cortos de presupuesto”, dijo el Senador estatal Demócrata Fabián Doñate, quien preside el Comité de Salud y Servicios Humanos del Senado.

Weeks dijo que el análisis se basó en estudios previos acerca de cómo ha afectado a Medicaid la política federal de inmigración, específicamente la “regla de carga pública”, que permite al gobierno negar visas o tarjetas verdes a inmigrantes que se considera que podrían depender de beneficios públicos.

En 2019, Trump amplió esa regla para incluir programas de salud, nutrición y vivienda, lo que generó que la cifra de inmigrantes inscritos en Medicaid disminuyera hasta en un 35 por ciento, antes de que la administración del Presidente Biden revirtiera ese cambio en 2021.

Pero la regla de carga pública se podría volver a implementar. El presupuesto Republicano de la Cámara de Representantes, aprobado a finales de febrero, prevé su restablecimiento. Se espera que el plan se someta a votación este viernes.

En una justificación para el cambio en el presupuesto, Medicaid Nevada cita “preocupaciones de los efectos en el estatus migratorio al recibir ayuda” como otro posible impedimento para inmigrantes que solicitan Medicaid.

Doñate, quien está presentando una propuesta de ley que ampliaría ciertos beneficios de Medicaid para indocumentados, indicó que el gobierno se debería asegurar de que está "haciendo su debida verificación para disipar información incorrecta" a personas que realmente son elegibles para inscribirse.

"Me parece que calificarían. Se trata de ciudadanos estadounidenses que tienen temor de recibir servicios gubernamentales cuando más los necesitan", dijo Doñate acerca de los planes para una reducción en la inscripción.

Uno de los proyectos de Doñate, SB234, propone ir en la dirección opuesta y enfocarse en cobertura para inmigrantes.

El proyecto de ley ampliaría la cobertura de emergencia de Medicaid para personas indocumentadas con diagnóstico de cáncer y enfermedades renales, pendiente de una aprobación previa del Departamento de Salud y Servicios Humanos. También abarcaría transporte médico de urgencia y el costo de cuidados en ciertos centros ambulatorios.

La baja en las tasas de inscripción a Medicaid ya ha preocupado a funcionarios de salud pública porque los inmigrantes tendrán que depender cada vez más de visitas a salas de emergencia para tener acceso a servicios médicos, mismos que, según la ley federal, deben otorgar a los pacientes independientemente de su capacidad para pagar. 

Sin cuidados preventivos, muchos argumentan que las situaciones médicas podrían escalar rápidamente a algo potencialmente mortal.

"Si las personas tienen miedo de inscribirse en Medicaid por temor a ser deportadas, entonces no van a ir a citas médicas, ni a la farmacia, ni a nada", dijo el Doctor Joey Adashek, presidente de la Asociación Médica del Estado de Nevada.