En una orden ejecutiva dada a conocer este martes, el Presidente Joe Biden anunció que los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que cumplan con ciertos criterios legales estarán protegidos de la deportación mientras buscan la residencia legal.

Firmada pocos días después del 12º aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), defensores de la inmigración en Nevada y en otras partes elogiaron la iniciativa de Biden como la mayor expansión de los derechos de los indocumentados desde la histórica orden ejecutiva de la era Obama, que brindó autorización de trabajo y protección contra la deportación a algunos niños que fueron traídos ilegalmente a los EE.UU. por sus padres.

La nueva orden ejecutiva brinda un alivio significativo a familias de estatus mixto, en las que personas en un mismo hogar tienen diferentes estatus migratorios.

Dichas familias son comunes en Nevada, donde casi 136,000 personas viven con un familiar indocumentado, según el Consejo Estadounidense de Inmigración.

“Las medidas que estoy tomando hoy cuentan con el apoyo mayoritario del pueblo estadounidense, sin importar lo que diga el otro equipo”, afirmó Biden, quien denunció varias veces el historial del Expresidente Donald Trump en materia de inmigración. "La razón es sencilla — corresponde con el principio estadounidense de que debemos mantener a las familias unidas".

Pero es probable que la orden, criticada por Trump como una “amnistía masiva”, también enfrente desafíos legales, particularmente por el proceso mediante el cual se está estableciendo. Ciertos elementos también podrían ser revocados por una administración presidencial posterior.

Cómo funciona

Se espera que más de medio millón de inmigrantes indocumentados sean elegibles para la nueva oportunidad de “permiso de permanencia temporal” o “parole in place.”

Para calificar, los inmigrantes deben haber estado en los EE. UU. más de 10 años, no tener antecedentes de deportación y contar con un cónyuge o padre que sea ciudadano estadounidense al 17 de junio del 2024.

Aquellos que cumplan con los criterios podrán solicitar la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); quienes sean aprobados — lo que según Biden estaría sujeto a una verificación de antecedentes penales — tendrán tres años para solicitar la residencia permanente legal.

Los cónyuges indocumentados ya son elegibles para la residencia legal, pero anteriormente eso requería que salieran de los EE.UU., un proceso que podría llevar años.

Ahora, durante ese período, se les permitirá permanecer en los EE.UU. sin la amenaza de deportación y podrán solicitar permisos de trabajo — una pieza clave, considerando que a los inmigrantes indocumentados en todo el país se les prohíbe obtener empleos estables o ascensos porque carecen de autorización legal de trabajo.

Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), dijo que la posibilidad de obtener la residencia legal cambiará las reglas del juego para miles de nevadenses.

"Un permiso de trabajo generalmente es sólo por un par de años y expira", indicó Kagan. "Pero esta es potencialmente una medida que cambiará vidas si entra en vigor".

Los cónyuges indocumentados y los hijastros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses son elegibles para el nuevo estatus. Se espera que el proceso de solicitud se abra a finales del verano.

Kagan sugirió que los nevadenses indocumentados que crean que pueden ser elegibles comiencen a reunir documentos y tengan cuidado de estafas de notarios o consultores de inmigración que pidan dinero para ayudar con una solicitud que aún no ha sido publicada.

Contrario a la creencia común acerca de matrimonios por “green card” o “tarjeta verde”, casarse con un ciudadano estadounidense no otorga automáticamente protecciones a quienes ingresaron ilegalmente a los EE. UU.

Los ciudadanos pueden presentar una solicitud para que su cónyuge obtenga la residencia permanente legal, pero eso conlleva gastos, papeleo complicado, y tiempo para viajar fuera de los EE. UU. para una entrevista en el consulado.

El proceso también corre el riesgo de terminar en una prohibición de 10 años para que el cónyuge ingrese a los EE. UU.

Kagan señaló que, en la práctica, los cónyuges de ciudadanos indocumentados no tenían ningún recurso para obtener un estatus legal.

"Si estás en un matrimonio amoroso, formaste una familia y tienes hijos, no vas a tomar un camino que requiera que tu familia esté separada durante una década", comentó Kagan. “No hay camino para que estas familias se legalicen, incluso si son parte integral de las comunidades estadounidenses en todos los sentidos, y lo han sido durante muchos, muchos años. Eso es lo que está abarcando esta [acción]”.