La experiencia de Victor Cordón es típica en el sentido de que las agencias policiales locales "se convierten esencialmente en la válvula de succión que lleva a las personas a la deportación", señaló Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

En medio de las secuelas a causa del disturbio violento en el Capitolio federal la semana pasada, el Presidente Donald Trump visitó este martes Alamo, Texas, para celebrar la construcción del muro en la frontera con México; tema clave durante su campaña desde 2016.

A principios de este mes, un tribunal federal emitió un fallo en contra de la "regla de carga pública" de la administración Trump, que descalifica a inmigrantes que están inscritos en ciertos programas de asistencia pública para solicitar su admisión a los Estados Unidos por medio de visas de residencia permanente, comúnmente conocidas como ‘tarjeta verde” o green card.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó la orden este miércoles por la mañana, citando el cumplimiento de medidas cautelares preliminares que impiden que el gobierno federal ponga fin al TPS para personas de El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras, Nepal y Haití durante el litigio pendiente.

Con la administración Trump limitando el número de refugiados en el país a un mínimo histórico de 15,000 en el año fiscal actual, las oportunidades para que personas de países devastados por la guerra empiecen de nuevo en los EE. UU. cada vez son más escasas.

La tarde de este viernes los DREAMers de Nevada celebraron la decisión de un juez que requiere que el gobierno federal restaure completamente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) para que funcione como lo hacía antes de septiembre del 2017, cuando el Presidente Donald Trump lo canceló.

El Presidente electo Joe Biden se embarcará en lo que probablemente sea una batalla para entregar un ambicioso plan de reforma migratoria dentro de los primeros 100 días de su gobierno, mientras se enfrenta a un Congreso dividido.

El recorrido en autobús "Camino a la Justicia" del grupo defensor de los inmigrantes Alianza Nacional TPS partió de Los Ángeles el lunes pasado y recorrerá todo el país hasta el 13 de noviembre hasta llegar a Washington, D.C. para solicitar al Congreso la residencia permanente para los beneficiarios; destacar el trabajo de los inmigrantes durante la pandemia y alentar a los votantes elegibles a acudir a las urnas el 3 de noviembre.

Eduardo Moreno y su pareja se encuentran entre las familias con estatus migratorio mixto que han sido excluidas de los programas de ayuda federal y estatal que están enfocados en atenuar el golpe económico causado por el COVID-19. Moreno es indocumentado y su pareja y sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

Un nuevo reporte publicado este miércoles por Make the Road Nevada, un grupo en defensa de los inmigrantes, y The Center for Popular Democracy, una organización progresista, destaca los desafíos que enfrentan las comunidades de color, en particular se enfoca en el 7 por ciento de los nevadenses quienes son indocumentados y han sido excluidos de apoyos federales y estatales durante la pandemia.

Más de 400,000 beneficiarios del TPS viven en los Estados Unidos, incluyendo más de 4,000 en Nevada. Cerca de 450,000 ciudadanos estadounidenses viven en un hogar con un beneficiario del programa, incluyendo unos 280,000 niños nacidos en los EE. UU. quienes son menores de 18 años y podrían verse obligados a mudarse a un país que no conocen, o a separarse de sus padres si ellos pierden el TPS y son deportados.

Tres jueces federales para el Distrito Sur de Nueva York dictaminaron de manera unánime que el memorando del Presidente Donald Trump para retener el número de inmigrantes indocumentados del censo era una extralimitación de poder. Nevada tiene la proporción más alta de inmigrantes indocumentados en la unión americana, representando el 7 por ciento de la población en 2016.

La legisladora recorrió el Centro de Detención del Sur de Nevada, que alberga a detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) así como a reclusos bajo custodia del alguacil de los EE.UU.; lo anterior como parte de una visita congresional oficial de supervisión. Dijo que la visita reforzó su posición de que es necesario que haya cambios importantes en las prácticas de control de inmigración del país.

El Fondo Esperanza brindará alivio financiero a comunidades de inmigrantes en Nevada que pasan dificultades luego de haberse quedado fuera de previos paquetes de estímulo económico federal debido a su estatus migratorio.

Una carta con fecha de junio de 2020 de la Oficina del Inspector General dirigida a la oficina de la Senadora, explica que ya se había iniciado una investigación y se determinó que una empleada de la oficina postal en Salt Lake City desechó intencionalmente los documentos federales de inmigración que se habían extraviado.

El aumento será del 83 por ciento para el proceso de naturalización, 34 por ciento para permisos de trabajo, tarifas adicionales para las tarjetas de residencia y una tarifa de 50 dólares para solicitantes de asilo; lo que posiciona a los EE. UU. en uno de los cuatro países — junto con Irán, Australia y Fiji — que cobrará por una solicitud de asilo.

El memorando responde a una decisión que emitió en junio la Corte Suprema, en la que los jueces confirmaron el programa — dictaminando que el Presidente Donald Trump lo anuló de manera arbitraria y caprichosa en el 2017 — y devolvió el tema a la administración para que presentara otros argumentos.

El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, dice que se ha unido a una coalición de estados, incluyendo Nueva York y Colorado, en una demanda contra el memorando del presidente Donald Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados de ser contados en el censo de este año.

El reporte encontró que Las Vegas brinda una infraestructura limitada para atender a las familias inmigrantes, a pesar de la gran población de inmigrantes que hay en la ciudad, además hay una coordinación limitada para divulgar información sobre la regla de carga pública entre las organizaciones que les ofrecen servicios.