Junto a un amplio letrero de “pague el estacionamiento” en el centro de Las Vegas, hay letreros que lucen más nuevos.

“Absolutamente ninguna interferencia de peatones-vehículos, posesión ilegal de carritos de compras o personas durmiendo en portales privados”.

Los letreros citan códigos municipales que prohíben la obstrucción del tránsito peatonal y vehicular, la vagancia, y el robo de carritos de compras. Pero las leyes dirigidas a la población sin hogar de la ciudad no son suficientemente enfáticas para la Alcaldesa Carolyn Goodman, quien presentó una nueva ordenanza en una reunión el 1 de octubre.

Si se aprueba, la ordenanza tipificará como delito menor acampar o dormir en la vía pública o en la acera si hay camas disponibles en el Centro de Recursos para Personas sin Hogar “Courtyard”, o con otro proveedor de servicios a lo largo del “Corredor de la Esperanza” — el tramo de Foremaster Lane, entre la calle Main y Las Vegas Boulevard, donde se concentran los servicios para personas sin hogar.

El censo de 2019 de personas sin hogar en enero sumó 5,300 individuos que duermen en la calle, lo que podría ser un desafío al momento de aplicar la ordenanza.

Si la ordenanza es aprobada, la policía estará facultada para notificar a las personas que se encuentran en una vía con derecho de paso — y dirigirlas a los servicios en el Courtyard y con otros proveedores, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Ciudad de Las Vegas.

“La proliferación de personas sin hogar en la vía pública ha provocado problemas de higiene y saneamiento, a menudo alrededor de comercios y lugares donde se preparan alimentos”, dijeron funcionarios municipales.

No está claro cuántas personas sin hogar se concentran en el centro de la ciudad en una hora determinada, mismas que se verían afectadas por la ordenanza propuesta. De acuerdo con la Evaluación HUD 2018 de personas sin vivienda, cerca del 56 por ciento de los residentes de Nevada sin hogar no tienen acceso a un albergue.

“[Hay] probablemente alrededor de 1,000 camas, sin incluir los colchones del Courtyard”, dijo Kathi Thomas-Gibson, directora municipal de Servicios a la Comunidad.

El Courtyard Homeless Resources Center abrió sus puertas en julio de 2018 con una zona segura y un centro de recursos para personas sin hogar que opera las 24 horas, sin limitaciones para su ingreso, como son pruebas anti-dopaje o evaluaciones psiquiátricas. De acuerdo con Thomas-Gibson, es un programa financiado por la ciudad que es parte de programa más grande de intervenciones continuas que organiza el Condado de Clark, la policía y otras agencias gubernamentales locales.

Mientras que parte del problema es no tener suficientes camas para todos los necesitados, las personas sin hogar a menudo prefieren dormir a la intemperie debido a las condiciones insalubres, peligrosas o incómodas que encuentran en los albergues, que históricamente han registrado hacinamiento.

Un grupo de trabajo de dos agentes, conocido como el equipo Multi-Agencia Extramuros de Recursos (M.O.R.E. son sus siglas en inglés), trata de ayudar trabajando con agencias de servicios para personas sin hogar. También hay tres Equipos Extramuros para Personas sin Hogar (H.O.T. son sus siglas en inglés) compuestos por dos agentes de la policía que se centran en los delitos relacionados con la falta de vivienda.

Aparte de aplicar la ordenanza propuesta, Thomas-Gibson anticipa nuevos retos para crear vivienda asequible donde las personas sin hogar puedan trasladarse. Ella dice que la ciudad ya tiene un programa de arrendamiento y subvenciona la construcción de viviendas asequibles.

Grupos, incluyendo ACLU, planean protestas contra la medida, que se espera que sea discutida en una reunión de cabildo el 14 de octubre.

“Imponer multas y encarcelar a la gente por no tener una casa es una política vergonzosa e ineficaz”, dijo Emily Paulsen, directora ejecutiva de la Alianza de Nevada para Personas Sin Hogar, que le ha pedido a Goodman que retire la iniciativa de ley. “Criminalizar a las personas que no tienen hogar crea barreras adicionales para que puedan salir de las calles y aumenta el gasto público”.