El Estado de Nevada pagará $4.6 millones para resolver una demanda por negligencia que interpuso el patrimonio de Christian Walker, quien murió en 2023 mientras estaba en prisión.

La demanda afirma que la muerte se debió a agresiones brutales por parte de funcionarios penitenciarios estatales que incluyeron "el uso de una macana, repetidos puñetazos, patadas y gas pimienta".

Este martes, el gobernador, el fiscal general y el secretario del estado, integrantes de la Junta Examinadora, aprobaron sin comentarios el acuerdo. Una copia del documento indica que $2.7 millones se destinarán al patrimonio de Walker; que administra su madre, Annette Walker, y $1.8 millones serán para su asesor legal.

El Departamento Correccional de Nevada (NDOC) pagará $500, mientras que el resto del acuerdo provendrá del Fondo de Contingencias Estatutarias del estado. Ni el NDOC ni un abogado que representa a la familia Walker respondieron a solicitudes de comentarios de The Nevada Independent.

Según la demanda, Christian Walker fue encarcelado en 1997 por cargos de asesinato en segundo grado y pasó varios años en el Centro Correccional Southern Desert antes de ser trasladado a la Prisión Estatal High Desert, al norte de Las Vegas, donde permaneció solo tres días antes de su muerte. Tenía 44 años.

La primera agresión supuestamente ocurrió el 13 de abril de 2023, y Walker terminó recibiendo 17 puntadas. La demanda alega que los acusados, la mayoría funcionarios penitenciarios, “participaron, presenciaron o permitieron que Christian fuera brutalmente agredido con macanas y rociado con gas pimienta, lo que le causó pérdida de conocimiento”.

La moción del estado indicó que la agresión se debió a que Walker se negó a seguir órdenes de varios oficiales, lo que requirió una "intervención contundente y espontánea". Walker fue trasladado al Centro Médico Universitario, donde, según la demanda, "no recordaba lo sucedido".

Después de ser dado de alta y regresar al centro penitenciario, la demanda señaló que hubo una segunda paliza por parte de funcionarios penitenciarios, que Walker estaba desnudo durante la agresión, y que fue encontrado bajo el marco de la cama en posición fetal, acostado en un charco de sangre y gimiendo.

A pesar de su estado, la demanda alega que no recibió atención médica hasta las 6:30 a.m., unas 12 horas después, cuando un socorrista recibió una llamada relacionada con un paro cardíaco. Una hora después de la llegada del socorrista a la prisión, Walker fue declarado muerto.

Una de las personas demandadas, la Médico Forense Stephanie Yagi, dictaminó que la muerte de Walker se debió a una enfermedad cardiovascular hipertensiva y que la causa de su fallecimiento fue natural. La demanda alegó que el NDOC ocultó los registros médicos para que la muerte de Walker pareciera ser por causas naturales.

La madre de Walker contrató a Larry Simms, exmédico forense del Condado Clark, quien testificó en contra de las conclusiones de Yagi, afirmando que “las circunstancias de la muerte, junto con los hallazgos descritos en la autopsia, no respaldan la enfermedad cardiovascular hipertensiva como causa de la muerte. Más bien, las circunstancias de la muerte, junto con los hallazgos descritos en el reporte de la autopsia, respaldan un traumatismo craneoencefálico cerrado como causa de la muerte”.

La moción del estado para desestimar el caso indicó que “una investigación interna encontró que el uso de la fuerza utilizada por todos los funcionarios penitenciarios fue apropiado, y el médico forense concluyó que Walker murió por causas naturales”.

La demanda de la familia Walker sostiene que fue parte de un encubrimiento continuo por parte del NDOC para ocultar las muertes de reclusos.

La queja también afirmó que al momento de la presentación el 11 de abril de 2024, el NDOC no cumplió con un requisito estatal de informar sobre cualquier uso de la fuerza, lo que permitió que la muerte de Walker no se reportara.

En 2021 legisladores estatales aprobaron la ley SB212, que requiere que las entidades encargadas de hacer cumplir la ley envíen datos mensuales sobre el uso de la fuerza a la Oficina de Registros del Departamento de Seguridad Pública y al FBI.

La moción del estado para desestimar el caso indicó que “si bien los acusados ​​entienden y simpatizan con la Sra. Walker, quien comprensiblemente está en duelo por la pérdida de su hijo ... esas acusaciones no solo cuestionan la credibilidad y la ética de varios profesionales que se enorgullecen de su trabajo, sino que también buscan poner en tela de juicio la confianza del público en el NDOC como institución”.

Según un memorando legal, el acuerdo se alcanzó para evitar costos por recopilación de evidencia continua y un posible resultado adverso si el juicio pasaba a jurado.

Este reporte fue traducido del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.