Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, dice que se ha unido a una coalición de estados, incluyendo Nueva York y Colorado, en una demanda contra el memorando del presidente Donald Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados de ser contados en el censo de este año.

El anuncio hecho este viernes se produce cuando la administración Trump enfrenta varias demandas presentadas esta semana por 16 estados y ciudades y otros municipios, así como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones como el Fondo de Defensa Legal México-Americano y Justicia Avanzada de los Asiáticos Americanos, entre otras.

"Orgulloso de acompañarlo en esta demanda, General @TishJames", tuiteó Ford en respuesta al anuncio de la Fiscal General de Nueva York Letitia James vía Twitter donde afirmó que ella estaba demandando al presidente.

Nevada tenía la mayor proporción de inmigrantes indocumentados de todos los estados del país con una población contable de 7 por ciento en 2016. Los inmigrantes indocumentados también constituyeron el 11 por ciento de la fuerza laboral de Nevada ese mismo año.

La demanda argumenta que la medida de la administración Trump es una violación constitucional, específicamente contra la garantía de la Decimocuarta Enmienda que establece que "a todas las personas nacidas o naturalizadas" en los Estados Unidos no se les pueden negar sus derechos por ley. 

La demanda también determina que el memorando viola la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.

"El mandato constitucional de basar las partidas presupuestales en 'el número total de personas en cada Estado' difícilmente podría ser más claro, y la Corte Suprema ha reconocido que los inmigrantes indocumentados son 'personas' bajo la Decimocuarta Enmienda", según declara la denuncia. "El desprecio abierto del Memorando al texto simple de la Constitución es razón suficiente para anularlo y evitar que los Demandados tomen medidas para llevar a cabo su política ilegal".

El memorando de Trump y la demanda se centran en la Segunda Sección de la Decimocuarta Enmienda, que afecta directamente la representación política de cada estado en función del recuento de la población al establecer el marco de cuántos escaños obtiene cada estado en la Cámara de Representantes.

La exclusión de los inmigrantes indocumentados del censo haría que tres estados pierdan escaños en la Cámara de Representantes; California perdería dos, Florida solo ganaría uno en lugar de dos, y Texas ganaría dos en lugar de tres, de acuerdo con un Informe del Centro de Investigación Pew.

Las únicas personas excluidas actualmente de los recuentos censales, según las Reglas de la Oficina del Censo, son turistas extranjeros y viajeros de negocios que no viven en el país. Los territorios sin representación de voto en el Congreso, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas de los EE. UU., también están excluidos de la distribución total de recursos.

Además de la representación política, los datos del censo se utilizan para distribuir $1.5 trillones al año en fondos federales y redistribución de distritos, lo que también determina la representación política de los votos electorales.

La demanda también argumenta que los inmigrantes indocumentados han establecido una presencia importante en el país, con más de nueve millones de personas que han vivido en los Estados Unidos durante cinco años o más, según datos del Instituto de Política de Migración.

Causa Común, un grupo de vigilancia del gobierno, fue el primero en presentar una demanda contra el presidente a principios de esta semana y un portavoz dijo a The Washington Post que la medida de Trump será perjudicial para el país.

Los legisladores Demócratas programaron una audiencia de emergencia la próxima semana en respuesta a la medida que podría incluir al Secretario de Comercio Wilbur Ross y al Director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, entre otros.

En su memorando, Trump dijo que busca excluir a los inmigrantes indocumentados porque no son ciudadanos de los Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente no tiene autoridad legal sobre el conteo del censo. El Artículo I de la Constitución. asigna este poder al Congreso.

La Oficina del Censo enfrenta problemas adicionales, como la lucha para cumplir con su fecha límite actual del 31 de diciembre. La agencia solicitó al Congreso una extensión de cuatro meses ante los retrasos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

La Ley del Censo Justo y Preciso, presentada en la Cámara de Representantes, aprobaría la extensión, pero no ha sido adoptada por la Cámara o el Senado.