El recorrido en autobús "Camino a la Justicia" del grupo defensor de los inmigrantes Alianza Nacional TPS partió de Los Ángeles el lunes pasado y recorrerá todo el país hasta el 13 de noviembre hasta llegar a Washington, D.C. para solicitar al Congreso la residencia permanente para los beneficiarios; destacar el trabajo de los inmigrantes durante la pandemia y alentar a los votantes elegibles a acudir a las urnas el 3 de noviembre.

Eduardo Moreno y su pareja se encuentran entre las familias con estatus migratorio mixto que han sido excluidas de los programas de ayuda federal y estatal que están enfocados en atenuar el golpe económico causado por el COVID-19. Moreno es indocumentado y su pareja y sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

Un nuevo reporte publicado este miércoles por Make the Road Nevada, un grupo en defensa de los inmigrantes, y The Center for Popular Democracy, una organización progresista, destaca los desafíos que enfrentan las comunidades de color, en particular se enfoca en el 7 por ciento de los nevadenses quienes son indocumentados y han sido excluidos de apoyos federales y estatales durante la pandemia.

Más de 400,000 beneficiarios del TPS viven en los Estados Unidos, incluyendo más de 4,000 en Nevada. Cerca de 450,000 ciudadanos estadounidenses viven en un hogar con un beneficiario del programa, incluyendo unos 280,000 niños nacidos en los EE. UU. quienes son menores de 18 años y podrían verse obligados a mudarse a un país que no conocen, o a separarse de sus padres si ellos pierden el TPS y son deportados.

Tres jueces federales para el Distrito Sur de Nueva York dictaminaron de manera unánime que el memorando del Presidente Donald Trump para retener el número de inmigrantes indocumentados del censo era una extralimitación de poder. Nevada tiene la proporción más alta de inmigrantes indocumentados en la unión americana, representando el 7 por ciento de la población en 2016.

La legisladora recorrió el Centro de Detención del Sur de Nevada, que alberga a detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) así como a reclusos bajo custodia del alguacil de los EE.UU.; lo anterior como parte de una visita congresional oficial de supervisión. Dijo que la visita reforzó su posición de que es necesario que haya cambios importantes en las prácticas de control de inmigración del país.

El Fondo Esperanza brindará alivio financiero a comunidades de inmigrantes en Nevada que pasan dificultades luego de haberse quedado fuera de previos paquetes de estímulo económico federal debido a su estatus migratorio.

Una carta con fecha de junio de 2020 de la Oficina del Inspector General dirigida a la oficina de la Senadora, explica que ya se había iniciado una investigación y se determinó que una empleada de la oficina postal en Salt Lake City desechó intencionalmente los documentos federales de inmigración que se habían extraviado.

El aumento será del 83 por ciento para el proceso de naturalización, 34 por ciento para permisos de trabajo, tarifas adicionales para las tarjetas de residencia y una tarifa de 50 dólares para solicitantes de asilo; lo que posiciona a los EE. UU. en uno de los cuatro países — junto con Irán, Australia y Fiji — que cobrará por una solicitud de asilo.

El memorando responde a una decisión que emitió en junio la Corte Suprema, en la que los jueces confirmaron el programa — dictaminando que el Presidente Donald Trump lo anuló de manera arbitraria y caprichosa en el 2017 — y devolvió el tema a la administración para que presentara otros argumentos.

El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, dice que se ha unido a una coalición de estados, incluyendo Nueva York y Colorado, en una demanda contra el memorando del presidente Donald Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados de ser contados en el censo de este año.

El reporte encontró que Las Vegas brinda una infraestructura limitada para atender a las familias inmigrantes, a pesar de la gran población de inmigrantes que hay en la ciudad, además hay una coordinación limitada para divulgar información sobre la regla de carga pública entre las organizaciones que les ofrecen servicios.

Algunas cosas le quedan claras al líder del Comité Nacional Demócrata Tom Perez durante una época donde casi nada llega con certeza, como el sistema ineficiente en los beneficios de desempleo y que el Presidente Donald Trump hará difícil esta temporada de campaña para el Partido Demócrata.

El juez Paul W. Grimm, de una corte federal en Maryland, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) empiece a aceptar las solicitudes nuevas y restablezca el programa tal y como estaba antes de que la administración del Presidente Donald Trump lo cancelara en 2017.

La misiva, a la que se unieron otros 31 senadores Demócratas, está dirigida al Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional Chad Wolf, a quien le solicitan que el gobierno federal acate el dictamen que emitió la corte de no anular la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), además de que permita la inscripción de nuevos solicitantes al programa.

La Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) se encuentra entre las 180 universidades que este viernes firmaron un documento en apoyo a una demanda dirigida a evitar que la Administración Trump obligue a estudiantes extranjeros a dejar los EE.UU. si sus clases se trasladan a ser solo en línea en medio de la pandemia.

Miembros de la comunidad y organizaciones de derechos de los inmigrantes que advirtieron sobre la propagación del virus entre los reclusos expresaron su frustración, dicen que el brote se pudo prevenir, y quieren ver más cambios para mitigar la situación.

Desde vigilias, foros, caminatas, manifestaciones o conferencias de prensa, beneficiarios de DACA, servidores públicos, familias y líderes de la comunidad, han expresado su llamado constante para que el Congreso llegue a una solución que les permita regularizar su estatus migratorio de manera permanente. Momentos de ese sube y baja de emociones a través de los años han quedado documentados en esta serie de imágenes captadas en Nevada por nuestros fotógrafos.

Mientras los beneficiarios de DACA saborean el momento, la decisión de la Corte Suprema contrasta con una realidad más dura, el hecho de que el programa sigue siendo una solución temporal a un problema que se ha convertido en un balón político durante casi dos décadas.