Este reporte ha sido editado para brevedad a partir de su versión original en inglés. 

Para Ricardo Perez, un interno en la Prisión Estatal Ely, las videollamadas lo mantienen cerca de sus seres queridos.

"Poder ver a mi familia en casa, ver a las mamás cocinar, todo eso ayuda a que mi corazón vaya a un lugar mejor", escribió Pérez en un mensaje de texto a The Nevada Independent.

El que personas encarceladas hagan videollamadas fue posible en 2023 gracias a una iniciativa que permitió el uso de tabletas dentro del sistema penitenciario de Nevada.

Funcionarios de la prisión estatal dijeron a legisladores que proporcionar esos dispositivos podría reducir la reincidencia criminal, mejorar la educación y los servicios de salud, más acceso a música y películas, y facilitar la comunicación con seres queridos al ofrecer una alternativa más barata que las llamadas telefónicas.

Hasta enero, hay tabletas en todas las instalaciones excepto en dos — Jean Conservation Camp y Carlin Conservation Camp. El Departamento Correccional de Nevada (NDOC) informó a The Nevada Independent que el sistema tiene casi 10,000 tabletas en circulación y que el director James Dzurenda afirmó anteriormente que cada persona en el sistema eventualmente debería tener su propio dispositivo.

Ahora, personas detenidas, sus familias y organizaciones a favor de una reforma al sistema penal, informaron a The Nevada Independent que el sistema está lleno de fallas y que el uso de las tabletas es excesivamente caro, tanto que los defensores planearon boicots tecnológicos desde hace unos días. 

Lo anterior ocurre mientras partidarios de una reforma penitenciaria se han enfocado en prácticas de precios abusivos, aunque el NDOC dijo a The Nevada Independent que no ha recibido ningún ingreso de ViaPath, el proveedor de las tabletas.  

Las quejas mencionan imágenes recortadas excesivamente durante las consultas por video, llamadas que cuestan 10 centavos por minuto (en comparación con 6 centavos, lo que, según los defensores, no se anunció), consultas por video a 16 centavos por minuto y 5 centavos por minuto para ver y transmitir contenido en video. 

Los precios se pueden incrementar rápidamente — dos horas diarias de transmisión suman casi $2,184 al año, cifra inalcanzable para la mayoría de los internos.

Funcionarios del NDOC, quienes informaron a The Indy que están negociando con el proveedor una enmienda al contrato, atribuyeron el precio a cambios en regulaciones federales. En 2025, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) fijó límites reducidos para el costo de llamadas telefónicas en prisiones y cárceles, lo que Dzurenda consideró como la causa del aumento.

"Ahí es donde surgieron los ajustes en las llamadas telefónicas", indicó Dzurenda durante una junta en enero con un panel interino de legisladores. "Se basaron en la decisión de la FCC, no en nosotros".

La Senadora estatal Demócrata Melanie Scheible dijo a The Nevada Independent que, cuando la Legislatura realizó los cambios para permitir las tabletas, fue con la intención y el entendimiento de que disminuirían los costos para que las familias se comuniquen con sus seres queridos encarcelados.

Rickie Slaughter, quien está cumpliendo una condena en la prisión estatal High Desert, indicó a The Nevada Independent en una entrevista que las preocupaciones sobre los costos de las tabletas y otras telecomunicaciones se deben a que la mayoría de internos no tiene un trabajo remunerado y que dependen de la comunidad o de sus seres queridos para apoyo financiero.

"No se trata solo de aprovecharse de los presos. Se aprovechan de la comunidad", dijo Slaughter. "La comunidad es la que está enviando dinero a la prisión para esto".

Inicio del programa

Los defensores están molestos porque el estado no ha implementado precios por volumen o suscripción, a pesar de que las regulaciones estatales y el contrato con el proveedor así lo exigen.

Representantes del Centro de Justicia de Multas y Tasas manifestaron su preocupación por el uso de tabletas como fuente de ingresos para el estado y la empresa privada que las provee. El centro ha solicitado registros relacionados con los ingresos que genera el programa, pero el NDOC aún no los ha compartido.

Nick Shepack, director del centro en Nevada, agregó que el sistema penitenciario del estado está presionado para obtener fondos de los internos porque el salario de empleado de tiempo completo por un valor de $3 millones se financia por cuotas que se cobran a personas encarceladas, incluyendo las tabletas. 

Shepack agregó que se han rechazado las solicitudes anteriores para que esos puestos se financien con el fondo general del estado.

El NDOC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aunque Dzurenda dijo en enero que el cargo de llamada telefónica de 10 centavos por minuto ayudó a cubrir los gastos del personal.

Boicot 

Jodi Hocking, directora ejecutiva del grupo defensor de reos Return Strong!, dijo que las tabletas en general son "basura". Los audífonos que se entregan con esos dispositivos se rompen constantemente y a algunas unidades les falta el cargador, añadió.

La gota que derramó el vaso, dijo Hocking, fue desenfocar todo menos el rostro de una persona durante una videollamada.

"Esa no es una visita por video", señaló, agregando que no permitir que las personas tengan interacciones plenas con sus hijos o seres queridos afecta no solo a los que están encarcelados, sino también a sus seres queridos.

Hocking está ayudando a organizar un boicot semanal de comunicaciones a manera de protesta contra la oferta actual.

Legisladores estatales de Virginia, que están sujetos al mismo acuerdo con ViaPath que Nevada, aprobaron un proyecto de ley obligando a los proveedores a ofrecer las tarifas más bajas posibles para llamadas telefónicas y videollamadas. 

Aunque esa iniciativa no cubría el entretenimiento, un contrato final establece tarifas mucho más bajas que las de Nevada.

Las tabletas ofrecen beneficios rehabilitadores y conductuales, dijo Jackson. Existe una aplicación que permite meditar, pero mientras otros sistemas ofrecen este tipo de aplicaciones gratuitas, Nevada no lo hace.

"Parece una doble moral", indicó Jackson. "Uno piensa que si hay un contrato, hay que cumplirlo, y cuando no es así … uno se pregunta: ¿dónde está la supervisión?".