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Defensores de inquilinos temen lo peor tras veto y fin de protecciones de desalojo en Nevada

Carly Sauvageau
Carly Sauvageau
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Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

Manuel Ramirez, de 67 años, trabajaba en el Hard Rock Hotel de Las Vegas limpiando las cocinas del área de piscina hasta que un día se lastimó al intentar mover una parrilla pesada.

Los siguientes seis meses, Ramirez visitó tres hospitales para someterse a un total de 21 cirugías. Al no poder trabajar, él y su esposa, Alice, de 63 años — quien no puede laborar debido a una discapacidad — decidieron solicitar asistencia para cubrir el alquiler a través del Programa de Ayuda para La Vivienda CARES (CHAP).

CHAP fue un programa que diseñó el Condado Clark para ayudar a quienes sufrieron dificultades financieras para pagar la renta y los servicios públicos debido a la pandemia de COVID-19.

El programa, financiado por el gobierno federal, repartió cientos de millones de dólares en sus primeros tres años, pero el pasado 23 de enero redujo drásticamente sus criterios de elegibilidad y luego continuó de forma limitada después de que se agotó la ayuda pandémica a gran escala.

Ramirez dijo que inicialmente solicitó CHAP el 26 de octubre de 2021. Cuando no recibió una llamada telefónica en respuesta, revisó su correo electrónico en noviembre y descubrió que se le negó la ayuda para el pago de alquiler.

Ramirez comenzó a ir a la oficina de CHAP en persona dos veces al día. Eventualmente, recurrió a la corte para ver qué estaba pasando.

El proceso de desalojo tampoco empieza con una llamada telefónica o un correo electrónico. Para los Ramirez, en cambio, inició con un aviso colocado en su puerta cuando no pudieron pagar la renta.

Luego de que una corte confirmó la orden de desalojo el 23 de junio, Ramirez y su esposa ahora están solicitando una alternativa de apoyo a través de un organismo para veteranos — Ramirez es un veterano de la Marina — y necesitan un nuevo lugar para vivir a más tardar para el 4 de julio, antes de que se les exija desalojar su vivienda actual.

Aaron MacDonald, abogado principal del programa de vivienda Housing Justice de Legal Aid of Southern Nevada, una organización sin fines de lucro que brinda representación y educación legal a quienes no pueden pagar un abogado, señaló que Las Vegas es actualmente el “epicentro de esta crisis de desalojos” en Nevada, con 60,000 solicitudes presentadas anualmente durante los últimos dos años — el doble de lo que solían recibir.

Las provisiones del proyecto de ley AB486, que se aprobó en 2021 para evitar desalojos para quienes habían solicitado ayuda para el pago de la renta, expiró en junio. Además, el Gobernador Joe Lombardo vetó una iniciativa que contenía un intento para extenderlo.

MacDonald agregó que su oficina se está saturando a medida que terminan las protecciones y Nevada mantiene su proceso rápido de desalojo sumario.

“El veto del Gobernador Lombardo a los proyectos de ley diseñados para frenar la crisis de la vivienda demuestra una profunda falta de empatía y desprecio por las luchas que enfrentan miles de nevadenses”, dijo Annette Magnus, directora ejecutiva de Battle Born Progress.

En respuesta a las protecciones de la iniciativa AB486 del 2021 que expiraron el 5 de junio de 2023, el Senador estatal Demócrata James Ohrenschall patrocinó el proyecto SB335, que habría extendido algunas de las protecciones incluidas en AB486 y evitado que los inquilinos que esperaban ayuda para el alquiler fueran desalojados por 60 días.

La SB335 no logró recibir la aprobación de Lombardo, quien dijo en su mensaje de veto que el proyecto “crearía cargas rigurosas en el mercado de alquiler residencial de Nevada”.

¿El comienzo de una crisis?

Según MacDonald, Ramirez es uno de miles de casos que están viendo oficinas legales a medida que expiran las protecciones de desalojo y los inquilinos que pensaron que recibirían ayuda para el alquiler son tomados por sorpresa porque los fondos ya no llegan.

“Estamos al comienzo de la crisis de desalojo y la crisis de personas sin hogar”, dijo MacDonald.

Ahora que Ramirez y su esposa están perdiendo su vivienda, él espera encontrar otra opción antes del 4 de julio.

“Tengo que ser positivo, porque se supone que debo ser el proveedor de mi familia”, dijo Ramirez el día antes de su audiencia de desalojo. “Mis hijos ya están grandes. Todos se han ido. Le digo [a mi esposa] 'lo vamos a lograr, solo piensa positivo. Las cosas se van a dar’. No hay nada más que yo pueda hacer o decir”.

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