La administración Trump continuó su ofensiva contra la inmigración ilegal esta semana cuando el Servicio Interno de Impuestos (IRS) firmó un memorando el lunes acordando compartir con autoridades federales de inmigración datos fiscales de inmigrantes.

Los efectos de un acuerdo de ese tipo — que provocó la renuncia de la comisionada interina del IRS — podrían ser especialmente difíciles en Nevada, que tiene la mayor población indocumentada per cápita de cualquier estado y la mayor proporción de familias de estatus mixto en el país. 

Defensores de la inmigración y profesionales legales señalan que el nuevo acuerdo podría avivar temores en la comunidad inmigrante y provocar una disminución de los ingresos fiscales federales.

“Ya estamos viendo un efecto negativo en el cumplimiento tributario”, indicó Francine Lipman, profesora de la Escuela de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV). “Si este efecto es permanente, tendrá consecuencias devastadoras para el gobierno federal, y lo que pasa al final es que todos asumiremos las consecuencias”.

Lipman dice que el acuerdo IRS-ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) podría desalentar aún más el cumplimiento, ya que los inmigrantes ya enfrentan barreras como salarios bajos, restricciones de empleo y temor de que presentar una declaración de impuestos pueda exponerlos a la deportación.

El IRS permite que indocumentados y otras personas que no son elegibles para un número de Seguro Social soliciten un Número de Identificación Personal del Contribuyente, lo que les permite presentar declaraciones de impuestos pero no resulta en un estatus legal.

Por décadas, el IRS alentó a personas indocumentadas a presentar declaraciones de impuestos, prometiendo que su información se mantendría confidencial.

Bajo el nuevo acuerdo, funcionarios de (ICE) podrán solicitar información al IRS acerca de personas con órdenes de deportación definitivas o que están bajo investigación penal — incluyendo por no haber salido del país después de 90 días. 

La nueva medida también permitirá que ICE envíe nombres y direcciones de inmigrantes no autorizados al IRS para cotejarlos con sus registros tributarios.

Determinar las contribuciones fiscales de los inmigrantes indocumentados es difícil debido a que gran parte de la población carece de documentación legal, pero se calcula que sus tasas de cumplimiento fiscal son menores que las de residentes legales, oscilando entre el 50 y el 75 por ciento.

Lipman explicó que el texto del memorando viola las tradicionales leyes de privacidad que protegen al IRS de la interferencia política.

“Es contrario a la forma en que ha funcionado nuestro sistema tributario”, indicó Lipman. “Debilita la confianza de la gente en el gobierno federal”.

Aunque los inmigrantes indocumentados no son elegibles para programas como el Seguro Social o el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos Medicaid, la cantidad con la que contribuye en impuestos la población indocumentada de Nevada es enorme — más de $500 millones en 2022 — según un estudio del 2024 del Instituto de Impuestos y Política Económica.

Martha Menendez, abogada de inmigración de la Coalición Inmigrante de Nevada, dijo que el término “bajo investigación criminal” podría implicar que, por causas como infracciones relativamente menores, ICE tendría acceso a datos de inmigrantes que presentan declaraciones de impuestos.

“Creo que es para lo que está diseñado. Permite que la administración o funcionarios a cargo básicamente definan quién es un delincuente”, planteó Menendez.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent ha dicho que el acuerdo facilitará la agenda del Presidente Donald Trump para asegurar la frontera y, a principios de este año, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió al IRS que ayudara con la aplicación de la ley migratoria.

A ciudadanos estadounidenses ya se les ha negado el crédito debido al estatus legal de su cónyuge o padres, como en 2017, cuando Trump agregó un requisito de número de Seguro Social para el crédito fiscal por hijos, impidiendo que muchas familias inmigrantes obtengan la reducción de impuestos.

“Un cónyuge es ciudadano estadounidense, el otro actualmente tiene presencia no autorizada y podrían tener hijos ciudadanos estadounidenses”, ejemplificó Lipman. “Eso también disuade a estas familias de presentar impuestos porque les preocupa su cónyuge o sus hijos”.

Lipman alienta a los nevadenses que están preocupados por declarar sus impuestos que soliciten una extensión, lo que les daría hasta octubre de 2025 para enviar sus declaraciones.

“Es seguro que van a pasar muchas cosas de aquí a entonces”, agregó Lipman.