Después de un impulso de $25 millones de dólares para implementar planes para trabajar con habitantes que hablan otros idiomas, las agencias estatales ahora deben lidiar con la fecha límite para gastar los fondos.

Por su parte, el estado ahora enfrenta el problema contrario: Las agencias no han solicitado tanto gasto para implementar los planes como el que aprobaron los legisladores.

Desde la aprobación de la ley SB318 en 2021, las agencias estatales deben contar con planes de acceso lingüístico. Esa iniciativa se enfocó en garantizar que los distritos de salud implementaran planes para garantizar que personas con dominio limitado del inglés tuvieran acceso a servicios para frenar la propagación del COVID-19, pero también requirió que cada agencia del poder ejecutivo — juntas, comisiones, oficinas, consejos y departamentos — redactaran planes de acceso lingüístico cada dos años.

Hasta ahora, las agencias estatales se han quejado de que la burocracia y la falta de financiación adecuada dificultan la ejecución de estos planes — aunque no hacerlo constituye una violación de la ley estatal y de la Ley Federal de Derechos Civiles.

Para abordar ese problema, en 2023 los legisladores aprobaron la iniciativa AB480, la cual reserva $25 millones del fondo general del estado para que las agencias desarrollen y publiquen planes de acceso al idioma. Esos fondos se pusieron a disposición en julio pasado y las agencias tienen hasta junio de 2025 para solicitar el dinero. 

"Al solicitar esta financiación, ahora tenemos los fondos para seguir adelante e implementar estas partes del plan", dijo Ciara Ressel, vocera del Departamento de Agricultura de Nevada.

El 30 por ciento de los nevadenses habla en casa un idioma distinto al inglés, según la Oficina del Censo de los EE.UU., con la mayoría de ellos hispanohablantes y después quienes hablan “idiomas asiáticos y de las Islas del Pacífico”.

El Senador estatal Demócrata Fabian Doñate, quien patrocinó el proyecto de ley de 2021 que pide planes de acceso al idioma, señaló que lo hizo porque notó que en todas las agencias gubernamentales había una gran necesidad que no se estaba satisfaciendo.

“Le tuve que traducir a mi papá cuando le diagnosticaron diabetes. Ese ha sido mi punto de partida durante mucho tiempo”, dijo Doñate. “No dudo que también hay niños que le han traducido a sus padres en el DMV [Departamento de Vehículos Motorizados] o en otras situaciones”.

Según la Oficina de Nuevos Estadounidenses (ONA), que aprueba los planes de acceso lingüístico de las dependencias estatales, 97 agencias y juntas estatales han comenzado a implementar sus planes, incluyendo desde la traducción de documentos hasta la contratación de intérpretes internos y la recopilación de análisis demográficos. 

La ONA, que sólo cuenta con tres empleados, ha enfrentado retrasos en la contratación de una persona coordinadora de acceso lingüístico encargada de organizar dichos planes. Elena Guerra, la coordinadora, asumió su cargo hasta principios de 2024, aunque la financiación para el puesto estuvo disponible en octubre de 2023.

El costo de los programas de acceso lingüístico puede ser sorprendentemente alto. 

Según la ONA, hasta ahora sólo se han asignado unos $5 millones de los fondos que designó la AB480. Si las agencias no los utilizan para mediados de septiembre, el dinero restante regresará al fondo general del estado.

Muchas agencias estatales y la ONA señalan que los fondos del gasto único son suficientes para sostener sus planes a futuro.

Por ejemplo, el Departamento de Comercio e Industria, al que se le asignaron $200,000 dólares para su proyecto de acceso lingüístico, planea utilizar los fondos para comprar tecnología de traducción automática, la cual minimizaría la necesidad de contratar intérpretes. 

Muchas agencias ni siquiera necesitan solicitar financiamiento ya que tienen suficiente dinero en sus presupuestos para implementar los planes por su cuenta, explicó la directora de la ONA, Iris Ramos.

“Hasta ahora todo va sobre la marcha … Así que es difícil decir si tendremos algún problema en el proceso”, señaló Ramos.

Doñate y Ramos agregaron que los planes para buscar más fondos son inciertos. Doñate, sin embargo, aseguró que, a través del proceso presupuestario, los legisladores pueden intentar asegurarse de que los recursos no regresen al fondo general y se utilicen para satisfacer futuras necesidades de acceso al idioma.