Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Barbara Land estaba trabajando en una comunidad remota en la selva amazónica cuando el Presidente Martín Vizcarra cerró el país, prohibiendo viajar dentro o fuera de Perú y dejándola a ella, y a un equipo de voluntarios, aislados durante semanas.

Como directora ejecutiva de la Fundación Building Hope de Nevada, Land va a Perú hasta tres veces al año para participar en proyectos humanitarios y de investigación. 

Recientemente, la fundación construyó una escuela secundaria en Ayacucho, una ciudad a las afueras de la selva amazónica, y el viaje de Land en marzo fue para dar seguimiento al trabajo.

A medida que pasaban las semanas sin que se redujeran las restricciones de viaje, Land y otros voluntarios querían encontrar la manera de regresar a casa. Contactaron a las oficinas de las Senadoras por Nevada Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, y del Congresista de Nevada Mark Amodei, quienes luego se comunicaron con la Embajada de los Estados Unidos en Perú.

La primera vez que Land y su equipo intentaron salir de la comunidad remota, el Alcalde de Ayacucho, Tony Arevelo, ordenó que su bote regresara al punto de partida. 

Eventualmente, con ayuda adicional y defensa de los propietarios de cabañas locales, Land y los voluntarios obtuvieron permiso para salir.

"Recibimos el mensaje, 'vengan', y el propio ministro de turismo nos esperó de pie en la orilla del río con cubrebocas, desinfectantes, un grupo de militares e incluso el teniente de la policía nacional, porque no estaba permitido usar la carretera”, dijo. "Los militares están allí con sus armas largas, y tuvimos una escolta policial completa desde la orilla del río hasta la Ciudad de Iquitos".

Desde ahí, Land fue trasladada a Lima en una pequeña avioneta a una base de la fuerza aérea, para, luego de cinco horas, abordar un vuelo de repatriación a una base de la Fuerza Aérea cerca de Dallas, Texas. 

La siguiente escala fue Washington, DC, luego Carolina del Sur, Phoenix y finalmente, de regreso a Reno, casi un mes después de que aterrizó en Perú.

Land se sintió aliviada al llegar a casa después de la terrible experiencia, pero la travesía tuvo un precio.

Después de que se canceló su vuelo a casa, la Aerolínea LATAM le cobró $1,200 dólares por un nuevo boleto. Land dijo que dicha cantidad le fue reembolsada esta semana, pero que aún le debe $3,000 al gobierno de los Estados Unidos por los vuelos nacionales que tomó antes de llegar a Reno.

Además, Land se preocupa por los vuelos de junio y octubre que ya pagó ante los rumores de que el presidente Vizcarro cerrará las fronteras de Perú hasta 2021.

Los costos adicionales son una carga para Land, propietaria de un pequeño negocio afectado por los cierres de comercios debido a la pandemia.

Alivio para los estadounidenses enviados a casa

Land es una de los miles de estadounidenses que quedaron varados en países extranjeros en los primeros días del brote de coronavirus en marzo. Muchos cuyos vuelos fueron cancelados o retrasados ​​tuvieron que pagar tarifas adicionales por nuevos boletos para volver a casa, lo que resultó en cargos inesperados de miles de dólares por persona.

En respuesta a esta situación, Cortez Masto copatrocinó el proyecto de Ley de Reembolso por Repatriación que requerirá que las aerolíneas devuelvan a los afectados las tarifas adicionales y que el Departamento de Estado exente las tarifas gubernamentales. 

Se espera que la iniciativa se presente formalmente la próxima semana cuando el Senado retome las sesiones.

Land dijo que no ha escuchado acerca de ese reembolso, pero le parece buena idea.

Además del proyecto de ley, varias peticiones vía Internet han reunido miles de firmas pidiendo al gobierno federal que reembolse a los viajeros por gastos inesperados.

De acuerdo con el sitio del Departamento de Estado de los EE. UU., esta agencia no reembolsa por vuelos de repatriación o estadías en hoteles y sugiere que las personas "se comuniquen directamente con el proveedor de servicios".

Al abordar vuelos del gobierno, los viajeros deben firmar pagarés, lo que permite a la autoridad hacer un seguimiento de quién abordó qué vuelos o autobuses, y cuánto deben. 

La factura se basa en el costo de un vuelo económico de tarifa completa u otro transporte comparable y se debe pagar en 90 días, de lo contrario, el gobierno podrá sustraer esos fondos de las declaraciones de impuestos o de las cuentas del Seguro Social de la persona.

La Aerolínea LATAM, que ayudó a Land a regresar a casa, ofrece cupones de viaje en lugar de reembolsos por vuelos cancelados o reprogramados a causa de la pandemia. 

Ese mecanismo tiene sus críticos, porque impide el uso de los fondos para cubrir otros gastos de personas que no planean viajar, o que no podrán hacerlo debido al cierre de fronteras y la actual crisis de salud pública.

Por ahora, Land espera ansiosamente la noticia de la reapertura de la frontera con Perú para reanudar su trabajo humanitario.

También está monitoreando el caso de un representante de Nevada de la Fundación Building Hope quien actualmente está en Perú y presenta síntomas del coronavirus.

"¡Le dije que me iba a subir a una canoa y que iba rumbo a Perú!" Land dijo en tono de broma.