Es muy probable que la “Gran y Hermosa Ley" o One Big Beautiful Bill que firmó el Presidente Donald Trump a principios de este mes afecte la ayuda alimentaria para 1 de cada 6 nevadenses debido a más requisitos laborales que amenazan la elegibilidad de miles de beneficiarios, y a una mayor parte de costos administrativos del programa que deberá asumir el estado.

Dicha legislación recorta el financiamiento a nivel nacional en casi $186 billones de dólares para cupones de alimentos hasta 2034, lo que equivale a una quinta parte del total de los fondos federales asignados al programa. 

Esa parte incluida en la ley busca compensar algunos costos de extender recortes fiscales que resultarán en impuestos más bajos para todos los niveles de ingresos, pero principalmente para quienes más ganan.

Las estampillas de comida, oficialmente conocidas como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), brindan ayuda económica a personas de escasos recursos para comprar alimentos en ciertas tiendas. Los primeros indicios revelan que la ley provocará que cientos de miles de familias de Nevada reduzcan o pierdan sus beneficios.

Según el estado, eso incluye en Nevada a cerca de 10,500 refugiados, asilados, y personas con autorización temporal para ingresar o permanecer en los EE.UU. que están perdiendo su elegibilidad para SNAP.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indica que casi 500,000 nevadenses participan en el programa. El hogar promedio de Nevada que tiene SNAP recibió $166 en beneficios mensuales, lo que equivale a unos $6 diarios y $2,000 anuales, según un análisis del Centro de Prioridades Políticas y Presupuesto.

El grupo de expertos económicos Urban Institute calculó que 265,000 familias en Nevada podrían perder todos o algunos de sus beneficios, y 85,000 familias enfrentarían pérdidas de beneficios mensuales por al menos 25 dólares.

Los Republicanos argumentan que la ley garantizaría que personas físicamente aptas para trabajar laboren para recibir los beneficios, y restringiría que los no ciudadanos obtengan cupones de alimentos (los inmigrantes indocumentados ya tienen prohibido recibirlos).

Pero no todos están de acuerdo.

Lisa Segler, directora de operaciones y estrategia de Three Square, el banco de alimentos más grande de Nevada que distribuyó 41 millones de comidas el año pasado, dijo que "eso les está quitando el sustento a los beneficiarios".

“En lo que pienso es en que los niños tienen menos comidas, personas mayores que literalmente tienen que dejar de cenar y racionar más de lo que ya hacen y luego en familias que tienen varios empleos y apenas les alcanza”, dijo Segler.

Requisitos laborales

Nevada está exento del requisito para que beneficiarios de cupones de alimentos que sean "adultos sanos sin dependientes" realicen un trabajo remunerado de al menos 20 horas semanales. La exención está vigente desde principios de la pandemia debido a la alta tasa de desempleo en el estado, pero vence en enero.

Kristle Muessle, portavoz de la División de Servicios Sociales del estado que supervisa SNAP, señaló en un correo electrónico que la inscripción de casi 133,000 beneficiarios de SNAP se volvería a evaluar cuando expire esa exención.

La ley también amplía los requisitos laborales para incluir a adultos de 55 a 64 años y a personas con dependientes de al menos 14 años. Hay cerca de 82,000 beneficiarios de SNAP en estas categorías que ahora tendrían que cumplir esos requisitos laborales, indicó Muessle.

"¿Quién decide si un adulto mayor puede trabajar o no?", cuestionó Ian McDonough, economista de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) que investiga la inseguridad alimentaria. "La suposición es que si usted es un adulto mayor que no está trabajando, entonces está intentando defraudar al sistema, lo que no creo". 

¿Nevada tendrá que pagar parte de la iniciativa?

Nevada y otros estados tendrán que solventar una mayor proporción de costos administrativos.

Anteriormente, el gobierno federal reembolsaba la mitad del dinero destinado a la administración de estampillas de comida, pero a partir del año fiscal 2027, los estados tendrán que cubrir el 75 por ciento de los costos.

Gina Plata-Nino, subdirectora de SNAP para el Centro de Acción de Investigación Alimentaria, indicó que eso hará más difícil que el estado administre el programa de manera efectiva, lo que podría resultar en márgenes de error más altos que obligarán a Nevada a cubrir algunos costos de los beneficios.

“Los estados ya no cuentan con suficientes recursos para administrar el programa adecuadamente”, dijo Plata-Nino.