Ponerse cubrebocas, usar su propio bolígrafo, ceremonias más cortas, entrevistas por video y número limitado de visitantes, son algunos de los nuevos protocolos que deberán seguir quienes necesiten hacer trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a partir de este 4 de junio.

Desde temas como desempleo, vivienda, antecedentes penales, posibles escenarios en la Corte Suprema, o tarjetas de autorización para conducir, este es un resumen de la información que brindó la abogada de inmigración Jocelyn Cortez Durante una sesión virtual reciente a cargo de la organización no lucrativa Dream Big Nevada.

Desconocen si vendrá lo mejor o lo peor, pero sí saben que quieren estar preparados. Se trata de beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, quienes no solo pasan por una de las etapas más decisivas de sus vidas, sino que la están enfrentando en medio de la crisis por el COVID-19.

En Las Vegas, Velasquez encontró trabajo limpiando casas, hasta que el brote de coronavirus hizo su aparición. Ella dejó de trabajar a mediados de marzo preocupada por su salud y la de las familias para quienes trabaja. Su esposo, un obrero de la construcción, no ha podido laborar desde mediados de febrero debido a una lesión relacionada con el trabajo.

Se espera que la Corte Suprema decida dentro de las próximas semanas y tan pronto como el lunes la legalidad del programa de la era Obama, y los anfitriones de la reunión pública se mostraron pesimistas de que la suprema corte de mayoría conservadora dictamine a favor de los beneficiarios.

Desde la suspensión temporal de la inmigración legal hacia el país, restricciones en la frontera, y cierre de oficinas, el panorama actual se ha traducido en una renovada incertidumbre ante lo que sucederá para hacerle frente a retrasos, naturalizaciones pospuestas, trámites truncos, visas expiradas o peticiones pendientes debido a la crisis por el virus; dejando a inmigrantes en un nuevo compás de espera. la abogada de inmigración Kathia Pereira responde algunas preguntas acerca de estos escenarios, incluyendo la ayuda por estímulo económico y violencia doméstica.

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que tomará medidas para suspender de manera temporal la inmigración hacia el interior del país con el fin de proteger a los estadounidenses ante la crisis por el coronavirus y a la industria laboral.

Activistas por los derechos de los inmigrantes están pidiendo a la Oficina del Alguacil del Condado Nye y al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la liberación inmediata de todos los internos que no están sujetos a detención obligatoria después de que un miembro del personal de la cárcel dio positivo por COVID-19.

Uno de los detenidos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Henderson, quien forma parte de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU-NV), fue liberado después de que dicha organización expresó preocupación de que sus condiciones de salud subyacentes pudieran hacerlo susceptible en caso de un brote de COVID-19.

La moción de restricción temporal, que se presentó este martes en una corte federal en Nevada, plantea preocupaciones similares a las expresadas por la ACLU la semana pasada acerca del riesgo de transmisión del coronavirus en cárceles de Nevada.

Cortez Masto abordó esos temas en una entrevista con The Nevada Independent este jueves, un día después de que votó a favor de un paquete de ayuda de emergencia de $2.2 trillones de dólares destinados a mitigar las consecuencias económicas causadas por el coronavirus con esta iniciativa de ley.

Después de que varios abogados, grupos legales e interesados en el tema enviaron el pasado martes una carta a funcionarios de la oficina de ICE en Salt Lake City instando a la agencia a suspender las operaciones de campo y liberar a los detenidos no obligatorios, ICE anunció el miércoles de la semana pasada que retrasaría la aplicación de “quienes no representan un riesgo para la seguridad pública”.

Aunque por lo general están en lados opuestos, empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y abogados que defienden contra la deportación, emitieron una carta conjunta pidiendo el cierre de las cortes de inmigración del país de dos a cuatro semanas; petición que fue parcialmente cumplida la noche de este domingo cuando el gobierno anunció el aplazamiento de ciertas audiencias para minimizar el contagio por el coronavirus.

Dulce Medina, también beneficiaria de DACA, creció en el pequeño pueblo Incline Village en el Norte de Nevada, emigró a los Estados Unidos cuando tenía solo 2 años. Aunque ha contado con el apoyo de seres queridos, indicó que a lo largo del camino hacia la educación superior fue enfrentando obstáculos; incluyendo la cancelación de DACA por parte de la administración Trump.

Inmigrantes en Reno expresaron preocupación y confusión acerca de las adiciones recientes a la llamada regla de carga pública, pues temen que sus solicitudes de residencia o ciudadanía se puedan ver afectadas negativamente.

Un antiguo habitante de Las Vegas quien ha pasado meses en detención de inmigración después de arrestos por infracciones menores que fueron descartadas rápidamente, está demandando a la policía de Las Vegas y al Alguacil Joe Lombardo por su papel en lo que condujo a un proceso de deportación.

Activistas por los derechos de los inmigrantes están presentando una demanda contra la Ciudad de Las Vegas debido a sus políticas de mantener a las personas tras las rejas por tiempo extra únicamente bajo la sospecha de que pueden estar en el país ilegalmente.

Senadoras Demócratas de Nevada están pidiendo que se investigue un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de gestión privada en Pahrump, después de reportes acerca de que un empleado participaba de manera activa en un sitio de Internet neonazi, y quería organizar un grupo supremacista blanco.