Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

Este lunes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada (HHS, por sus siglas en inglés) envió un plan de acción para el Gobernador Brian Sandoval luego de que la semana pasada una auditoría legislativa revelara condiciones insalubres e inseguras en hogares comunitarios de Nevada para las personas con enfermedades mentales casi dos años después de que funcionarios del departamento supuestamente habían tomado medidas para atender este asunto.

Richard Whitley, director del HHS, dijo el lunes en un comunicado que desde el jueves por la mañana hasta la fecha, el departamento ha inspeccionado 142 de los llamados hogares comunitarios y confirmó el bienestar y la seguridad de cada cliente. Sin embargo, varios proveedores fueron puestos bajo planes de acción correctiva de 10 y 30 días por parte de inspectores junto con el Buró de Calidad y Cumplimiento de Atención de Salud (Bureau of Health Care Quality and Compliance, por su nombre en inglés) quienes acompañaron a los trabajadores sociales que regularmente realizan las visitas.

Los auditores, que tomaron más de 2,000 fotografías durante sus inspecciones, encontraron pésimas condiciones en 34 hogares y moho en 22, roedores y plagas de insectos en 13, evidencia de materia fecal en 11, olores fuertes y desagradables en el interior de ocho casas, y manchas de sangre en dos.

También encontraron 31 casas sin un plan de reacción para casos de desastre, 29 sin paquetes para emergencias, en 24 había alimentos caducados, echados a perder o almacenados inadecuadamente, seis tenían la perilla y las cerraduras de la puerta rotas, y en tres viviendas había vidrios rotos y esparcidos en el área.

Con excepción de uno de los hogares, en todas las demás casas encontraron lo que describieron como condiciones de vida "sombrías" y "deprimentes": Iluminación inadecuada, daños por agua, camas insuficientes, falta de muebles, agujeros en las paredes o en el piso y tuberías obstruidas o con fugas.

Una mujer, que vivía en una habitación sin luz y con solo un foco en el baño, dijo a los auditores que “hacía semanas" le había comentado a su proveedor la falta de iluminación y que ella "no podía seguir viviendo así". Un hombre dijo a los auditores que estaba "harto de las cucarachas". Otra mujer, cuya cama era un sofá y un sillón, explicó que se había quejado, pero que "no se hizo nada" al respecto.

A través de un comunicado, Whitley reiteró su compromiso de "corregir todas las deficiencias detectadas por la auditoría" e inició una investigación interna acerca de cómo persistieron condiciones miserables en los hogares cuando pensaba que el personal de la División de Salud Pública y Conductual (Division of Public and Behavioral Health, por su nombre en inglés) ya había tomado cartas en el asunto en marzo del 2016 a raíz de la publicación de un reportaje en el Reno Gazette-Journal.

El Senador Republicano de Reno, Ben Kieckhefer, quien la mañana del lunes visitó uno de los hogares en Sparks acompañado por inspectores, dijo que estaba "impresionado" por la labor tan detallada de los inspectores del Buró de Calidad y Cumplimiento de Atención de Salud. Bajo la actual política del departamento, los trabajadores sociales son responsables de realizar mensualmente evaluaciones ambientales de las casas.

"Creo que sobresalió el hecho de que tenemos un programa estructural en términos de quién realiza estas inspecciones y qué tipo de cadena de mando existe y quién responde a quién", afirmó Kieckhefer.

El senador Republicano, quien forma parte del comité legislativo que escuchó la auditoría la semana pasada y se refirió al estado de las casas como una "falla", dijo que pidió al departamento si podía acompañarlos durante una visita de inspección para darse una mejor idea de lo que está ocurriendo en los hogares. Kieckhefer dijo que, pese a todo, las casas no estaban "peor de lo que podría imaginarse" y que ya había estado presente en varias inspecciones.

El plan de acción de siete días que fue enviado al gobernador abordará dónde falló el personal estatal a la hora de atender las condiciones en el hogar, incluyendo la omisión de certificar las casas apropiadamente, no realizar inspecciones oportunas, no observar los problemas, no reportar los hallazgos de manera apropiada y no sancionar adecuadamente a los proveedores.

En esos siete días el departamento determinará si los hogares son seguros para los consumidores, investigará los reportes de los trabajadores sociales, hará un comparativo de los informes de re-inspección, y además investigará y comparará los comentarios de los informes mensuales de supervisión de los trabajadores sociales con el informe de los auditores legales.

Para el martes el departamento presentará su reseña inicial de los datos y la información con resultados preliminares, y un análisis a fondo que deberá entregar el viernes. La subdirectora Julie Kotchevar está supervisando la investigación y ha sido designada como administradora interina del Departamento de Salud Pública y Conductual después de que la ex administradora Amy Roukie renunciara el pasado viernes.

En los próximos 30 días, el departamento desarrollará políticas y procedimientos para garantizar que se estén llevando a cabo inspecciones regulares, que se apliquen los correctivos y que luego sean verificados periódicamente para asegurarse que los problemas queden resueltos. Asimismo, elaborará procedimientos para imponer sanciones a los proveedores que operan los hogares comunitarios y que repetidamente no cumplan las normas, también formularán políticas acerca de los niños que viven en las casas y el nivel del lenguaje y requisitos físicos del personal que atiende estos lugares.

Queda por establecerse una serie de fechas límite para las distintas partes del plan de acción de 30 días, desde principios hasta finales de febrero. La última acción correctiva, que deberá aplicarse el 23 de febrero, consiste en desarrollar políticas y procedimientos para garantizar que las certificaciones de los proveedores se realicen sistemáticamente y en forma oportuna de conformidad con una nueva ley que entró en vigor el 1 de julio.