Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad en una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

El Fiscal General de Nevada Aaron Ford se unió a otros 22 de sus homólogos para oponerse a una propuesta reciente de la administración Trump para eliminar protecciones establecidas en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) para mujeres quienes se hayan sometido a un aborto, personas transgénero y quienes tengan un dominio limitado del idioma inglés. 

La sección 1557 de las leyes anti-discriminatorias de ACA requiere que cualquier programa o actividad del cuidado de salud que reciba fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) provea acceso significativo al cuidado de salud para mujeres, comunidad LGBTQ, pacientes con dominio limitado del inglés y personas con capacidades diferentes. 

El gobierno propone cambios que eliminarían esas protecciones legales citando un litigio basado en leyes de libertad religiosa, y si la definición legal de “sexo” incluye la “identidad de género”. 

La administración Trump dice que los cambios ahorrarían 3.6 billones de dólares en cinco años, porque eliminarían el tener que notificar a las personas que pueden recibir documentos importantes en varios idiomas.  

Ford y otros fiscales quieren que se quiten esos cambios de la propuesta del reglamento. 

“La Administración Trump quiere dar licencias para discriminar, y fiscales generales como yo no lo toleraremos,” dijo Ford en un comunicado. 

El HHS dice que los cambios propuestos son para cumplir con los mandatos del Congreso, evitar el litigio, proveer alivio financiero y eliminar provisiones que son redundantes o contradictorias a las leyes de los derechos civiles que ya existen y prohíben la discriminación basada en raza, color de la piel, origen nacional, sexo, edad y discapacidad. 

Pero Ford y los otros 22 fiscales defendieron las provisiones de la ACA.

 “El Reglamento de 2016 ha jugado un papel esencial en motivar a que la población que ha sido marginada históricamente busque atención médica,” se indica en la carta. “El Reglamento Propuesto revocaría y anularía este progreso. Sometería a consumidores y pacientes a la discriminación y les haría más difícil tener acceso a los beneficios a los que tienen derecho”.

La propuesta cita varias leyes de antidiscriminación y las aplica a la atención médica, pero al adjudicarlas a la atención médica, el nuevo reglamento elimina a las actuales entidades que ya tienen cobertura y que caen en la categoría de “servicios humanos”, enfocando el lenguaje de anti-discriminación exclusivamente a programas del cuidado de la salud. 

Las Senadoras Demócratas por Nevada Jacky Rosen y Catherine Cortez Masto, quienes  junto con sus colegas del Senado mandaron su propia carta de oposición, coincidieron en que el reglamento redujo el alcance de las provisiones anti-discriminatorias. 

El reglamento también flexibiliza reglas de la ACA relacionadas con proveer servicios a quienes no hablan bien el inglés.

De acuerdo con el Censo de los Estados Unidos, un 30 por ciento nevadenses habla un idioma diferente al inglés y el 12 por ciento lo habla “menos que muy bien”. 

Debido a la diversidad de idiomas en el Estado de Plata, organizaciones para el cuidado de salud en Nevada tienen una gran demanda por servicios de asistencia lingüística o de interpretación. 

Hospitales y clínicas pueden cumplir con los requisitos federales al proveer intérpretes certificados y calificados o al usar servicios remotos de video y teléfono, pero el reglamento propuesto cambiaría cómo el gobierno federal ejecuta esta ley. 

El HHS ha sugerido cuatro factores que determinarían si el gobierno responsabilizará a hospitales o clínicas por proveer servicios de acceso lingüístico, incluyendo la proporción que se podría encontrar de personas con dominio limitado del inglés y los costos por ofrecer los servicios. 

Así mismo, las entidades con cobertura no tendrían que desarrollar un plan por escrito para mostrar que están cumpliendo con proveer acceso.

El reglamento también flexibiliza requerimientos para uso de servicios de interpretación por video, diciendo que esos costos podrían no estar justificados y propone que hablantes de idiomas extranjeros solo necesitan audio que sea claro, no equipo de video más costoso.

El límite para entregar comentarios acerca de la propuesta, que entra en vigor 60 días después de la publicación de la regla final, fue el 13 de agosto.