Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Enrique González ya estaba enfrentando tiempos difíciles cuando le recortaron sus horas como cocinero a sólo dos o tres días a la semana en el Aria Resort and Casino y vio cómo los cheques de desempleo que lo mantuvieron a flote a principios de la pandemia se redujeron a nada en semanas.

Pero el martes pasado se sorprendió cuando las autoridades tocaron su puerta, le dieron 15 minutos para sacar lo esencial y lo echaron de la casa en la que vivió durante cinco años.

González tiene pendiente una solicitud de apoyo para el pago de renta y ha invocado una moratoria federal de desalojos que estará vigente hasta fin de año, pero eso no fue suficiente para hacer frente a una orden judicial para ser removido de la vivienda.

“Me da tristeza, por tantos años que viví ahí. Son una parte de tu vida. Nunca se lo espera uno y menos de ese modo”, dijo. “No saqué ni ropa, nada. Ni cobijas. No tengo nada, ni con qué taparme. Tengo que empezar de nuevo de cero, pero lo importante de todo es salir adelante”.

González, de 51 años, es uno de tantos nevadenses que enfrentan graves consecuencias después de haberse retrasado con el pago de la renta mientras la economía estatal dependiente del turismo sigue estando muy por debajo de lo que era antes.

Si bien una moratoria de desalojo en todo el estado expiró a mediados de octubre, el Gobernador Steve Sisolak afirmó que la moratoria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) debería ayudar a las familias que aún están al borde de perder sus hogares.

Pero de todas maneras se están llevando a cabo muchos desalojos, en medio de lo que parece ser una diferencia de opinión entre las cortes y los defensores de los inquilinos acerca de qué tanto abarcan las protecciones de la moratoria que emitieron los CDC.

"Es muy difícil hacer una declaración general para cada contrato de renta en todo el valle y determinar si se aplicará o no a cada persona", dijo Christopher Storke, abogado de Legal Aid Center of Southern Nevada, que está asesorando a muchos inquilinos. "Es mejor analizar su situación particular lo más a fondo posible para determinar cuál será el mejor curso de acción".

González indicó que se atrasó con la renta de agosto y septiembre, después de que se agotó una adición federal de $600 dólares por semana a los beneficios de desempleo, pero logró hacer un pago en octubre. Él había recurrido a un apoyo a través de un fondo de emergencia de su empleador, MGM Resorts, pero dijo que la compañía no completó su solicitud totalmente.

El 14 de septiembre los propietarios primero le entregaron a González un aviso de desalojo de 30 días “sin causa” — que se le puede otorgar a personas en casos como el suyo, que tenía un acuerdo de mes a mes después de que expiró un contrato de renta a más largo plazo. A finales de ese mes, recibió un aviso de retención ilegal de cinco días con fecha del 15 de octubre.

González no respondió a dichos avisos; argumenta que no fue notificado adecuadamente porque los documentos no fueron firmados por una persona que indicara el servicio, señalando  que pudo haber sido una amenaza de los propietarios en lugar de una presentación legítima del caso.

“No me quisieron aceptar ningún arreglo. Me pegaron los papeles en la puerta”, dijo González. “Nunca lo hicieron formalmente, sino hasta ahora. Me tocaron la puerta y me dejaron el anuncio”. 

Recientemente, recibió una orden con fecha del 5 de noviembre alertando que el Magistrado de Audiencias de la Corte de Justicia de Las Vegas, David Brown, había otorgado un desalojo sumario a los propietarios y que el procedimiento se llevaría a cabo cerca de las 8 a.m. del 10 de noviembre. 

Cuando llegaron los oficiales, Gonzalez apenas tuvo tiempo para tomar documentos importantes y unas pocas cosas.

“Mi mujer está demasiado estresada. Nunca pensamos que fuera a pasar esto, pero sucedió y es triste”, dijo González. “Yo entiendo que son sus leyes y que tienen que trabajar los policías, pero como que no les toca el corazón, y eso no se vale”.

Los propietarios de la vivienda de la pareja no respondieron a un mensaje de voz solicitando sus comentarios.

González es originario de El Salvador y beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que también ha tenido un futuro incierto bajo la administración Trump, que ha buscado cancelarlo. 

“No me quedo de brazos cruzados. Yo como sea saco para comer”, dijo González. “A pesar de mis problemas físicos, aparte de cocinar hago mecánica, jardinería … He aprendido en la vida a saberme desenvolver. He sabido aprovechar lo que es saber trabajar honradamente”.

Qué se puede hacer

En la lucha contra lo que algunos investigadores predicen será un tsunami de desalojos — un escenario en el que más de un tercio de las viviendas de los arrendatarios de Nevada puede tener dificultades para pagar la renta para fin de año — la moratoria de los CDC ha sido un alivio significativo. 

Esa medida se aplica a quienes no pueden pagar la renta, han intentado hacer pagos parciales, buscado asistencia para el alquiler, ganan menos de $99,000 al año y podrían quedarse sin hogar si son desalojados.

Storke aconseja a los inquilinos que se aseguren de ser elegibles antes de invocar las protecciones de la moratoria de los CDC y que respondan a cualquier aviso de desalojo mediante una comparecencia judicial. En Las Vegas, ese es un proceso que ahora se puede hacer en línea. 

Dar ese paso puede asegurarle al inquilino una audiencia en la corte donde podrá rechazar el proceso de desalojo. No responder puede limitar las opciones legales del inquilino. 

Pero Storke también advierte que la moratoria de los CDC se levantará en seis semanas y que los inquilinos que de por sí luchaban para cubrir el alquiler deben considerar una solución a más largo plazo, como mudarse a otro lugar.

Recursos

Los nevadenses aún pueden buscar apoyo a través de varios programas, como el de asistencia para el pago de la renta, que está financiado con más de $70 millones en dólares federales para brindar asistencia por el coronavirus.

También está en funcionamiento un programa de mediación en el que inquilinos y propietarios se unen para buscar un compromiso que no sea el desalojo. 

Pese a esto, algunas personas, como González, se están quedando sin protecciones. Él dijo que los propietarios de la vivienda que rentaba no están interesados ​​en esperar a que llegue su solicitud de apoyo para cubrir la deuda. 

Por ahora González está buscando un lugar para vivir y espera que él y su esposa puedan encontrar su propia vivienda en lugar de quedarse con amigos. Agregó que la experiencia de ser expulsado de su propia casa fue desconcertante.

“Se siente una impotencia … estar viendo que estén queriéndose meter a algo que fue parte tuyo”, dijo. “No son las cosas materiales, ni lo que hay adentro, sino el respeto”.