Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad en una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) dice que ha extendido por un año más el polémico acuerdo 287(g) con el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) y que no ha realizado ningún cambio en el documento actual.

La portavoz de ICE, Paige Hughes, confirmó la renovación este miércoles. El acuerdo implica que ICE capacite a oficiales de la policía local para que, dentro de las cárceles, realicen algunos deberes de los oficiales de inmigración, incluyendo la selección de quienes han ingresado a prisión y el señalamiento de las personas que se encuentran ilegalmente en el país para su deportación.

"La relación entre el Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. y el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas es un componente indispensable para promover la seguridad pública en nuestra comunidad", indicó ICE en un comunicado enviado por correo electrónico a The Nevada Independent. "El programa 287(g) de ICE es una de las herramientas que usa ICE para mejorar la seguridad pública al remover de las calles a extranjeros criminales quienes son conocidos por enfocarse en víctimas en sus propias comunidades de inmigrantes".

Defensores de los inmigrantes en Nevada y en otras partes del país han pedido que se ponga fin a los acuerdos cuando expiren el 30 de junio, bajo el argumento de que se gastan recursos locales en prioridades federales, deterioran la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales, y desencadenan procedimientos de deportación contra personas que han cometido delitos menores. 

Además de esfuerzos sin éxito para lograr una mayor transparencia en el proceso 287(g) a través de proyectos de ley en la Legislatura, grupos defensores dicen que han estado contactando a comisionados del condado que aprueban el presupuesto de Metro y han tratado de reunirse con el Alguacil de LVMPD Joe Lombardo.

"Es muy decepcionante porque sabemos que la comunidad de inmigrantes está amenazada en este momento por esta administración ... y ahora tenemos un alguacil que no está dispuesto a hacer frente a eso", dijo este jueves en entrevista Erika Castro, quien está al frente de la Coalición de Inmigrantes de Nevada. "Ha quedado claro que no quieren trabajar con nosotros y que están reteniendo información activamente en un momento en que la comunidad tiene mucho temor y está muy preocupada por lo que la policía está haciendo en colaboración con ICE".

Una portavoz de LVMPD confirmó la renovación el jueves y dijo que el acuerdo firmado pronto se dará a conocer públicamente. 

Entre otros puntos, el acuerdo establece específicamente que LVMPD debe contar con aprobación previa de ICE para divulgar información sobre el acuerdo a los medios de comunicación; Metro ha negado previamente las solicitudes de registros para conocer detalles, como la cantidad de personas referidas a ICE que habían ingresado en la cárcel únicamente por una infracción de tránsito.

Michael Kagan, profesor de derecho y director de la Clínica de Inmigración de UNLV, dijo que la renovación del acuerdo en su forma actual deja dudas acerca de si Lombardo cumplirá las promesas de no entregar a la gente a ICE si su peor ofensa es un delito menor que no es violencia doméstica ni manejar bajo la influencia (DUI).

"Mi preocupación es que el Alguacil Lombardo hizo promesas acerca de limitaciones en la cooperación con ICE... Pero los procedimientos operativos que se han hecho públicos no tienen esas limitaciones. Y hemos visto casos en los que Metro ha entregado personas a ICE después de arrestos menores", dijo. "Un acuerdo revisado del 287g podría haber sido un lugar donde las promesas del alguacil se podrían haber hecho realidad".

Entre las organizaciones que se oponen al acuerdo está la Unión de Libertades Civiles de Nevada (ACLU) que indicó que Metro les informó acerca del programa y que entienden de dónde proviene la agencia, pero que, en esencia, no están de acuerdo y creen que el sistema de "retenciones" que se emiten a través del 287 (g) es inconstitucional.

"Si hay algún beneficio que estamos obteniendo del programa, nos gustaría saber cuál es, porque lo vemos como que solamente está ayudando al gobierno federal", dijo en una entrevista Tod Story, director ejecutivo de la ACLU Nevada. "No hay obligación legal de que Metro participe en el programa. Nos gustaría que dejaran de participar en el programa".

Bliss Requa-Trautz, del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, quien ha abogado para se ponga fin a la colaboración, señaló que la agencia aún puede retirarse del acuerdo a pesar de que lo hayan renovado.

"La renovación del 287 (g) tiene lugar en un momento en el que, en todo el país, enfrentamos estas imágenes realmente horribles de niños en jaulas, familias que mueren mientras esperan en fila para obtener asilo, de campos de concentración", dijo. "Y nos tenemos que preguntar, ‘¿Qué significa esto que el alguacil está eligiendo renovar este acuerdo en un momento tan polémico?"

A pesar de su oposición al acuerdo en general, la defensora de inmigrantes Astrid Silva, directora ejecutiva de DREAM Big Nevada dijo que sí aconseja que los inmigrantes acudan a la policía si han sido víctimas de un crimen o tienen algo que informar. 

Silva agregó que los inmigrantes no deben rehuir cooperar con la policía debido al 287(g) pero que sí deben tomar precauciones para evitar cualquier arresto que los lleve a la cárcel y ponerlos en contacto con el programa.

ICE dijo que, hasta mayo de 2019, tiene acuerdos 287(g) con 80 agencias policiales en 21 estados.

Esta nota fue actualizada a las 4:05 p.m. para agregar comentarios de Bliss Requa-Trautz, y a las 5:10 para agregar comentarios del Profesor Michael Kagan.