La ley de Nevada que estuvo en pausa por 40 años para requerir que menores de edad notifiquen a sus padres antes de someterse a un aborto, entrará en vigor a fines de abril después de que un juez federal suspendió una orden judicial que impedía su aplicación. 

La jueza del Tribunal de Distrito de los EE. UU., Anne Traum, dictaminó que la nueva política tendrá vigencia a partir de este 30 de abril.

Nevada tiene una ley desde 1985 que requiere notificación a los padres — o la omisión judicial del requisito de notificación — para que los médicos realicen abortos a menores. 

Sin embargo, la ley nunca se ha aplicado porque los tribunales federales la prohibieron antes de que entrara en vigor. Planned Parenthood del Condado Washoe interpuso una demanda para detener la ley argumentando que no cumplía con el fallo Roe vs Wade, el caso emblemático de la Corte Suprema que garantiza el derecho federal al aborto.

En 1985, el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Nevada otorgó una orden judicial preliminar contra la aplicación de la ley — que ratificó el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el Noveno Circuito, se hizo permanente en 1991, y desde entonces ha estado vigente. 

Pero cuando la Corte Suprema revocó Roe en 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Association, un grupo de fiscales de distrito de Nevada argumentó que la orden judicial se tenía que eliminar.

En diciembre de 2023 fiscales de distrito de los condados de Carson City, Storey, y Douglas, entre otros, presentaron una demanda solicitando quedar excluidos de la orden judicial.

El tribunal de distrito dictaminó inicialmente que ambas partes debían abordar los argumentos que proponían mantener la medida cautelar con fundamento en "motivos constitucionales alternativos". Pero este lunes, la corte de distrito falló a favor de los fiscales diciendo que la decisión de Dobbs implica que la medida cautelar ya no es jurídicamente válida.

El Presidente Joe Biden designó a Traum para el tribunal. En su decisión, ella escribió que el caso no era sobre los méritos de la orden judicial que prohíbe la notificación a los padres, sino acerca de si sigue siendo legal.