La sesión especial de la Legislatura de Nevada entró en su sexto día el martes. No está claro cuánto durará, ya que los legisladores necesitan una mayoría de dos tercios para suspender las normas legislativas y permitir que los proyectos de ley se tramiten con mayor rapidez.

Si no se exceptúan las normas, la sesión deberá durar al menos hasta el martes para aprobar esas iniciativas de ley.

Aunque la Asamblea presentó una resolución (ACR5) el primer día de la sesión para realizar un estudio interino acerca de las actividades de funcionarios federales en la aplicación de las leyes de inmigración, el esfuerzo no se aprobará en esta sesión especial.

El formato de resolución permitió a los legisladores eludir la disposición constitucional que requiere que los proyectos de ley presentados y aprobados en una sesión especial aborden únicamente los temas planteados por el gobernador.

El Presidente Demócrata de la Asamblea, Steve Yeager, dijo el domingo a The Nevada Independent que la resolución no se va a abordar en un comité porque así lo han solicitado defensores de la inmigración.

Noé Orosco, coordinador de la Coalición de Inmigrantes de Nevada, declaró a The Nevada Independent que él considera que la resolución no abarcó lo suficiente. 

La coalición ha presionado a los legisladores a considerar protecciones adicionales, como prohibir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se cubran el rostro con mascarillas, y a que limiten la aplicación de las leyes migratorias en lugares sensibles, como las iglesias.

“[El estudio] no es ni siquiera suficiente. Solo va a crear una fachada”, dijo Orosco. “No va a abordar el trauma que está ocurriendo ahora”.

Sin embargo, algunos legisladores y grupos progresistas han estado presionando para que se modifique la ley insignia de seguridad del Gobernador Joe Lombardo, argumentando que la aplicación de las leyes de inmigración es un asunto de seguridad pública. 

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada (ACLU) propuso una enmienda para requerir aprobación legislativa para ampliar los centros de detención de inmigrantes y para investigar a ciertas personas que se hacen pasar como agentes del orden público y que detienen a personas. 

Los legisladores no abordaron ninguna de las dos propuestas.