El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito rechazó la política de detención obligatoria de la administración Trump, el revés más reciente en las cortes para el gobierno y quizá el más significativo, ya que el circuito abarca a Nevada, California, Arizona y Washington, una región con millones de personas nacidas en el extranjero. 

El jueves, un panel de jueces con sede en California determinó que la política de detener a casi todas las personas en procesos de deportación es ilegal. Los jueces señalaron que la política no abarca a personas detenidas dentro del país y que solo se debería aplicar a quienes son detenidos en la frontera. 

Los jueces también indicaron que la política sigue vigente para personas que se consideran un riesgo de fuga o un peligro.

"Que ninguna administración haya interpretado jamás que existe un deber de detener obligatoriamente a extranjeros no admitidos que se encuentran en el interior del país es una fuerte evidencia de que tal deber no existe", escribió en la decisión el juez Daniel Bress, a quien Trump designó. 

La política de detención obligatoria, que entró en vigor en julio de 2025, anuló décadas de precedente en materia migratoria al permitir que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. encarcelara a casi todas las personas en proceso de deportación sin posibilidad de ser puestas en libertad bajo fianza. 

Dicha política ha provocado miles de peticiones del recurso legal habeas corpus en todo el país, y cientos de jueces — incluyendo algunos tribunales de apelaciones — la han rechazado. 

El fallo del jueves representa una victoria contundente para defensores de los inmigrantes en la región, especialmente porque el 9º Circuito había respaldado la política de la administración Trump a principios de este año. 

El área bajo jurisdicción del 9º Circuito incluye partes de la frontera sur y estados con algunas de las poblaciones indocumentadas más altas del país. 

Antes de la implementación de la política, las personas que no habían cometido delitos agravados o que recibían una orden de expulsión en la frontera podían solicitar fianza. 

El fallo también ocurre después de que un juez federal en Nevada, Richard Boulware II, rechazó la política de deportaciones masivas en marzo. 

Boulware señaló en su decisión que la política violaba la ley federal y causaba "daños irreparables" a quienes eran arrestados. 

Este reporte fue traducido del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.