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Hay tres tipos de estafas dirigidas a las minorías en Nevada, según una experta en asuntos al consumidor que rastrea a operadores sin escrúpulos.

En la mayoría de los casos, los estafadores pretenden ser alguien que no son, atrayendo cada vez más a sus víctimas mediante falsas promesas y donde los servicios nunca se cumplen. Juegan con las emociones de sus víctimas, se aprovechan de sus necesidades y sueños. Buscan formar una fuerte relación con sus clientes, y los inducen a confiar en ellos. Estos son los factores comunes que hacen que estas estafas funcionen, según el Buró de Mejores Negocios (Better Business Bureau, BBB, por sus siglas en inglés).

¿Cómo funcionan y qué puede hacer usted para protegerse?

Miriam Lira-Hickerson, Ombudsman Estatal de Asuntos al Consumidor para Minorías en el estado de Nevada, ve pasar por su oficina cualquier asunto de consumidor en el que haya habido dinero de por medio y no se haya recibido una respuesta.

Esta oficina también está involucrada en estrategias para educar y proteger a los consumidores contra las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas, así como cualquier caso que tenga que ver con intercambio comercial.

Hickerson dice que tres de las estafas más comunes dirigidas a las minorías son asuntos relacionados con la asistencia para la preparación de impuestos, inmigración y contratistas que no ofrecen los servicios que prometen.

Impuestos

La temporada de impuestos crea oportunidad para estafas porque la naturaleza de estos servicios implican el intercambio de información sensible que potencialmente podría verse dañada.

Uno de estos escenarios involucra a agentes de trámites de impuestos que obtienen datos de las personas para completar formularios individuales de declaración tributaria, pero luego alteran la información o cantidad — es decir, deducciones o exenciones fraudulentas — en los formularios que realmente se envían al Servicio Federal de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS, por sus siglas en inglés).

Su objetivo es recaudar un mayor reembolso de impuestos a nombre del individuo, y luego darle a la persona un cheque de reembolso por menos de la cantidad que recaudaron del IRS.

Cuando los contribuyentes se dan cuenta que han sido engañados, y si intentan hacer una reclamación, la agencia estafadora amenaza con denunciarlos a inmigración, o por fraude al IRS .

“Mi oficina hace una investigación inicial, y si encontramos una situación donde tengamos que reportar directamente, ya hablamos con el Departamento de Tesorería en el IRS”, indicó Hickerson.

También existe una estafa común en la cual personas se hacen pasar por agentes del IRS, por lo cual esta agencia ha emitido una alerta a los contribuyentes acerca de como operan los estafadores, incluyendo llamadas telefónicas amenazantes, mensajes de texto, contacto en las redes sociales, exigiendo pagos a través de tarjetas de regalo o transferencias electrónicas, y hasta amenazando con mandar a las personas a la cárcel si no se hace el pago inmediato.

Inmigración

Personas que buscan obtener tarjetas de residencia, ciudadanía o visas de trabajo, también son blanco fácil de los estafadores.

“El problema de inmigración ha sido un común denominador”, afirmó Hickerson. “Las personas encuentran al individuo que les dice ‘yo puedo, yo lo hice, tengo un conocido dentro de inmigración’, entonces están asumiendo que el camino corto existe, y que todos los abogados que ya les dijeron que no, esta persona les dijo que sí”.

No hay atajos, pero la comunidad inmigrante no siempre lo sabe.

“Es muy triste que uno sea el blanco para muchos estafadores,” dijo a The Nevada Independent una mujer de Las Vegas que pidió mantener su nombre en el anonimato, y que confió en dejar su futuro y el de su familia en manos de Olga Norma Benavidez, una mujer que estafó a más de una docena de personas, prometiéndoles asistencia con trámites para regularizar su presencia legal en Los Estados Unidos.

La mujer conoció a Benavidez por referencia de otra persona.
“Me acuerdo que nos dijo ´nada más necesito que me paguen $7.500´, supuestamente para iniciar el trámite de una visa de trabajo y conseguir la ciudadanía para mi hija”, dijo.

La víctima empezó a darse cuenta que no llegaba nada en el correo y que no había evidencia de su caso, a pesar de que había hecho depósitos en la cuenta personal de Benavidez, quien tampoco le dio recibos.

La mujer continuó haciendo negocios con Benavidez hasta que se anunció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, por sus siglas en inglés) mismo que beneficiaba a la hija de la víctima.

Le notificó a Benavidez acerca de ese nuevo programa, quien le aconsejó que no procediera, pues los supuestos documentos para la joven ya estaban por salir. A pesar de ello, la señora sí continuó con la solicitud de DACA para su hija.

Fue a estas alturas cuando la afectada empezó a tener sospechas más concretas, por lo que se dio a la tarea de averiguar más acerca de Benavidez y de la persona que se encargaba de transportarla de un lugar a otro.

“Cuando empiezo a hablar con él, era otra persona igual que yo, a la que Benavidez le estaba arreglando su caso”, dijo la señora. “Así es como nos dimos cuenta que las cosas no concuerdan. Empiezo a buscar en el Internet, y me doy cuenta que, en el 2000, ella había sido arrestada por un delito similar, que se había hecho pasar por una agente de inmigración”.

En diciembre del 2014, ambos contactaron a Hickerson, a quien conocieron gracias a su programa de radio “Protección al Consumidor”. Le explicaron que habían ido a la Policía Metropolitana de Las Vegas, pero no recibieron ayuda.

“Fue hasta que ella intervino y nos acompañó, que nos abrieron un caso”, dijo.

Una vez que Hickerson explicó a la policía que se trataba de un delito criminal y no civil, se abrió un caso.

De acuerdo con datos proporcionados por Hickerson, la resolución del caso Benavidez fue posible en primera instancia a los esfuerzos de la Oficina Estatal de Defensoría al Consumidor de Minorías y The Nevada Department of Business and Industry.

En el récord inicial fueron 16 las víctimas identificadas por esa oficina, pero solo 11 decidieron proceder en contra de Benavidez. Cada persona pagó un promedio de $7.000.

“Es muy importante que la gente sepa que, si inician un proceso legal, es recomendable que lo sigan, porque la ley tiene protección para víctimas,” dijo Hickerson.

La Unidad de Fraude de la Oficina del Procurador General presentó cargos contra Benavidez a nombre de las víctimas.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer el 27 de mayo del 2015 por el Procurador General de Nevada, entre marzo del 2012 y marzo del 2014 Benavidez se hizo pasar por una empleada federal argumentando que trabajaba muy de cerca con un “jefe de inmigración” que no existía, cobrando a sus víctimas cantidades que sumaron un total de más de $50.000. Benavidez se declaró culpable de robo de delito grave en el Octavo Tribunal Judicial del Distrito por un cargo de robo de $3.500 o más.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Benavidez también está obligada a pagar a las 11 víctimas la restitución de más de $50.000.

A pesar de la seriedad de las condenas de este tipo, Hickerson aclaró que para la comunidad inmigrante no hay ventaja en reportar crímenes en términos de su estatus legal en los Estados Unidos.

“Es un proceso criminal, se hacen cargos a la persona victimaria, pero el proceso migratorio no va a ser un alivio para este tipo de casos”.

Escuelas fantasma

Otro escenario en el que las minorías no sólo ponen su dinero en riesgo, sino que en algunos casos, hasta su estatus migratorio, es cuando son engañados por personas sin licencia que se hacen pasar por educadores.

"Personas que están dando clases de cualquier ámbito, en este caso, de belleza, podría mencionar”, dijo Hickerson. “Las personas están yendo a academias en donde les enseñan este tipo de cursos de cosmetología, aunque los instructores no están calificados”.

De acuerdo con Hickerson, estas agencias falsas usan productos no regulados por el estado de Nevada, y dicen a los inmigrantes que no necesitan documentos que demuestren su estatus legal.

Cuando se dan cuenta de que han sido estafados, los inmigrantes son intimidados con amenazas de ser reportados al Servicio de Inmigración y control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement Agents, ICE, por sus siglas en inglés) si es que denuncian.

“Hemos parado muchas transacciones, en donde la gente ya está dispuesta a pagar este dinero”, dijo Hickerson. “El peligro es mayor debido a que dichas agencias parecen legítimas porque sí cuentan con localidades, pero no dan el servicio, lo cual constituye una práctica engañosa”.

Las redes sociales se han convertido en una de los principales plataformas para estas prácticas engañosas de comercio, ya que los estafadores las usan para anunciar servicios o productos gratis, o a precios muy accesibles.

“Ahí sí necesitas un número de Seguro Social, o están muy altas las colegiaturas”, explicó la Ombudsman, refiriéndose a instituciones educativas que son legítimas.

Bajo este escenario en particular, las clases son impartidas por personas no calificadas. Ya sea que el maestro no se presenta y se usan videos que se pueden ver gratis en YouTube, u ofrecen ir a dar clases a la casa de las personas. A veces hasta aseguran tener conexiones profesionales con celebridades con el fin de aparentar credibilidad.

Aquellas personas que consideren ser víctima de una transacción fraudulenta, pueden someter una queja a través del Departamento de Negocios e Industria.

Foto principal: Jeff Scheid para The Nevada Independent.