Por Josh Boak, Mike Schneider y Joey Cappelletti Associated Press

WASHINGTON (AP) — El Presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Comercio que cambie la forma en que la Oficina del Censo de los EE.UU. recopila datos, con la intención de excluir a inmigrantes que están en el país sin autorización, dijo el mandatario la semana pasada.

Las recopilaciones de datos del censo se basarán en "hechos y cifras de hoy día y, lo que es más importante, utilizando los resultados e información obtenida de la Elección Presidencial de 2024", dijo Trump en su red social, un indicio de que podría intentar incorporar sus políticas en un conteo que determina el poder político y la forma en que se distribuyen los fondos federales.

Trump enfatizó que, como parte de los cambios, las personas que están "ilegalmente en nuestro país" serán excluidas de los conteos del censo.

En Nevada, había casi 290,000 no ciudadanos y 2.7 millones de ciudadanos, según el censo de 2020.

Excluir a inmigrantes indocumentados tendría un impacto mínimo en la representación de Nevada en la Cámara de Representantes de los EE.UU., afirmó David Damore, profesor de ciencias políticas y director ejecutivo de Brookings Mountain West y del Instituto Lincy. Nevada obtuvo su cuarto y más reciente asiento en el Congreso después del censo de 2010.

"No estamos en posición de obtener un nuevo escaño [en la Cámara] y la probabilidad de perder uno es pequeña debido a los patrones actuales de crecimiento [poblacional]", dijo Damore.

Damore señaló que Trump intentó incluir sin éxito una pregunta sobre la ciudadanía en el Censo 2020 y sugirió que era probable que este intento fracasara. Además, Damore señaló que el sucesor presidencial de Trump tendría que implementar el plan del mandatario. 

Sondra Cosgrove, profesora de ciencias políticas del Colegio del Sur de Nevada y directora ejecutiva de participación cívica de la organización sin fines de lucro Vote Nevada, indicó que la 14ª. enmienda establece claramente que se debe contabilizar "el número total de personas en cada estado".

“[La enmienda] no dice ciudadanos, ni votantes, ni hombres ni mujeres. Solo dice personas en su totalidad. Así que el presidente tendrá el mismo problema si intenta decirle a la Oficina del Censo: ‘Contabilicen solo a las personas que son ciudadanas’”, dijo Cosgrove en una entrevista.

Lo que preocupa a Cosgrove es si el Congreso revoca o retiene los fondos de la Oficina del Censo para cumplir con las directivas de Trump. Eso podría ser problemático actualmente, mientras la oficina se prepara para el censo de 2030.

Cosgrove dijo que, con otros recortes presupuestarios de agencias federales, si el Congreso retiene fondos para el censo, Nevada tendrá que decidir qué servicios estatales puede costear.

Si no incluye en el conteo a los inmigrantes indocumentados, el mayor impacto para Nevada será la cantidad de ayuda federal que recibe el estado, afirmó Damore. Billones de dólares de ayuda federal se basan en fórmulas que utilizan datos del censo para determinar la población de un estado.

Los expertos señalan que no está claro exactamente cuál es la propuesta de Trump, si consiste en realizar cambios para el censo de 2030 o efectuar un censo a mitad de la década, y, de ser así, si se utilizaría para el proceso de asignación de escaños en el Congreso entre los estados con base en el conteo de población.

¿Un nuevo censo?

Cualquier cambio en la realización de un censo nacional requeriría modificaciones al Acta del Censo y la aprobación del Congreso, que tiene responsabilidades de supervisión, y quizá se generaría una feroz batalla. 

Aunque la Ley del Censo permite realizar un conteo poblacional a mitad de la década para cosas como la distribución de fondos federales, no se puede usar para la distribución de escaños o la redistribución de distritos y se debe llevar a cabo en un año que termine en 5, dijo Terri Ann Lowenthal, exasistente del Congreso quien asesora acerca de temas sobre el censo.

"Él no puede ordenar unilateralmente un nuevo censo. El censo está regido por la ley, sin mencionar la Constitución", dijo Lowenthal. "Es una idea mal concebida".

La publicación de Trump en Truth Social encaja en un patrón en el que él ha intentado remodelar a su gusto las medidas básicas de cómo funciona la sociedad estadounidense, un proceso que abarca desde las cifras mensuales de empleo hasta cómo se trazan los distritos parlamentarios camino a las elecciones intermedias de 2026. 

Pero podría haber retos legales si Trump intentara remodelar el censo, que también guía la distribución de $2.8 trillones de dólares en fondos federales a los estados para carreteras, servicios de salud y otros programas.

Los cambios en el censo también podrían favorecer los planes de Trump para instar a varios estados gobernados por Republicanos, como Texas, a volver a trazar sus mapas distritales antes de lo previsto, en formas que favorecerían a los candidatos de su partido.

Esfuerzos de redistribución de distritos

La redistribución de distritos suele ocurrir una vez cada 10 años después del censo, ya que los estados ajustan los límites de los distritos con base en los cambios de población, a menudo ganando o perdiendo escaños en el proceso.

El viernes pasado, el mandatario despidió a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, después de que las revisiones estándar al informe mensual de empleos mostraran que los empleadores agregaron 258,000 empleos menos de lo que se informó previamente en mayo y junio. Las revisiones indican que la contratación se ha debilitado severamente durante el mandato de Trump, socavando sus afirmaciones de un auge económico.

La Casa Blanca insiste en que el problema fue el tamaño de las revisiones y que quiere números precisos. Pero expertos externos no estuvieron de acuerdo con esa evaluación.

"Básicamente, Trump está destruyendo el sistema estadístico federal", dijo Margo Anderson, profesora emérita de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee que ha escrito ampliamente sobre la historia del censo. "Quiere números que respalden sus logros políticos, tal como él los ve".

Después de que la Corte Suprema eliminara la pregunta de ciudadanía en 2019, Trump hizo otro intento en 2020, anunciando un plan para excluir de las cifras de distribución a las personas que viven en el país sin autorización.

Tras las demandas presentadas por estados, ciudades y organizaciones, los tribunales inferiores dictaminaron que el plan era ilegal. Para cuando la Corte Suprema intervino, Trump había perdido la reelección. 

La reportera de The Nevada Independent Annie Vong contribuyó a este reporte, así como el periodista de The Associated Press Mark Sherman en Washington. Schneider informó desde Orlando, Florida.

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.