La continua represión federal contra los inmigrantes está reduciendo la fuerza laboral de Nevada en industrias clave y la economía del estado podría sufrir las consecuencias, según los panelistas que hablaron sobre el tema a principios de este mes en Las Vegas.

Las agresivas tácticas migratorias de la administración del Presidente Donald Trump — incluyendo anuncios multimillonarios para alentar a los inmigrantes a auto-deportarse — podrían reducir el número de trabajadores que mantienen en marcha la economía del estado, advirtieron los panelistas. La Representante Susie Lee (Demócrata por Nevada) añadió que los inmigrantes tienen miedo de ir al trabajo, la escuela, los hospitales, a las audiencias de inmigración y a otros eventos debido al alto índice de objetivos de arresto que se les asigna a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y al menos un empresario reconoció haberlo observado de primera mano.

“Lo estoy viendo personalmente en las obras y en nuestros almacenes: falta mano de obra porque ahora tienen miedo de ir a trabajar”, ​​planteó Abraham Camejo, fundador de la pequeña empresa Camejo Safety. “Así que no solo tengo que capacitarlos y asegurarme de que cumplan con las normas de seguridad al trabajar en nuestros techos o en nuestros proyectos de jardinería, sino que ahora tienen miedo de ir a trabajar”.

Según Maria Praeli, subdirectora de operaciones gubernamentales para FWD.us, una organización sin fines de lucro que se enfoca en la inmigración y la justicia penal, Nevada tiene una de las poblaciones inmigrantes más grandes del país. Los inmigrantes conforman una cuarta parte de la fuerza laboral de Nevada, con casi 400,000 trabajadores, y aportan 20.2 billones de dólares a la economía del estado.

“Somos una ciudad, un estado y un país que se ha beneficiado del arduo trabajo de los inmigrantes”, expuso el Asambleísta Howard Watts (Demócrata por Las Vegas) durante el evento en el East Las Vegas Community Center.

Laboran en diversos sectores, incluyendo un 36% en la construcción, un 31% en ocio y hostelería, un 25% en transporte y un 24% en agricultura, según FWD.us. Tan solo en Las Vegas, la comunidad inmigrante gasta 16.6 billones de dólares al año y paga 4.3 billones de dólares al año en impuestos.

Praeli aseguró que las políticas de la administración Trump han dado como resultado casi 200,000 personas o bien siendo deportadas o abandonando el país por su propia voluntad. Un análisis realizado por su organización — creada por líderes de Silicon Valley, entre ellos el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y defensores de una reforma migratoria integral — estima que, al final del mandato de cuatro años del Presidente, la familia estadounidense promedio en todo el país tendrá que pagar poco más de 2,000 dólares al año debido a la aplicación de las leyes migratorias.

FWD.us realizó simulaciones económicas basadas en datos de 2024 sobre trabajadores inmigrantes y estadounidenses para ver cómo la deportación, una reducción en los permisos de trabajo y una disminución en la cantidad de nuevos trabajadores que ingresan al país cambiarían la oferta laboral, los costos de producción y, en última instancia, los precios que pagarán los estadounidenses en 2028.

El análisis indicó que “se prevé un aumento del 14.5% en los precios al productor para la mayoría de los productos alimenticios y del 6.1 % en la construcción” debido a los cambios migratorios, además de las variaciones de precios derivadas de otras causas inflacionarias. Se espera que estos dos sectores sean los más afectados, ya que los inmigrantes suelen trabajar en ámbitos como la agricultura y la construcción.

El informe añade que “la clase trabajadora estadounidense gasta la mayor parte de sus ingresos en alimentación y vivienda, y por consiguiente, experimentaría los mayores aumentos del costo de la vida”. Esto ocurre incluso cuando la inflación, la asequibilidad y las preocupaciones económicas son una prioridad máxima para los votantes y la inmigración es un asunto de menor importancia.

Praeli aseguró que las deportaciones masivas están afectando a trabajadores que previamente tenían autorización para estar en el país, como aquellos que se encuentran bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA son sus siglas en inglés) y con un Estatus de Protección Temporal (TPS son sus siglas en inglés). Muchos de ellos provienen de los sectores de la hostelería y la construcción, añadió.    

FWD.us explicó que “la cancelación o restricción de los permisos de trabajo legales para quienes tienen TPS y otros estatus protegidos, incluidos los solicitantes de asilo, provocaría que casi 2.6 millones de trabajadores quedaran excluidos del mercado laboral”.

Praeli también anotó que la orden ejecutiva que impone una tasa de 100,000 dólares a los empleadores que solicitan visas H-1B provocará una “pérdida masiva de trabajadores altamente calificados en numerosos sectores”.

“Estamos viendo más conversaciones sobre la cancelación de permisos de trabajo para solicitantes de asilo y titulares de estatus de protección temporal, lo que sacará aún más trabajadores esenciales de la economía si el Congreso no toma medidas para proteger a los inmigrantes”, enfatizó Praeli.

Lee consideró que la lucha contra las políticas migratorias de línea dura es un proceso lento y difícil. También señaló que co-patrocinó la Ley de Dignidad, que, entre otras cosas, creó protecciones para los solicitantes de asilo. El proyecto de ley se presentó este verano, sin embargo ha avanzado poco.

“Es desgarrador para todos nosotros”, reflexionó Lee. “Hemos llevado estos asuntos a los tribunales, y sé que no es lo suficientemente rápido, pero hemos presenciado un cambio radical en el entorno. Lo único que puedo decir es que jamás debemos rendirnos”.