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Custodios caminan dentro de la Prisión Estatal High Desert. Viernes 4 de enero de 2019. (Foto: Daniel Clark/The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Nombre formal: Enmienda de los Comisionados de la Junta Estatal de Indultos

Tipo de medida: Resolución legislativa para enmendar la Constitución de Nevada

Resumen de lo que hace: Desde que se instituyó la Constitución de Nevada en 1864, ese documento ha otorgado al gobernador, al fiscal general y a los miembros de la Suprema Corte del estado el poder de "remitir multas y bienes decomisados", "conmutar castigos" y "otorgar indultos, después de dictar sentencias".

Este poder de perdón tiene limitaciones; requiere que el gobernador esté en el lado prevaleciente y limita cualquier conmutación de la pena de muerte o cadena perpetua. Tampoco puede otorgar indultos en casos de alta traición o juicio político.

A diferencia del poder de indulto del presidente, un indulto en Nevada no sella los antecedentes penales ni borra efectivamente una sentencia penal anterior. En cambio, "elimina todas las inhabilitaciones resultantes de la condena". 

Cuando los internos son puestos en libertad, la ley de Nevada (a partir de 2019) les devuelve el derecho al voto, pero derechos civiles como la posesión de armas o la capacidad para servir en un jurado, no se pueden restaurar a menos que se les conceda un indulto.

En la práctica, este poder es ejecutado por la Junta Estatal de Comisionados de Indultos, que se cita y tiene otras prácticas y funciones descritas en la ley estatal, incluyendo el requisito de sesionar al menos dos veces al año.

Si los votantes la aprueban, la Pregunta 3 hará varios cambios constitucionales que afectarán a la Junta de Comisionados del Indulto.

Además de nombrar a la junta en la Constitución, la enmienda permitiría a cualquier miembro de la junta presentar asuntos para su consideración (en lugar de que solo lo pueda hacer el gobernador). También elimina el requisito de que el gobernador sea parte de la mayoría para cualquier decisión que tome la junta, eliminando ese poder de veto efectivo.

Las investigaciones demoran casi un mes cada una, pero los funcionarios de indultos dijeron a los legisladores en 2019 que el número de solicitudes de indulto aumentó significativamente en años recientes, con un rezago en ese momento de unas 200 solicitudes. Davis dijo a los legisladores que el proceso de presentación de una solicitud y la finalización de una investigación pueden demorar hasta dos años.

Argumentos a favor: Quienes la apoyan (en un resumen presentado a la oficina de la secretaría del estado) dicen que los cambios en la Pregunta 3 permitirían a los Comisionados de la Junta de Indultos procesar su trabajo "de una manera más oportuna y eficiente".

Los partidarios dicen que, en seis de los recientes diez años, la junta de indultos solo se ha reunido una vez durante el año calendario, lo que ha generado una acumulación de solicitudes de indultos y conmutación de sentencias. Requerir que la junta sesione trimestralmente permitiría un procesamiento más oportuno de esas solicitudes.

Eliminar el poder del gobernador para vetar solicitudes también haría que la junta sea más democrática y permitiría que se otorguen indultos basados ​​en la "sabiduría colectiva" de la junta, en lugar de depender simplemente de los caprichos del gobernador.

Argumentos en contra: Los opositores dicen (en un resumen presentado a la oficina del secretario de estado) que exigir que la junta sesione trimestralmente puede ser ineficiente, ya que tal vez requiera sesionar incluso si hay una falta de solicitantes calificados.

También dicen que, como director ejecutivo del estado, el gobernador debe tener el derecho de bloquear las decisiones de la junta de indultos para otorgarlos. También argumentan que permitir que otros miembros de la junta propongan asuntos "disminuye el poder constitucional del gobernador y su capacidad para actuar en el mejor interés de la justicia y la equidad".

Impacto financiero: El análisis fiscal de la Oficina de Asesoramiento Legislativo en torno a la pregunta de la boleta electoral determinó que la adopción de la medida probablemente le costaría al estado hasta un cuarto de millón de dólares al año, debido a que se necesitarán más sesiones y personal adicional para procesar una carga de trabajo ampliada.

El requisito de la pregunta de la boleta de que la Junta de Comisionados de Indultos se reúna trimestralmente quizás aumentará el costo base de las sesiones, ya que la junta anteriormente solo se reunía una o dos veces al año. Los analistas fiscales dijeron que el costo promedio de realizar una sesión, basado en los gastos históricos, es de unos $4,250.

La División de Libertad Condicional del estado, que brinda apoyo con personal para la junta, también indicó a los analistas fiscales que el aumento esperado de la carga de trabajo requeriría dos miembros del personal para manejar la carga de casos (a un costo de $175,000 dólares por año fiscal) y un puesto administrativo, con un costo de $65,000 por año fiscal.

Estatus: Si es aprobado por la mayoría de los votantes, el lenguaje de la Pregunta 3 pasará a formar parte de la Constitución de Nevada el 24 de noviembre. 

Este proyecto se produjo con el apoyo de una subvención del American Press Institute.

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