Conocí a Madrigal, o Madri como prefiere que la llamen, en un Home Depot mientras organizaba nuestro proyecto para vendedores ambulantes. Ella estaba salpicando agua sobre el concreto para atraer un poco de brisa fresca, mientras intentaba cubrirse el cuello con una bufanda hecha en casa.

“Es la única forma de evitar que me desmaye”, dijo. “Deberían ver lo que hacemos en casa para refrescarnos un poco. Tenemos una hielera que usamos para bañarnos”. 

Más de 70,000 personas que viven en Nevada están expuestas a condiciones de calor extremo. Esto afecta de manera desproporcionada a las personas afroamericanas, indígenas, de color (BIPOC) y comunidades inmigrantes que viven en áreas urbanas, cerca de carreteras, o en áreas tradicionalmente con fondos insuficientes, sin acceso a aire acondicionado, o con mala calidad del aire.

"Es triste. Trabajamos todos los días bajo el sol durante horas para pagar el alquiler de un lugar que no tiene un sistema de enfriamiento adecuado”, dijo Madri. “Nuestras comunidades están sufriendo y muriendo por esto”.

Los árboles y los espacios verdes son esenciales para los habitantes de Las Vegas, y esto quedó notablemente claro cuando la pandemia de COVID-19 puso en evidencia quién tenía acceso a árboles y quién no. Los vecindarios con menos árboles y áreas verdes, y con mucho concreto, pueden ser de 15 a 20 grados más cálidos que en las áreas más rurales. Esto se conoce como el efecto “isla de calor urbano” y una comunidad en particular se ve afectada por esto: El este de Las Vegas; hogar de muchos latino e inmigrantes como Madri, quien no pueden pagar aire acondicionado y no tienen forma de escapar del calor.

Se espera que Las Vegas se haga aún más calurosa en los próximos años a medida que se intensifique el cambio climático. Mientras la ciudad llega a sus límites, muchos en la comunidad creen que este es el momento de promulgar un cambio real, no solo para la industria del turismo, sino también para trabajadores inmigrantes como Madri y la comunidad de color, quienes están sobrecargados y son vulnerables en una variedad de otras formas, incluyendo falta de acceso a atención médica de calidad, condiciones de trabajo peligrosas, vivienda precaria, condiciones médicas subyacentes e inseguridad alimentaria.

“Ni siquiera podemos ir al médico si nos enfermamos”, compartió Elena, otra vendedora ambulante. “No tenemos otra opción que seguir trabajando, pues de eso depende el sustento de nuestra familia. Si queremos sobrevivir a este calor, nuestras comunidades necesitan acceso a atención médica independientemente del estatus migratorio y, lo que es más importante, un camino hacia la ciudadanía”.

Uno de cada cinco habitantes de Nevada es inmigrante y casi el 35 por ciento de esa población es indocumentada. En 2018, los inmigrantes indocumentados en Nevada pagaron casi $241.6 millones de dólares en impuestos federales y $121.3 millones en impuestos estatales y locales; según el Consejo Estadounidense de Inmigración.

“Aunque contribuimos a la economía todos los días, no recibimos ningún beneficio como seguro social o Medicare”, dijo Madri. “Es difícil porque no tenemos la opción de dejar de trabajar. No recibimos ningún cheque de estímulo ni calificamos para el crédito fiscal por hijos. Todo lo que podemos hacer es trabajar y esperar que no sea uno de nosotros el que termine quemado por el concreto o muriendo de deshidratación”.

Los vendedores ambulantes están expuestos diariamente al aumento de temperatura. Muchos de ellos son inmigrantes indocumentados como Madri y Elena, y muchas veces no saben a dónde ir para pedir ayuda.

El calor extremo tiene varios impactos en la salud, incluyendo enfermedades relacionadas como calambres, erupciones en la piel, y agotamiento. Estos problemas que se pueden prevenir también están conectados a condiciones de vivienda inseguras, que se ven empeoradas por la crisis climática y discriminación racial.

La creciente evidencia apunta a la relación entre la raza y la injusticia ambiental. Actuar ahora daría a nuestras comunidades la oportunidad de crear un futuro más próspero. Con políticas equitativas, apoyo del gobierno municipal, y distribución correcta de fondos, podemos desmantelar las estructuras que someten a las comunidades de color y e inmigrantes de manera desproporcionada.

“Nos merecemos un asiento en la mesa”, dijo Elena. “El gobierno debería trabajar en colaboración con nosotros, no contra nosotros. Yo misma plantaré los árboles si me dan los recursos”.

José Rivera es organizador de justicia ambiental para Make the Road Nevada, una organización no lucrativa en Las Vegas que eleva el poder de las comunidades inmigrantes de clase trabajadora en todo el estado.