Una jueza de distrito rechazó la objeción legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra la prohibición del Condado Clark para detenerse, quedarse parado o bloquear un puente peatonal en el Strip o franja hotelera de Las Vegas.

La jueza Jennifer Dorsey emitió un fallo acerca de la ordenanza del 2024, también conocida como la "Prohibición de Selfis en el Strip", que estableció como delito menor "detenerse, quedarse parado o hacer algo que provoque que alguien se detenga o se quede parado" mientras se está en los puentes peatonales con vista al Strip de Las Vegas. 

Dorsey, quien emitió su decisión el 25 de septiembre, dijo que la ordenanza no impide ni interfiere con que alguien ejerza sus derechos constitucionales o civiles.

"Es difícil predecir cuándo puede haber multitudes en los puentes peatonales — particularmente considerando los numerosos conciertos, eventos deportivos y conferencias que se realizan en el Strip en un día determinado", dijo Dorsey en su fallo.

La Comisión del Condado Clark aprobó la ordenanza en enero de 2024 y, un mes después, la ACLU de Nevada la impugnó a nombre de Lisa McAllister, una mujer con una discapacidad en la médula espinal quien usa silla de ruedas, y de Brandon Summers, un artista callejero. 

La ACLU argumentó que la ordenanza era "la regulación más extrema presentada en años" y que era inconstitucionalmente amplia.

Si son procesados, los infractores podrían enfrentar un cargo de delito menor que puede resultar en hasta seis meses de cárcel o una multa de $1,000 dólares.

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, dijo que el lunes la organización presentó una apelación contra la decisión de Dorsey, y señaló que espera que el caso llegue a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU. 

Según Haseebullah, la ordenanza es una forma de prohibir la protección de la Primera Enmienda en el espacio público. Dijo que el intento de la norma de impedir que los peatones se detengan "por solo un breve momento" era un intento de sancionar conductas inofensivas.

"Hay suficientes delitos reales que resolver, en vez de la potencial fabricación de delitos para señalar potencialmente a personas en un puente financiado con fondos públicos que los contribuyentes continúan pagando", señaló Haseebullah.

En su fallo, Dorsey reconoció que la ordenanza era bastante restrictiva.

"¿El gobierno podría haber propuesto una prohibición menos restrictiva basada en la hora o el lugar del puente? Por supuesto", escribió Dorsey. "¿Se podría haber enfocado en dormir o sentarse en los puentes? Sí".

Sin embargo, Dorsey seguía considerando que "no restringe sustancialmente la libertad de expresión y no es más amplia de lo necesario para alcanzar el interés del gobierno".

Jennifer Cooper, vocera del Condado Clark, dijo que el condado agradecía la decisión de la jueza y que valoraba "que se haya confirmado la constitucionalidad de la ordenanza del condado, la cual protege la seguridad pública en el corredor turístico mientras equilibra los derechos del público".

Una editora de The Nevada Independent en Español tradujo esta noticia con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.