Inmigración. Frontera. Redadas. Trabajo. Familia. Son algunos de los pensamientos que últimamente parecieran dar más vueltas en las mentes de los millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí, en el llamado “país de las oportunidades”.

La incertidumbre sobre su futuro los ha acompañado todos los días, pero desde el 25 de enero la preocupación para muchos de ellos es mayor. En esa fecha, el Presidente Donald Trump firmó un documento titulado "Orden Ejecutiva: Seguridad Fronteriza y Mejoras a la Aplicación de la Inmigración", una medida que generó preguntas y confusión entre los ciudadanos estadounidenses, visitantes, portadores de las tarjetas de residencia, activistas y la comunidad de inmigrantes en general.

Reportes de redadas masivas ocurridas en seis estados fueron informados por  medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos el diario El País.

La Radio Pública Nacional (NPR) informó que no se sabe cuántas personas fueron detenidas en todo el país. El New York Times dijo que agentes de inmigración arrestaron a 600 personas en los Estados Unidos en el transcurso de una semana. Univision en San Antonio informó el 12 de febrero que en los últimos cinco días, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos  (ICE, por sus siglas en inglés) había detenido al menos a 361 inmigrantes indocumentados en todo el país. Un artículo publicado el 11 de febrero por el diario mexicano La Jornada, dijo que 361 inmigrantes indocumentados detenidos por (ICE) fueron manejados en al menos seis estados.

Ante este panorama, la comunidad se pregunta cómo debe actuar en el caso de una redada de inmigración. The Nevada Independent En Español conversó al respecto con una abogada de inmigración, autoridades y organizaciones locales sin fines de lucro.

Derechos constitucionales

Amy Rose, Directora de ACLU Nevada (American Civil Liberties Union, ACLU por sus siglas en inglés) hizo énfasis en que lo primero que deben saber las personas, aunque sean indocumentadas, es que tienen derechos constitucionales que aplican si están aquí en Los Estados Unidos “y eso nadie se lo puede quitar”, expresó.

Rose informó que esos derechos incluyen guardar silencio, pues las personas no tienen por qué discutir su estatus migratorio con nadie, ni la policía, ni cualquier tipo de agencias del orden. Agregó también que no se tiene que contestar preguntas relacionadas con dónde nació, si se es ciudadano, o como entró a Los Estados Unidos.

Así mismo, indicó que, si un oficial de policía o de inmigración llegan a tocar a la puerta de alguien, es muy importante que las personas entiendan que no tienen que dejar entrar a nadie a su casa, incluyendo a la policía o un oficial de inmigración, a menos que ellos tengan una orden que les permita hacerlo.

“Si usted está en Las Vegas y ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) toca a su puerta, pregúnteles si tienen una orden, y si la tienen, pídales que dejen que usted la vea. Y si puede, pídales que se la pasen por debajo de la puerta o se la enseñen a través de la ventana para que vea lo que dice, porque si es una orden de registro, tienen permitido entrar a buscar y pueden registrar áreas que están en la lista de esa orden,” dijo.

Rose explicó también que, si se trata de una orden de arresto, entonces un oficial de la policía puede entrar a arrestar a quien esté en dicha orden.

Otros puntos que las personas indocumentadas deben seguir en caso de una redada migratoria, de acuerdo con Rose, son no decir mentiras acerca de su estatus migratorio, no mostrar ni llevar consigo documentos falsos y no firmar nada sin antes consultar con un abogado.

Prioridades de deportación

La Abogada Pereira, quien ha ejercido su profesión en Las Vegas por casi 15 años, comenzó por aclarar que el Presidente Trump ha dado una orden ejecutiva que amplía las prioridades de deportación, pero que no puede considerarse que esa sea la palabra final:

“Hasta que no veamos el memorándum del Departamento de Seguridad Nacional, y hasta este momento el memorándum no sale.” Así mismo, indicó que esperaba que el citado documento fuera dado a conocer pronto, pues de esta manera se podría determinar mejor a quiénes pueden ayudar los abogados.

Pereira comentó que la situación real es que las personas que tienen felonías agravadas son la prioridad número uno y están más expuestas todavía porque ICE los está buscando. Como ejemplo citó:

“Todos aquellos que han cometido un crimen de violencia por el que tienen una sentencia mayor de un año, y ahí están incluidos los que tienen tráfico de drogas, violaciones sexuales, crímenes por armas de fuego, robo agravado, o robo de auto.”

En ese sentido, la abogada agregó que no importaba la antigüedad de los casos, o si la persona había cumplido con todo lo indicado por un juez, pues las leyes de inmigración son retroactivas.

Pereira continúo explicando que, según la nueva orden ejecutiva, otras situaciones consideradas como prioridad para deportación son personas que hayan tenido un arresto o una convicción de cualquier tipo.

A manera de mensaje para la comunidad, la abogada dijo que este era un buen momento para enfatizar de manera drástica a nivel nacional el trabajo de los millones de inmigrantes indocumentados que están haciendo cosas buenas, criando hijos que van a la universidad, aprendiendo inglés en las circunstancias más difíciles, o que están haciendo negocios a pesar de estar indocumentados.

Comunidad y sus representantes

El sábado 18 de febrero, en el East Las Vegas Community Center, se llevó a cabo el foro informativo “Conozca sus Derechos,” mismo que fue convocado por el Caucus Hispano Legislativo de Nevada, y que contó con la participación de algunas organizaciones no lucrativas.

El evento tuvo como objetivo proporcionar a la comunidad inmigrante información de primera fuente en cuanto a los recursos y servicios de ayuda disponibles, y al mismo tiempo abrir un espacio para que los asistentes pudieran aclarar sus dudas o temores.

La mesa de panelistas estuvo conformada por Rebeca Ramírez, Cónsul de Protección en el Consulado de México en Las Vegas, Silvia Esparza; abogada de inmigración, Amy Rose, Directora de ACLU, Jacinto Rivera; Oficial de Las Vegas Metropolitan Police Department, y el Concejal de North Las Vegas Isaac Barrón.

Además de los trámites de rutina, Rebeca Ramírez explicó que el consulado está haciendo registros de doble ciudadanía para los hijos de padres mexicanos que hayan nacido en Los Estados Unidos: “Creemos que es importante que la comunidad registre a sus hijos como nacionales mexicanos aunque también sean estadounidenses, porque esto les da doble protección y dobles derechos.”

Ramírez agregó también que el Centro de Información y Asistencia a mexicanos o CIAM, pone a disposición de sus nacionales en el exterior el número 1855- 4636-395, línea telefónica disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana para servicios como localizar a algún familiar si ha sido detenido, actualidad migratoria o futuros foros comunitarios.

En el foro informativo estuvieron presentes los demócratas Catherine Cortez-Masto, la primera Senadora  Latina del Congreso en Los Estados Unidos representando a Nevada; Ruben Kihuen, Congresista Federal por Nevada; Olivia Diaz, Asambleísta por el Distrito 11; Mo Denis, Senador Estatal por el Distrito 2, Yvanna Cancela, Senadora Estatal por el Distrito 10; Dina Neal, Asambleísta por el Distrito 7, y William McCurdy II, Asambleísta por el Distrito 6 de Las Vegas.

Policía local

Por su parte, el Oficial Jacinto Rivera informó que siempre ha habido relaciones entre el gobierno federal y las agencias locales, por lo que trabajar con ICE no es nada nuevo y es algo que requiere un acuerdo entre ambos niveles de agencias.

Con respecto al llamado 287 (g), Rivera dijo que desde el 2009 Las Vegas Metropolitan Police Department ha optado por colaborar con ICE en uno de los dos aspectos primarios del programa, el Centro de Detención del Condado Clark.     

El programa 287 (g), una de las principales iniciativas de asociación de ICE, permite que una entidad estatal o local de aplicación de la ley entable una asociación con ICE, bajo un Memorándum de Acuerdo conjunto (MOA, por sus siglas en inglés). La entidad estatal o local entonces recibe autoridad delegada para la aplicación de inmigración dentro de su jurisdicción.

“Ahí es donde sí tenemos un acuerdo con ICE. Básicamente el acuerdo les da a 20 oficiales que funcionan exclusivamente en el centro de detención, permiso de obtener acceso a la base de datos de ICE, que quiere decir que es un paso adicional, parte del proceso de ser encarcelado, entonces simplemente revisamos los antecedentes según ICE de esa persona y así nos enteramos mejor a quién tenemos en custodia.”

Rivera agregó que la otra rama del 287 (g) y en la que la policía de Las Vegas no participa, tiene que ver con los patrulleros: “Esto quiere decir que un oficial en la calle, en una patrulla, no puede detener a una persona simplemente para conducir una investigación de inmigración. Obviamente vamos a responder a llamadas de crimen local y estatal, pero nada más para eso."

Rivera aclaró que 287 (g) no ha sido formalmente suspendido, a pesar de lo que ha sido reportado por algunos medios de comunicación. El programa ha estado en funcionamiento desde 2009. Explicó cómo funcionaban las cosas en el pasado y qué ha cambiado:

“Lo que normalmente pasaba, la persona era arrestada por un cargo local, al darse cuenta los oficiales que era una persona indocumentada, se le daba a saber a ICE que estaba bajo nuestra custodia. ICE nos decía ´deténganlo para que nosotros respondamos y lo entrevistemos´, entonces según nuestros abogados y según el departamento preferimos no seguir con esas detenciones porque las consideramos que eran en contra de la constitución.”

Rivera agregó que garantizaba que ninguna agencia local va a llevar a alguien al centro de detención exclusivamente porque la persona es indocumentada, y que el Sheriff Joe Lombardo ha sido muy claro en que los oficiales locales no van a actuar como agentes federales en asuntos de deportación. Esto se debe a que la policía está enfocada en asuntos criminales, y no tienen los recursos o el espacio en el Centro de Detención del Condado de Clark para involucrarse con tales esfuerzos, agregó.

“Me preocupa”

En breve charla con este medio de comunicación, La Senadora demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto, quien asistió al foro informativo, dijo que una de las primeras cosas que hizo tras haber sido juramentada como senadora, fue reunirse con ICE en Nevada para saber cuáles eran sus prioridades y asegurarse de construir una relación con dicho organismo.

Cortez expresó que tras esas conversaciones con ICE, que su entendimiento es que ellos van a continuar su camino de dar prioridad a aquellos que son criminales violentos y a los individuos que son una amenaza “para nuestras comunidades.”

La Senadora demócrata indicó también que se sentía contenta con lo que le habían informado a nivel local, pero que le preocupaba lo que estaba viendo en otros estados y a lo largo del país, por lo que varios senadores interesados en iniciar conversaciones con ICE en Washington DC, quieren saber qué se les está diciendo a sus agentes.

“Lo que más me preocupa” dijo Cortez, “es este draft descubierto supuestamente del Departamento de Seguridad Nacional sobre el uso de nuestra Guardia Nacional, porque está claro, ya sea que lo implementen o no, que la mentalidad de la actual administración es ir tras nuestra comunidad inmigrante sean criminales o no.”

En ese sentido, Cortés agregó que no se debe ir tras las personas para hacer que se esconden en sus casas y les dé miedo salir, pues eso no refleja lo que es este país ni con ello se está dando atención a los problemas de seguridad. La Senadora dijo además que el país tiene un sistema de inmigración quebrantado y que se necesita aprobar una reforma integral de inmigración en lugar deportar a las familias y a sus hijos.

Este artículo fue actualizado a las 8:32 a.m para aclarar que la Asambleísta Olivia Díaz representa al Distrito 11.