Robert Beadles, el políticamente prominente activista y donante del Partido Republicano en el norte de Nevada, se atribuyó haber contratado a un investigador privado que hace tres años siguió a la Alcaldesa de Reno, Hillary Schieve. 

Lo anterior puso fin a una saga legal de años para exponer a Beadles como el cliente que contrató dicho servicio, a pesar de sus intentos de permanecer en el anonimato.

Schieve y el Excomisionado del Condado Washoe, Vaughn Hartung, interpusieron una demanda sobre el asunto, argumentando que los dispositivos de rastreo que fueron colocados en sus autos constituían una invasión de la privacidad.

El lunes, Beadles indicó en un comunicado a The Nevada Independent y otros medios que no le dijo al investigador privado David McNeely que rastreara o siguiera a nadie, sino que verificara acusaciones formuladas contra ellos.

"Yo no dirigí los métodos del investigador, y ni yo ni el investigador infringimos ninguna ley", declaró Beadles. "Me están tachando de villano por creer que los funcionarios públicos deben rendir cuentas a las personas a quienes sirven. Mantengo ese principio y no me voy a disculpar por buscar la verdad".

Beadles ha promovido conspiraciones de fraude electoral, utilizó su dinero para sembrar dudas sobre el sistema electoral en el condado más decisivo de Nevada, y financió iniciativas para destituir del poder a funcionarios que no comparten su visión del mundo; mientras impulsa a candidatos seleccionados que cuestionaron abiertamente los resultados de las elecciones de 2020.

La declaración de Beadles surge luego de que la Corte Suprema de los EE.UU. declinó escuchar una apelación que requería que, quien pagó por el localizador GPS de Schieve y otros funcionarios electos del norte de Nevada, se identificara.

Scheive presentó la demanda en 2022 tras descubrir un GPS en su auto. Hartung se unió con ella para solicitar a un juez que obligara al investigador privado a revelar la identidad de su cliente.

Una investigación conjunta de The Nevada Independent, KUNR y APM, reveló que al menos tres políticos fueron investigados por detectives privados en 2022: Schieve, Hartung y la Comisionada del Condado Washoe, Mariluz Garcia.

En ese entonces, la ley de Nevada no prohibía en específico el uso de un rastreador GPS, pero la Legislatura cambió eso, convirtiendo en un delito menor instalar ilegalmente un dispositivo de rastreo móvil en un vehículo. La medida se aprobó sin oposición en la sesión legislativa 2023.

La Asambleísta estatal Republicana Jill Dickman, patrocinadora de la iniciativa de ley, señaló que surgió como respuesta al hallazgo del rastreador por parte de Schieve.

“Todos con los que hablé se sorprendieron de que aún no fuera ilegal”, dijo Dickman en aquel momento.

McNeely, Hartung y Schieve no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de The Nevada Independent.