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Paneles solares en las instalaciones de Copper Mountain Solar 3 cerca de Boulder City el lunes 22 de abril del 2019. (Foto: Jeff Scheid-Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad gracias a una subvención del Trusted Elections Network del American Press Institute. Vea aquí la versión en inglés.

Nombre formal: La Iniciativa de Estándares de Energía Renovable

Tipo de medida: Petición de iniciativa para enmendar la Constitución de Nevada

Resumen de lo que hace: Si se aprueba, la medida elevaría el Estándar de Cartera Renovable de Nevada, o RPS, al 50 por ciento para el año 2030. En 2019, los legisladores aprobaron el proyecto de ley SB358, que aumenta gradualmente ese estándar al 50 por ciento para 2030, a tono con la propuesta de enmienda constitucional.

Un RPS generalmente requiere que una compañía de utilidades públicas garantice que un porcentaje específico de la electricidad que vende provenga de energías renovables; lo que se rastrea a través de un sistema de crédito. 

Los créditos se pueden comprar y vender a diferentes entidades si una empresa de utilidades públicas no cumple con su mandato renovable, y se pueden obtener a través de biomasa, energía geotérmica, solar, hidráulica y medidas de eficiencia energética o eólica (hasta el 2025).

Si se aprueba, el RPS no aumentaría al 50 por ciento de la noche a la mañana, sino que se incrementaría al 26 por ciento hasta el 2022 y 2023, y un 8 por ciento cada período subsiguiente de dos años hasta llegar al 2030. 

La legislación del 2019 de hecho establece un nivel más alto para el RPS que el solicitado en la Pregunta 6; estableciendo un estándar de cartera más alto hasta el 2024, cuando alcance un mínimo de 34 por ciento.

Debido a que los créditos también se pueden generar a través de programas de eficiencia energética o para la electricidad que utilizan las centrales eléctricas que nunca llegan a la red, eso a menudo significa que existe una brecha entre el umbral del RPS que se reporta, y la cantidad real de energías renovables en la combinación de combustibles de una empresa de servicios públicos.

La empresa NV Energy, que apoyó la legislación de 2019 que eleva el estándar de la cartera, llegó a su objetivo de RPS durante los nueve años recientes y tuvo una tasa de cumplimiento de 24.2 en 2018.

Argumentos a favor: Los partidarios dicen que un RPS más alto resultaría en más generación de energía renovable y reduciría la cantidad de gas natural importado a Nevada. También afirman que un RPS más alto resultaría en recortes significativos en la contaminación y una mejor calidad del aire, así como en la construcción de nuevas plantas de energía renovable en el estado.

Quienes apoyan la iniciativa también señalan la disminución del costo de la energía solar y el almacenamiento de energía, afirmando que a largo plazo será más barato construir plantas de producción de energía renovable en el estado en lugar de seguir importando gas natural.

"Los votantes de Nevada deben actuar, porque no podemos depender únicamente de las grandes empresas de energía para actuar", indicaron los partidarios en los argumentos formales presentados a la secretaría del estado. “La Pregunta 6 es la única medida en la boleta que garantizará que las compañías de servicios eléctricos mantengan su promesa de llevarnos a la energía renovable, preservando la flexibilidad para que las legislaturas futuras puedan elevar los estándares a medida que mejore la tecnología”.

Argumentos en contra: Los opositores (en argumentos presentados a la secretaría del estado) dijeron que el principal financiador de la pregunta de la boleta electoral es un grupo estrechamente asociado con el multimillonario liberal de California, Tom Steyer. Los opositores también señalaron que enmendar la Constitución del estado para incluir un RPS "ataría" a Nevada con una industria de energía renovable que aún está "en pañales".

“Los representantes por quienes ustedes votan están mejor posicionados para protegerles cuando se les permite inducir pólizas de energía renovable basadas en méritos, en lugar de mandatos que sirven para castigar a los consumidores e imponer políticas defectuosas”, escribieron en argumentos formales.

Impacto financiero: Los analistas de la Oficina de Asesoría Legislativa dijeron en 2018 que no podían determinar el impacto fiscal de la propuesta de enmienda constitucional "con un grado razonable de certeza", debido a la incertidumbre acerca de cómo se implementará la iniciativa si los votantes la aprueban.

A la par, la agencia expuso que no podía predecir cómo se verían afectados los precios de la electricidad si se aprueba la medida.

Estatus: Si los votantes la aprueban en las elecciones del 2020, las disposiciones de la Pregunta 6 entrarán en vigor y formarán parte de la Constitución estatal a partir del 24 de noviembre del 2020.

Este proyecto se produjo con el apoyo de una subvención del American Press Institute.

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