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ACLU cuestiona colaboración migratoria 287(g) de la policía de Las Vegas con ICE

La demanda alega que el acuerdo va contra doctrina que establece que agencias locales no pueden ayudar al gobierno federal sin que lo autorice la Legislatura.
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Las Vegas Metropolitan Police Department officers patrol the Las Vegas Strip.

Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada interpuso una demanda este lunes cuestionando la legalidad de un acuerdo renovado recientemente entre la policía de Las Vegas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE).

La ACLU sostiene que la colaboración conocida como 287(g) entre el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) y ICE, viola una doctrina legal (regla de Dillon) que impide que agencias locales ejerzan facultades a menos que tengan autorización específica de la Legislatura. 

La demanda también alega que la colaboración va en contra de una ley estatal que requiere que el gobierno federal cubra los costos de los detenidos en cárceles de los condados.

El documento, presentado en la Corte de Distrito del Condado Clark, nombra como acusado al Alguacil del Condado Clark, Kevin McMahill.

LVMPD indicó que no hace comentarios sobre litigios pendientes.

El acuerdo 287(g), concretado en junio después de que Las Vegas fue agregada a una lista federal de jurisdicciones "santuario" de inmigración que fue removida de internet, permite a oficiales de LVMPD mantener a personas indocumentadas bajo custodia durante dos días adicionales para que ICE pueda tomarlas en custodia para su detención.

"No podemos permitir que esto continúe, especialmente si se usan recursos estatales y locales", dijo en conferencia de prensa el lunes el Director Ejecutivo de la ACLU Nevada, Athar Haseebullah.

LVMPD tenía un previo acuerdo 287(g) con ICE que finalizó en 2019 luego de que una corte federal de distrito dictaminó que las órdenes de detención de ICE solo se podían llevar a cabo en estados con leyes que abordaran específicamente arrestos de inmigración civil.

La ACLU presentó la demanda a nombre de su cliente Sergio Morais-Hechavarría, quien permanece en el Centro de Detención del Condado Clark bajo una orden de ICE, a pesar de que un juez ordenó su traslado a un centro de tratamiento para pacientes hospitalizados. 

La ACLU Nevada argumentó que el acuerdo 287(g) ha dejado a Morais-Hechavarría en “detención indefinida”.

A continuación se adjunta el expediente judicial:

Este reporte fue traducido del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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