El Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Chad F. Wolf anunció este martes que dicha agencia rechazará todas las nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) mientras la agencia replantea el programa en su conjunto.

El memorando responde a una decisión que emitió en junio la Corte Suprema, en la que los jueces confirmaron el programa — dictaminando que el Presidente Donald Trump lo anuló de manera arbitraria y caprichosa en el 2017 — y devolvió el tema a la administración para que presentara otros argumentos. 

La decisión dio a los beneficiarios de DACA en todo el país la esperanza de un futuro seguro y a largo plazo en los Estados Unidos.

"De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, estoy decidido a considerar detenidamente si se debe mantener la política de DACA, anularse o modificarse", escribió Wolf en el memorando. "Mientras tanto, dadas mis serias preocupaciones sobre esta política, he determinado que se deben hacer algunos cambios de inmediato a la política para limitar su alcance en la transición".

El DHS también rechazará las solicitudes asociadas de Documentos de Autorización de Empleo y limitará las renovaciones de DACA a un año en lugar de dos, para entrar en vigor inmediatamente. 

Las solicitudes nuevas y pendientes para permisos de viaje fuera del país  [advanced parole] para beneficiarios de DACA también serán rechazadas, excepto bajo circunstancias extraordinarias.

Se resalta que las medidas son una acción provisional, pero como señaló en Twitter Michael Kagan, Director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), "esto PODRÍA ser la última acción importante que la administración de Trump tome respecto a #DACA antes de enero del 2021. Esto PODRÍA seguir siendo el status quo [situación actual] por algún tiempo".

La medida tiene un impacto en más de 12,000 beneficiarios de DACA en Nevada, quienes contribuyeron con casi $15 millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2018, según el Concilio Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council). 

Sin embargo, ya hay un debate entre abogados de inmigración acerca de si Wolf, como secretario interino del DHS, tiene autoridad legal para iniciar la implementación de esta medida.

"El memorando de #DACA de hoy pone de manifiesto si funcionarios Interinos inferiores, como @DHS_Wolf, poseen autoridad legal para efectuar un cambio radical", tuiteó Jeremy McKinney, vicepresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

El anuncio en Facebook de la Clínica de Inmigración de la UNLV afirmó que "el litigio es probable", lo que significa que DACA puede ser presentado ante la corte una vez más. La publicación también dice que las elecciones de noviembre serán clave para determinar el futuro del programa y alienta a todos los participantes de DACA a continuar renovando sus solicitudes, a pesar de la medida que se anunció este martes.

Kagan explicó que la directiva tendrá un impacto inmediato en los inmigrantes indocumentados más jóvenes quienes fueron elegibles para inscribirse en el programa por primera vez desde 2017, pero ahora permanecerán sin protecciones. 

"Los dejarán en el limbo por más tiempo", tuiteó Kagan. "Es probable que las cicatrices en sus vidas sean duraderas".

La medida también afecta a los beneficiarios que deberán pagar la cuota de casi $500 dólares para renovar su DACA cada año en lugar de cada dos años.

Partidarios de DACA argumentan que los participantes deberían poder permanecer en el país por muchas razones, incluyendo su contribución a la economía norteamericana. 

Una encuesta hecha en 2019 por el Centro Estadounidense para el Progreso (Center for American Progress) reveló que, de más de 1,000 beneficiarios de DACA que respondieron al cuestionario, el 96 por ciento tenían empleo o estaban inscritos en la escuela, y el 9 por ciento de los encuestados mayores de 25 años habían creado su propio negocio.

La misma encuesta encontró que el 93 por ciento manifestó estar preocupado acerca de su seguridad física, acceso y calidad a la atención médica, calidad en la educación, inseguridad alimentaria, y falta de vivienda si son deportados a sus países de origen.

La edad promedio de llegada de los encuestados a los Estados Unidos fue de seis años y más de dos tercios informaron no tener familiares directos en sus lugares de origen.