Un juez de Nevada acusó la semana pasada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ignorar una orden judicial de cumplimiento obligatorio y de incurrir en "desorden institucional" porque dicha agencia federal ha seguido aplicando la política de "detención obligatoria" de la administración Trump que el juez ya había declarado ilegal.   

A finales de marzo, el juez federal Richard Boulware II determinó que ICE no puede encarcelar a todas las personas que enfrentan deportación. Se calculó que ese fallo afectaría a cientos de personas permitiendo que hasta 60 individuos por semana pudieran solicitar su libertad en Nevada después de un arresto de inmigración.  

Boulware dijo que en varias ocasiones ICE no había acatado la decisión que emitió en marzo en el caso Jacobo-Ramirez v. Noem. El juez hizo la acusación en una resolución sobre una demanda presentada a nombre de siete personas detenidas en Nevada, quienes indicaron que fueron arrestadas sin una orden válida o sin recibir ninguna determinación en cuanto a si permanecerían bajo custodia o podrían ser puestas en libertad bajo fianza migratoria.  

Desde que entró en vigor en julio de 2025, más de un centenar de jueces en todo el país han dictaminado en contra de la política de detención obligatoria de la administración Trump. El gobierno federal la ha presentado como pieza clave de su agenda de deportaciones masivas. La política, que aplica a la mayoría de los inmigrantes que cruzaron la frontera de manera irregular, les impide solicitar a un juez de inmigración que considere su libertad bajo fianza.  

"El gobierno se está rebelando contra el principio básico de nuestro orden constitucional de que 'una orden emitida por un tribunal … debe ser acatada por las partes hasta que sea revocada'", escribió Boulware en su decisión. Señaló que el gobierno federal no ha apelado su fallo de marzo, la cual sostuvo que la política de detención violaba la ley federal.  

El documento también incluye como demandados al Alguacil del Condado Washoe, Darin Balaam, y al Centro de Detención del Sur de Nevada, responsables de mantener bajo custodia a los detenidos. Según la demanda, Balaam y el centro afirmaron que no tenían "autoridad independiente" para poner en libertad a los demandantes.  

En una respuesta al tribunal, Balaam dijo que él "solo es el custodio" de los detenidos "según un acuerdo de servicios de detención con ICE".  

Ni la Oficina del Alguacil de Washoe ni el Centro de Detención del Sur de Nevada respondieron a una solicitud de comentarios. ICE tampoco contestó si piensa acatar el fallo judicial ni si se había puesto en libertad a los demandantes.  

CoreCivic, la empresa que administra el Centro de Detención del Sur de Nevada, dijo el miércoles a The Nevada Independent que esa compañía "no aplica leyes de inmigración, no arresta a nadie que pueda estar en violación de esas leyes, ni tiene participación alguna en decidir si una persona es detenida".  

Ninguno de los demandantes aparecía registrado en el Centro de Detención del Condado Washoe hasta la tarde del martes, según una base de datos del condado.  

El fallo representa un avance significativo en la batalla legal acerca de las políticas de detención migratoria en Nevada. La decisión de marzo marcó un triunfo para defensores de los inmigrantes en el estado, al ser la primera vez que una demanda colectiva logró revertir una política del Departamento de Seguridad Nacional. Algunos activistas esperaban que el fallo frenara el ritmo de detenciones en Nevada, que ha aumentado significativamente en el último año.  

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nevada, que representa a los demandantes, dijo que "nunca había visto algo así".  

"Rara vez vemos a una agencia gubernamental ignorar de manera tan abierta y descarada las órdenes de un tribunal federal", señaló Haseebullah.  

En su orden más reciente, Boulware describió el caso como parte de una tendencia más amplia de incumplimiento por parte de funcionarios federales de inmigración en Nevada, especialmente después del fallo de marzo. 

El juez hizo referencia a una demanda de abril que alegaba que ICE trasladó a un detenido fuera del distrito en violación de una orden judicial, y señaló otro caso de mayo que afirmaba que el gobierno no proporcionó una base legal para la detención de un inmigrante.  

En lugar de que los demandados pasaran por audiencias de fianza, Boulware ordenó la semana pasada que los siete demandantes fueran puestos en libertad el lunes y que no se les pueda volver a detener hasta que sus procesos de deportación tengan una audiencia en la corte de inmigración. El juez advirtió que mantener detenidos a ciertos inmigrantes podría causar que pierdan audiencias ya programadas.  

"Ordenar una audiencia de fianza aquí permitiría, en la práctica, que el Gobierno convierta una detención ilegal en una legal", escribió Boulware.  

Este reporte fue traducido del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.