Por MARK SHERMAN Associated Press

WASHINGTON (AP) — Una mayoría conservadora unida en la Corte Suprema dictaminó el viernes que los jueces federales carecen de la autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, pero la decisión dejó sin aclarar si las restricciones del Presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento podrían entrar en vigor pronto en partes del país.

El resultado fue una victoria para Trump, quien se ha quejado de que los jueces ponen obstáculos a su agenda. 

Sin embargo, la corte dejó abierta la posibilidad de que los cambios en la ciudadanía por derecho de nacimiento pudieran seguir bloqueados a escala nacional, a pesar de que solo algunos estados los han impugnado en los tribunales.

La orden de Trump negaría la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.

Los casos ahora regresan a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con el fallo del máximo tribunal, escrito por la jueza Amy Coney Barrett. La aplicación de la política no puede llevarse a cabo durante otros 30 días, escribió la impartidora de justicia.

Impacto en los cambios de ciudadanía

La orden de Trump negaría la ciudadanía a niños cuya madre es residente legal temporal, pero cuyo padre no sea residente permanente legal al momento del nacimiento, por ejemplo.

En la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo, Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que él llamó "un regalo invaluable y profundo".

Aunque la orden solo afectaría los futuros nacimientos, podría tener un impacto significativo en Nevada. El estado tiene el mayor número per cápita de familias de estatus migratorio mixto del país, y en 2024, más del 12 por ciento de los habitantes nacidos en Estados Unidos en Nevada (unas 321,100 personas) tenían al menos un padre inmigrante, según el grupo de política de tendencia izquierdista American Immigration Council.

Legisladores y grupos progresistas en Nevada calificaron la decisión como discriminatoria.

“Excluiría a millones de niños de la posibilidad de participar en la vida estadounidense y, esencialmente, crearía una segunda clase permanente de personas”, dijo el Senador estatal Demócrata Fabian Doñate a The Nevada Independent.

Nevada fue uno de los 22 estados que impugnaron la orden ejecutiva de la administración Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento. Si bien la decisión del viernes no eliminó la ciudadanía por nacimiento, es casi seguro que estas impugnaciones continuarán y se extenderán aún más, indicó en un comunicado la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada.

En un comunicado, la Senadora Demócrata por Nevada Jacky Rosen, quien tiene un proyecto de ley para restringir la acción ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento, calificó la medida de Trump como "inconstitucional". 

"Esta decisión de la Corte Suprema es un golpe a la capacidad de los estadounidenses de obtener justicia igualitaria ante la ley", dijo Rosen.

Los jueces coincidieron con el gobierno de Trump, así como con la administración Demócrata del Expresidente Joe Biden antes de ella, en que los jueces se exceden al emitir órdenes que se aplican a todos, y no solo a las partes ante el tribunal. Los jueces han emitido más de 40 de esas órdenes desde que Trump asumió el cargo en enero para un segundo mandato.

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente dijo que la decisión fue "increíble" y una "victoria monumental para la Constitución", la separación de poderes y el estado de derecho.

La jueza Sonia Sotomayor, escribiendo en disidencia para los tres jueces liberales, calificó la decisión como "nada menos que una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución". Esto es así, dijo Sotomayor, porque la administración puede ser capaz de hacer cumplir una política incluso cuando ha sido impugnada y declarada inconstitucional por un tribunal inferior.

Los grupos de derechos que demandaron por la política presentaron nuevos documentos judiciales tras el fallo de la Corte Suprema, atendiendo una sugerencia del juez Brett Kavanaugh de que los jueces aún podrían llegar a cualquier persona potencialmente afectada por la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento declarándola parte de una "clase nacional putativa". Kavanaugh fue parte de la mayoría de la corte el viernes, pero escribió una opinión concurrente separada.

Los estados que también impugnaron la política en el tribunal dijeron que intentarían demostrar que la única forma de proteger efectivamente sus intereses era a través de una suspensión a escala nacional.

"Tenemos todas las expectativas de que lograremos absolutamente mantener la 14ta Enmienda como la ley del país y, por supuesto, la ciudadanía por derecho de nacimiento también", dijo la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell.

El Fiscal General Demócrata de Nevada, Aaron Ford, aseguró en un comunicado que “los nevadenses siguen protegidos”, pero dijo que “los habitantes de otros estados, particularmente aquellos con fiscales generales Republicanos — podrían no estar protegidos”.

“Si bien fiscales generales Republicanos se han beneficiado de las demandas que han interpuesto fiscales generales Demócratas contra acciones ilegales e inconstitucionales de la Casa Blanca, ya no se podrán aprovechar de nuestro éxito”, dijo. “Ahora deben hacer el trabajo que han ignorado durante tanto tiempo”.

Historia 

La ciudadanía por derecho de nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos niños nacidos de madres que están en el país de forma irregular. Este derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la 14ta Enmienda de la Constitución.

En una notable decisión de la Corte Suprema de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el territorio del país eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno, así como los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil, las personas nacidas en barcos extranjeros y las nacidas de miembros de tribus nativas estadounidenses soberanas.

Estados Unidos es uno de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o "derecho de suelo". La mayoría se encuentra en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.

Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que calificó como "un regalo invaluable y profundo" en la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

Pero los estados, inmigrantes y grupos de derechos que han presentado demandas para bloquear la orden ejecutiva han acusado al gobierno de intentar desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento que ha sido aceptada desde la adopción de la enmienda.

Los jueces han fallado uniformemente en contra del gobierno.

El Departamento de Justicia argumentó que los jueces individuales carecen del poder para dar 

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.