Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en de The Nevada Independent.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) está poniendo fin a su controvertido acuerdo 287 (g) con funcionarios federales de control de inmigración a la luz de recientes decisiones judiciales y cuestionamientos acerca de si dicha colaboración conduce a arrestos inconstitucionales y sin orden judicial.

La noticia se dio a conocer este miércoles, dos días antes del límite que fijó la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU) para que LVMPD indique si continuará usando las llamadas retenciones [retainers].

Dichas retenciones son solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permiten a cárceles locales mantener detenidas a personas por más tiempo del que tendrían debido a delitos locales menores, para que agentes de inmigración tengan oportunidad de transferirlos a custodia de ICE.

LVMPD señaló que es probable que se apele la decisión judicial y que la agencia "continuará trabajando con ICE en el Centro de Detención del Condado Clark para remover a personas sin estatus legal que hayan cometido crímenes violentos".

"Me siento optimista de que este cambio no obstaculizará la capacidad de LVMPD para combatir el crimen violento", dijo el Alguacil Joseph Lombardo en un comunicado. "Si bien el fallo se puede ver como un revés, estoy decidido a que, a través de la cooperación con nuestros socios federales, el objetivo de eliminar lo peor de lo peor todavía se pueda lograr".

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California dictaminó el 27 de septiembre que las retenciones de ICE violan el requisito de la Cuarta Enmienda de que los arrestos deben realizarse con una orden judicial y causa probable. El fallo impone una "orden judicial permanente que prohíbe a ICE emitir detenidos a las agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley en estados donde no existe un estatuto estatal explícito que autorice los arrestos de inmigración civil a los detenidos", dijo la ACLU.

El fallo impone un “mandato judicial permanente ordenando a ICE que cese la emisión de retenciones a las agencias policiales estatales y locales en estados donde no existe una ley estatal explícita que autorice arrestos de inmigración civil a las retenciones”.

La orden judicial prohíbe que retenciones enviadas desde el Distrito Central de California — que incluye varios condados principales como Los Ángeles y Orange — a cualquier estado que carezca de estatuto estatal, que autoricen arrestos por inmigración civil, indicó la misiva.

“LVMPD analizó la decisión de la corte y concluyó que ya no honrará retenciones Federales de inmigración por violaciones de inmigración civil", señaló LVMPD en su comunicado. “Esta decisión también afecta el Memorándum de Acuerdo carcelario de LVMPD con ICE (287 (g). El 22 de octubre de 2019, LVMPD notificó a ICE que estaba suspendiendo el Acuerdo”.

ICE  ha defendido el programa 287 (g) — mediante el cual oficiales de LVMPD quienes han recibido capacitación especial en prisiones locales realizan algunas funciones de agentes de ICE — como una forma de asegurar que quienes se encuentran ilegalmente en el país sean transferidas a custodia federal en un ambiente seguro y controlado. También argumenta que es una manera de sacar de las calles a los delincuentes violentos y a quienes ya han sido deportadas previamente.

Algunos líderes han evitado abandonar el 287 (g) porque les preocupa que el gobierno federal etiquete a Nevada como un estado "santuario"; designación mal definida pero que funcionarios dijeron que sería motivo para retener fondos federales.

Opositores del 287 (g) han expresado su preocupación acerca de la transparencia del programa, señalando que LVMPD no revela detalles acerca de quién es detenido y qué provoca los arrestos. 

Aunque el Alguacil Joe Lombardo ha dicho que las personas no serían deportadas cuando fueran arrestadas por infracciones de tránsito y otros delitos menores, incidentes que incluyen el inicio de procesos de deportación para una mujer quien fue arrestada por vender mercancía de recuerdo en el Strip de Las Vegas, plantean dudas acerca de si esa práctica se está llevando a cabo. 

Un proyecto de ley que habría requerido que la policía divulgara delitos fundamentales que llevaron a la gente a la deportación a través del 287(g) se descartó en la sesión legislativa para así eliminar dichas disposiciones.

Metro ha declinado divulgar información acerca de los delitos subyacentes en respuesta a una solicitud de registros de The Nevada Independent, citando código federal. 

Comisionados del Condado Clark — quienes financian y supervisan la cárcel — han batallado para obtener información acerca del 287 (g) y ​​han planteado la posibilidad de retener a futuro fondos de la policía si no obtienen respuesta.

“Agentes de ICE están allanando las casas de las personas. Los agentes de ICE están manteniendo a las personas en jaulas bajo la dirección de, francamente, un presidente que ha armado una organización", dijo el Comisionado Justin Jones en julio de este año. "Y Metro ha decidido volver a trabajar con ICE en ese sentido, y tengo problemas con eso”.